El Gobierno incluyó, en el plan de respuesta a la guerra de Ucrania, una limitación del 2% para la revalorización de los contratos de alquiler que estará en vigor hasta el 30 de junio. Este tope a los contratos se aplica a todos los que estén en vigor, sin distinguir el número de propiedades que tiene el propietario de la vivienda. No obstante, la medida no está sirviendo para contener los precios del mercado. De hecho, en la mayoría de provincias, la vivienda disponible para el alquiler anunciada en portales inmobiliarios sube por encima de ese límite.
El Ejecutivo confiaba en que propietarios e inquilinos pudieran acordar subidas moderadas incluso por debajo del 2%, porcentaje en el que se situaba el índice de garantía de competitividad (IGC). Pero incluso este índice ya está por encima de ese límite, y alcanzó el 2,75% en febrero, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, si arrendador y arrendatario no llegan a un acuerdo y se rescinde el contrato, el arrendatario se enfrentará a un mercado en el que "un piso con las mismas características y en la misma ubicación será ahora más caro", apunta Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com.
Según los datos de Idealista, la vivienda en alquiler se encarece de media un 1,1% en España con respecto a abril de 2021. Por provincias, hasta en 39 de ellas, los incrementos superan el 2% que el Gobierno ha fijado para los contratos en vigor. En Baleares, alquilar un piso fue un 15% más caro el mes pasado de lo que lo era hace un año. En Girona, Huelva o Málaga la vivienda en alquiler ha subido un 13% su precio. En Barcelona, los pisos son un 6,4% más caros y en Madrid, han subido un 2,5%. En el lado contrario, en Lleida, Zamora, Huesca, Granada, Córdoba, Sevilla y Ourense las viviendas bajaron de precio el pasado mes.
La tendencia al alza la identifican todos los portales inmobiliarios consultados. Desde Fotocasa apuntan que "marzo ha sido el punto de inflexión, y los pisos en alquiler han comenzado a subir de precio". A nivel nacional, la vivienda disponible es un 4,7% más cara que hace un año. En marzo, subió un 0,8% tras meses a la baja. Según datos recogidos a través de las viviendas registradas en su página web, en cuatro comunidades autónomas el incremento de precio se ha situado por encima del 10% y solo en Navarra se ha abaratado la oferta en alquiler. En Idealista, se observa como desde octubre del pasado año los precios del alquiler han iniciado una curva ascendente.
Los datos de Pisos.com van en la misma dirección y apuntan a un encarecimiento del 5% interanual a nivel nacional. Font señala a Baleares (+10%), Canarias, Barcelona y Madrid (+7%) como las provincias que han tirado de la recuperación del mercado del alquiler que hasta ahora había registrado subidas "moderadas". Las razones de estas subidas se explican porque "el mercado se está quedan pequeño", según Font. "El teletrabajo no se ha implantado al nivel que se esperaba y se está produciendo un traslado de la demanda a las ciudades que limitan con grandes capitales. Además, se ha reducido la oferta de alquiler en entre un 30 y 40%", explica como principales razones.
Las fuentes consultadas justifican que el límite que impuso el Gobierno "no tiene impacto en la vivienda disponible" porque afectaba a contratos en vigor y no a aquellos de nueva firma. No obstante, asumen que la tendencia del mercado es contraria a la voluntad del Ejecutivo, que pretendía contener los precios de la vivienda y que estos no se contagiasen del encarecimiento de la cesta de la compra o de los productos energéticos. En abril, el índice interanual de precios al consumo se situó en el 8,4% por la moderación de los precios de la electricidad y los carburantes. No obstante, la inflación subyacente -que excluye alimentos y energía- escaló hasta el 4,4%.
De la misma forma que los carburantes siguen al alza pese al descuento aprobado por el Gobierno, la limitación en la revalorización de los alquileres no está contribuyendo a que los precios del mercado se moderen. Además, tal como publicó este periódico, el Ejecutivo se podría enfrentar a litigios con particulares por intervenir el mercado del alquiler. Esta medida supone intervenir un contrato privado entre dos partes y por ello, defienden fuentes jurídicas que se trata de una "conculcación de derechos adquiridos" en la ley de arrendamientos urbanos.
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