El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cierra la puerta a ampliar los beneficios fiscales del fondo público de pensiones al que dio luz verde el Consejo de Ministros de este martes. Los incentivos en materia tributaria han sido una de las exigencias del sector empresarial pero desde el departamento que dirige José Luis Escrivá comentan que no se han realizado propuestas concretas por parte del sector de los fondos de pensiones. No obstante, el ministro apuntó durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno que estos se revisarían una vez esté en marcha el fondo.
Desde Seguridad Social esperan a las conclusiones que los expertos para la reforma fiscal trasladen al Ministerio de Hacienda. En el Libro Blanco para la reforma fiscal, aseguran, se debería incluir alguna propuesta para las deducciones en el impuesto sobre Sociedades. Cabe recordar, que hasta 2013, las empresas que realizaran aportaciones a planes de empleo podían deducirse un 10% en el pago de este tributo. Esta posibilidad, sin embargo, no se incluye por el momento en la creación del fondo público. Está previsto que los expertos presenten sus deliberaciones la próxima semana, a continuación, será el departamento de María Jesús Montero quién lleve a cabo la anunciada reforma fiscal.
El anteproyecto recoge que las empresas puedan exonerarse hasta 1.380 euros al año (115 euros al mes) por empleado de las cuotas a la Seguridad Social si realizan aportaciones a un plan de empresa. De esta forma, el Gobierno busca potenciar los planes colectivos, especialmente para las rentas medias y bajas. Desde el punto de vista de los trabajadores, estos pueden realizar aportaciones por encima de las realizadas por la empresa a través de unos coeficientes fijados por la norma. Las deducciones fiscales por aportaciones a planes de pensiones no pueden superar los 10.000 euros, teniendo en consideración los planes individuales y los planes de empresa.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconocen que seguramente hay más margen para ampliar los beneficios fiscales pero insisten en que los incentivos vigentes hasta ahora eran regresivos y no se ajustaban a su objetivo. Por ello, defienden que ahora se han hecho unos ajustes y se irán ajustando cuando se pueda evaluar si están funcionando. La estrategia del Gobierno pasa por trasladar el ahorro privado a los planes de empresa. Por ello, en dos años las desgravaciones de los planes privados han pasado de los 8.000 euros en 2020 a los 2.000 en 2021 y a 1.500 euros en 2022.
Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la norma debe pasar los trámites parlamentarios y a continuación se debe desarrollar con un ordenamiento posterior. En ese texto estarán las claves que el anteproyecto no resuelve, como por ejemplo las comisiones que tendrán los planes de pensiones que pertenezcan al fondo público o cómo será la estrategia de inversión. El Gobierno también ha dejado para después los requisitos que deberán cumplir las gestoras a nivel de patrimonio, un aspecto que estuvo en el anteproyecto pero que finalmente se ha eliminado. Estas condiciones se establecerán en las licitaciones que se publiquen cuando la norma esté aprobada por el Congreso de los Diputados.
No hay fechas
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no se atreven a fijar plazos sobre cuándo se publicarán las primeras licitaciones. Justifican que el trámite parlamentario puede alargarse y que después, hay que desarrollar el ordenamiento. Por ello, fuentes del sector de los fondos creen que puede que las licitaciones vean la luz a la vez que se detallan las claves del fondo público, para agilizar los plazos. Tampoco hay una fecha para la plataforma digital única que aunará la información de los planes, de la administración y los contribuyentes. Sobre esta, comentan fuentes de Seguridad Social que será un portal básico sin una estructura demasiado artificiosa.
El Gobierno se comprometió, en el marco del Plan de Recuperación acordado con la Comisión Europea para la recepción de los fondos europeos, a la "reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones". Así consta en el denominado Componente 30, que hace referencia a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En concreto, la reforma 5 prevé "la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos" y su plazo es el segundo trimestre de este año.
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