El coste anual del ingreso mínimo vital (IMV) fue de 1.600 millones de euros en 2021. La prestación cubría a finales del año pasado a 284.000 hogares, el 22% de los que se encuentran en situación de pobreza (1,3 millones), según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Si el IMV llegase a todos los hogares vulnerables, su coste sería de 6.000 millones de euros. Sin embargo, los actuales requisitos de renta, patrimonio o empadronamiento, reducen los potenciales beneficiarios de esta ayuda hasta los 700.000 hogares, con un coste de 2.800 millones. En este sentido, tomando a los potenciales como referencia, la prestación cubre ya al 40% de los ciudadanos objetivos.
La Airef ha publicado este martes la primera evaluación sobre esta prestación y lo ha hecho poniendo de relieve que el Gobierno no ha fijado un objetivo claro. "Se habla de reducir la pobreza, pero no sabemos qué se entiende por pobreza, si se pretende reducir al 60 o al 70% o erradicarla por completo", ha explicado la presidenta de la institución, Cristina Herrero. Herrero también ha destacado que más de la mitad de los potenciales beneficiarios no solicita la prestación. Se trata de un fenómeno muy habitual en este tipo de ayudas, conocido como non take-up, y para el cual el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha puesto en marcha varias iniciativas.
De los 400.000 hogares que podrían solicitar la prestación y no lo hacen, más de la mitad son perceptores del subsidio por desempleo. La Airef ha identificado una concentración de potenciales beneficiarios con rentas de 430 euros, cuantía que se corresponde con esta prestación vinculada al desempleo. Además, se han observado diferencias entre comunidades autónomas, según el grado de implementación de las rentas mínimas de cada región. En este sentido, hay un mayor porcentaje de non take up en Cataluña, Baleares y Galicia. Cabe recordar que no se han incluido datos de las comunidades forales.
Los datos recopilados por la Airef no se corresponden con los ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras del departamento que dirige Escrivá alcanzaban los 428.000 beneficiarios. Según ha explicado José María Casado, director de la División de Evaluación del Gasto Público, esto se debe a que Seguridad Social incluye en su cómputo a los beneficiarios de la prestación por hijo a cargo, que pueden ser a su vez perceptores del ingreso mínimo vital. Esta ayuda entró en vigor en enero de este año, por lo que no se incluye en el análisis de la Airef, que toma los datos hasta el 31 de diciembre del pasado año.
El análisis de la Airef también destaca que casi un millón de expedientes se han rechazado. Los principales motivos corresponden a los requisitos establecidos en cuestión de renta y patrimonio. En este sentido, la institución recomienda al Ministerio de Seguridad Social estudiar con detalle las solicitudes que no se aceptan por renta. Otro motivo es el referido al empadronamiento o unidad de convivencia, en total, 210.000 solicitudes han sido denegadas por esta razón.
En cuanto a la complementariedad con las rentas autonómicas, la evaluación señala que el IMV logra cerrar la brecha de la pobreza en unos 20 puntos, independientemente del territorio en el que se analice. No obstante, destaca que en aquellas comunidades donde las rentas están menos extendidas, el IMV cobra un papel más relevante y los beneficiarios potenciales lo solicitan de forma más habitual. La Airef detecta que cuando el IMV supone un mayor aumento de la renta, los ciudadanos vulnerables son más proclives a solicitarlo.
La institución cree que el IMV tiene potencial para seguir reduciendo la pobreza. Por ello, y para reducir la brecha entre quienes podrían recibirlo y no lo hacen, la Airef propone analizar cuál es la naturaleza del patrimonio de los hogares en situación de pobreza, en particular, el grado de liquidez de sus activos reales y su valoración y, si fuera necesario, reconsiderar la definición del patrimonio establecida para ser beneficiario de la prestación. Asimismo, la Institución propone simplificar el proceso de solicitud y fomentar la publicidad institucional de la prestación, profundizar en el análisis de las causas del non take-up y seguir trabajando en el encaje entre el IMV y la renta mínima de cada comunidad autónoma.
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