Las Administraciones Públicas están utilizando cada vez más sus propios recursos para llevar a cabo contratos públicos en lugar de recurrir a empresas privadas. De 2021 a 2022, el número de contratos públicos realizados utilizando medios propios se disparó un 77%. Específicamente, el número de estos contratos pasó de 1.888 a 3.346 en este periodo. Si atendemos a los importes de esos encargos, los ayuntamientos, las autonomías y el Estado destinaron a la ejecución de contratos 2.631 millones, cuatro veces más que en el año anterior.
Estos datos, extraídos del informe 'La publicidad de los encargos a medios propios', elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda, han encendido la voz de alarma en las constructoras. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que esta práctica amenaza la competencia empresarial y compromete la ejecución de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación.
Así lo pone en relieve, Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal que agrupa a la práctica totalidad del sector. "La contratación pública en España está enferma por la amenaza que supone para la competencia empresarial el abuso de estas prácticas. Y esta situación resulta especialmente preocupante, ya que podría alejar compromisos ineludibles como la ejecución de los fondos europeos con los que lograr los objetivos del Plan de Recuperación", advierte.
En 2022
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14 empresas públicas aglutinaron más del 70% de los encargos a medios propios
La organización, miembro de la CEOE, lamenta que más de siete de cada diez encargos a medios propios por parte de las Administraciones se concentran en 14 empresas públicas. En concreto, aglutinaron el 71,04% de los 3.346 encargos realizados a medios propios en 2022. Para las constructoras, esta práctica es "un ataque en toda regla de las administraciones central, autonómica y local contra la libre competencia".
Reclama un mecanismo de revisión "estable y ambicioso"
En un comunicado, la patronal centra el foco de su queja en la ausencia de un mecanismo "estable y ambicioso" de revisión de los contratos públicos, que "ahuyenta" a las empresas de estos contratos lastradas por la incertidumbre generada por la espiral inflacionaria en los últimos años. La confederación razona estos datos en el alza de adjudicaciones de obras a empresas que acuden en solitario a las ofertas de administraciones, que se elevaron a 1.213 millones de euros en 4.875 contratos en 2023. Una cantidad muy elevada si se compara con el importe adjudicado a empresas que acudieron en solitario y sin competencia en el año 2019, previo al estallido de la pandemia: 315 millones de euros, cuatro veces menos.
Desde la CNC trasladan que esta situación restringe "peligrosamente" el número de empresas que compiten por un contrato en las administraciones públicas. Pues, la competencia se ha desplomado un 63% desde 2019, cuando acudían una media de siete empresas a una licitación frente a las cuatro que lo hacen en la actualidad. Y todo esto, tras duplicarse el volumen de licitaciones entre 2019 y 2023, hasta los 17.000 millones de euros que se destinan en la actualidad.
La patronal ve cada vez más claro que las licitaciones desiertas motivan encargos a medios propios, pero a precios muy superiores a los originales. Una coyuntura, que supone menos actividad empresarial y un coste muy superior. Y recuerda, que estos encargos no generan tributación como una licitación ordinaria. En esta línea alerta de que el sector lleva un año sin ningún tipo de mecanismo que reequilibre las prestaciones de los contratos públicos. Una situación que, según cuestiona la organización, pone en jaque a las empresas, que se enfrentan a dificultades para pujar por contratos públicos sin comprometer sus balances de resultados y que cada vez tienen menos actividad por los encargos internos que hace la administración.
