Agbar pide al gobierno catalán excluir a Acciona de la gestión de ATLL

Barcelona, 5 nov.- Aguas de Barcelona (Agbar) ha pedido la inmediata exclusión de Acciona de la gestión de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) en sendos requerimientos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y a los consejeros de Territorio, Santi Vila, y Economía, Andreu Mas-Colell.

En dichas misivas, a las que ha tenido acceso Efe, Agbar reclama que se ejecute la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc), organismo que depende del propio gobierno catalán.

Hace casi dos años la Oarcc invalidó la adjudicación de ATLL al consorcio Aigües de Catalunya, formado por Acciona y BTG Pactual, al considerar que la oferta no respetaba el plazo de inversiones previstas en las condiciones del concurso.

Los servicios jurídicos de Agbar solicitan también a la Generalitat que se abstenga de realizar cualquier actuación en relación con ATLL "que no esté dirigida a la liquidación del contrato", en especial las que supongan un beneficio, consolidación o reconocimiento de la posición de ATLL como gestor del servicio público.

La petición de Agbar se produce sólo unos días después de que el Tribunal Supremo desestimara la suspensión cautelar solicitada por Aigües de Catalunya de la resolución del Oarcc, lo que supone un revés al consorcio integrado por Acciona en la larga batalla judicial en la que ha derivado la privatización de ATLL.

En la carta dirigida al presidente catalán, el letrado pide a Mas, "en su condición de máxima autoridad" del ejecutivo autonómico, que dé "las oportunas instrucciones para que el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, "ejecute con carácter inmediato la resolución del Oarcc".

De los tres requerimientos enviados al gobierno, con fecha de 4 noviembre, el más extenso es el dirigido precisamente a Sant Vila, a quien Agbar recuerda que el acuerdo del Oarcc "es ejecutivo y debería haberse cumplido hace ya casi dos años".

"Pero no sólo no se ha llevado a cabo dicha exclusión, sino que el departamento que dirige ha suscrito el contrato de adjudicación de ATLL, que viene siendo gestionada por dicho grupo accionarial (Aigües de Catalunya) pese a carecer de cualquier título jurídico, ya que la anulación de la adjudicación ha repercutido en la nulidad automática del contrato que se formalizó", indica la compañía que preside Ángel Simón.

Según Agbar, la consejería de Territorio y Sostenibilidad ha mantenido una "actitud incumplidora" al judicializar el proceso y mantener a Acciona en la gestión de ATLL.

La "recalcitrante actitud" del departamento que dirige Sant Vila, afirma el abogado Santiago Muñoz, "está conduciendo a una situación de grave riesgo para el servicio", porque provoca la "total alteración del plan de obras previsto".

Asegura, en este sentido, que la actuación del gobierno "lesiona los intereses" de Agbar, que debería ser ya el adjudicatario y titular del contrato ATLL en aplicación de la resolución del Oarcc.

El 6 de noviembre de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, decisión que recurrió su competidora Agbar, que llevó el caso al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña, que tumbó la concesión.

Desde entonces, la privatización de la gestión de ATLL, la más importante operación de venta llevada a cabo por la Generalitat, se encuentra inmersa en un cruce de recursos de casación y peticiones de medidas cautelares por parte de todos los actores implicados en el proceso, a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronuncie sobre el fondo del conflicto.

No obstante, independientemente de cuál sea la decisión del TSJC, el caso llegaría al Tribunal Supremo, por lo que todo apunta que una resolución definitiva del conflicto aún está lejos.

El gobierno catalán ha ingresado casi 300 millones de euros por la privatización de ATLL, aunque el año pasado se apuntó contablemente los 1.000 millones que preveía obtener en los próximos 50 años por esta operación con el fin de reducir el déficit de 2013.