'Habemus acuerdo' para mantener Doñana. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ,y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, incluirá inversiones por importe de hasta 1.400 millones de euros en un total de 14 localidades de la zona. Los dos dirigentes han precisado que el Gobierno de España aportará un total de 350 millones de euros, los cuales se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales llevadas a cabo hace un año. Mientras, la Junta de Andalucía aportará un total de 700 millones.
En el acuerdo se incluye que los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirá una ayuda de hasta 100.000 euros por cada hectárea. La cantidad se cobrará en cinco años, un total de 20.000 euros anuales a cambio de dejar de cultivar sus tierras y "renaturalizar o reforestar" los suelos.
Retirada del proyecto de Ley de regadíos
De esta ayuda de 100.000 euros, Juanma Moreno ha precisado que la mayor parte los aportará el Gobierno central -70.000 euros- y el resto, la Junta -20.000 euros-. Los últimos 10.000 euros serán aportados por parte de la Diputación de Huelva. El acuerdo propiciará la retirada del proyecto de ley de regadíos de la Junta.
Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por la reconversión de sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica. Sin embargo, en este caso, ha señalado Moreno, las ayudas serán "bastante menores".
Según recuerda la agencia Efe, desde que en enero de 2022 se presentara la primera proposición de ley hasta este lunes que el presidente de la Junta y la vicepresidenta del Gobierno han escenificado en Doñana el acuerdo alcanzado, ambas administraciones han mantenido una tensión política e institucional que ha traspasado las fronteras españolas.
¿Qué proponía la ley de regadíos de Doñana?
La normativa proponía legalizar unas 750 hectáreas de regadío en la Corona Norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del Parque, en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, municipios afectados por el plan de reordenación de la fresa de 2014, que eliminaba 1.653 hectáreas bajo plástico.
El Ministerio de Transición Ecológica propuso también una serie de expropiaciones de las fincas colindantes para reducir los derechos de riego, algo en lo que han podido estar los principales escollos, mientras que por parte del Gobierno andaluz han dejado claro siempre durante estos casi dos meses de negociaciones que se iba a tener presente la opinión de los agricultores afectados y que el plan contentara a la mayoría.
Cuáles fueron los inicios de la proposición de ley
Esta proposición de ley de la polémica entre ambos gobiernos, que será retirada tras la firma de este acuerdo. Cuenta con un prólogo en el 11 de enero de 2022, en la pasada legislatura, cuando PP, Ciudadanos y Vox presentaron en el Parlamento andaluz dos iniciativas idénticas para hacer regables 1.461 hectáreas de invernaderos de fresas calificadas como secano en el entorno de Doñana.
El ''plan de la fresa' regularizó unas 9.400 hectáreas de un total de 11.000 y los agricultores que quedaron fuera alegan que la cartografía empleada para la regularización estaba plagada de “errores”, por lo que reclaman su derecho a formar parte de esta regularización, algo a lo que el Gobierno andaluz ha defendido que "había que dar una solución".
Reacción de la Comisión Europea
Esta situación provocó que un mes después la Comisión Europea amenazara a España con multas millonarias si la norma andaluza salía adelante y recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE había condenado a España y que la ley autonómica iba en dirección opuesta a la sentencia, al tiempo que el Gobierno central amenaza con llevar la norma al Constitucional.
Final de la batalla
El encuentro entre Ribera y Moreno el pasado 3 de octubre de 2023 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, ofreció una tregua a la tensión entre ambos gobiernos, que acordaron crear una mesa de negociación "al más alto nivel" para intentar llegar a un pacto definitivo en el plazo de un mes.
Aunque finalmente no ha ocurrido, el Gobierno andaluz y el PP siempre han advertido de que la iniciativa no estaba retirada sino pospuesta y que si las reuniones finalmente no llegaban a buen puerto la volverían a presentar porque ese era el compromiso alcanzado con los agricultores afectados.
Finalmente han sido 54 días de reuniones "casi diarias" que han tenido como grandes protagonistas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Gobierno, y a los consejeros andaluces de Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.
