El grupo parlamentario encabezado por la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, ha rescatado este jueves el debate sobre la reducción de la jornada laboral máxima que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social habían enfriado mientras cerraban otras cuestiones como la reforma del subsidio por desempleo y la subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, una vez vendido el primero de estos hitos, el equipo de la responsable de empleo rescata la medida con el objetivo de hacer una primera reducción hasta las 37,5 horas en 2024 para luego avanzar hasta las 32 horas a través del diálogo social. Si bien, la posibilidad de conseguir esta meta de la mano de los empresarios es cada vez más lejana por su impacto en los costes laborales.
La propuesta presentada por la coalición situada a la izquierda en el PSOE recoge que la reducción de la jornada laboral no tendrá un recorte paralelo del salario, lo que se traduciría en un incremento salarial implícito para los trabajadores y un aumento de los costes salariales a los que deben hacer frente las empresas por hora trabajada. Un cambio que no convence a CEOE, según han expresado varios de sus representantes y menos aún, si se hace a "espaldas del diálogo social" como denunciaron al conocer el acuerdo del gobierno de coalición. "Existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva" defendieron entonces.
Los partidos que conforman el Gobierno habían acordado reducir la jornada máxima hasta las 38,5 horas en 2024 y a las 37,5 horas en 2025, aunque Sumar aboga por llegar a este primer objetivo el próximo año a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Al tiempo que plantean abrir una mesa paralela de diálogo social para avanzar hacia la jornada de cuatro días o 32 horas semanales. Tras las críticas vertidas por la patronal y los sindicatos, la ministra de Trabajo aseguró que cualquier paso que diese su departamento estaría acompañado de una negociación con estos actores pero las posiciones entre los representantes sindicales y los empresariales están tan distanciadas que a día de hoy el hacerlo a través de un acuerdo parece utópico.
Las cotizaciones sociales han subido un 7,2%
Más allá de la subida salarial implícita en el cambio, los empresarios se escudan en las subidas de la cotización aplicadas en la reforma de las pensiones, por la que se creó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad para las rentas más altas a la par que se elevó la base de cotización para estos salarios. La última publicación del INE, basada en datos del tercer trimestre del año, apuntaba a que el coste laboral por trabajador había crecido un 5% impulsado por los costes no salariales que habían experimentado un alza del 7,2%, lo mismo que las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social -más que los salarios que anotan un alza del 4,5%-.
BBVA Research plantea que en el caso de que se apruebe finalmente esta reducción de la jornada máxima, debe acompañarse por una merma de la cotización. "A corto plazo, medidas compensatorias orientadas a reducir los costes no salariales, como las cotizaciones sociales, e incentivar la cooperación entre las empresas y los trabajadores contribuirían a acentuar efectos positivos de la reforma y minimizar los negativos" recomiendan en el análisis firmado por los economistas Alfonso Arellano, Juan Ramón García y Camilo Ulloa. "Las cotizaciones elevan el coste de la producción y los precios de los bienes y servicios de origen doméstico, incluidos los exportados. Un descenso de la carga prestacional financiado con un aumento de los impuestos indirectos como el IVA, mejoraría la posición competitiva de la economía española".
Esta repercusión negativa podría traducirse en restar seis décimas al crecimiento del anual del PIB durante los próximos dos años y ocho décimas al del empleo, por lo que sugieren que antes de aprobarla se evalúen en detalle los efectos potenciales de la propuesta y se haga partícipe a los agentes sociales tanto en el diseño como de la ejecución. Precisamente el PSOE era partidario de que los cambios en la jornada de trabajo se dieran en el seno de la negociación colectiva, como defendió el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez, y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Sin embargo, para sus socios era prioritario que se abordase por ley y así se terminó reflejando en el acuerdo del Gobierno de coalición.
Los empresarios también respaldaban ese enfoque, puesto que la jornada de 37,5 horas ya es una realidad en muchos convenios en España pero rechazaban hacerlo de forma generalizada. "La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador" rezaba el comunicado de CEOE y Cepyme. "Hacerlo de otra manera, y fuera del marco del Diálogo Social, supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que ya venían sufriendo", condenaron los representantes de los trabajadores.
Además, este no parece el mejor momento para abrir el debate, puesto que ambos lados del diálogo social han expresado su claro descontento con el Gobierno en los últimos días después de que se haya aprobado una reforma del subsidio en la que no se han tenido en cuenta sus aportaciones. Patronal y sindicatos también condenan que el Ministerio de Trabajo haya incluido la prevalencia de los convenios de nivel autonómico sobre los sectoriales en el mismo decreto, como se había comprometido a hacer el PSOE en su pacto de investidura con el PNV. La CEOE reprochó a la cartera dirigida por Díaz que una vez aprobada la reforma laboral con su apoyo, "se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el diálogo social".
