El borrador de la reforma del subsidio de paro ha estado en un cajón durante más de un año, según las fuentes próximas a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Trabajo, Yolanda Díaz. Sin embargo, forma parte de uno de los 46 hitos vinculados al cuarto pago de los fondos europeos que Moncloa quiere solicitar en las próximas semanas y la última ampliación del calendario pactada con Bruselas marcaba el 31 de diciembre como fecha límite para sacarla adelante. Esta situación ha llevado a Economía a poner pie en pared tras meses de discrepancias sobre los cambios que era oportuno llevar a cabo. Tres semanas después, las discrepancias entre ministerios son tan grandes que los agentes sociales dan por hecho que el Gobierno no cerrará con ellos un acuerdo para la reforma del nivel asistencial que avanzan, será cosmética.
Patronal y sindicatos mantuvieron una primera reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el pasado 30 de noviembre en la que ambas partes calificaron como insuficientes las medidas recogidas en el borrador de Trabajo. Y ambas partes de la mesa de negociación remitieron a esta cartera sus propuestas hace más de una semana, comentarios sobre los que no han recibido respuesta tal y como trasladan los representantes a este periódico. En estas conversaciones no han participado otros ministerios, dado que el departamento de Yolanda Díaz asegura ser el competente en esta materia y haber encabezado las negociaciones con la Comisión Europea a la hora de reflejar el hito en el Plan de Recuperación.
Cruce de versiones entre Economía y Trabajo
Sin embargo, esta parece ser una media verdad, puesto que Nadia Calviño no deja pasar la ocasión de recordar que su ministerio, así como los de Seguridad Social y el de Hacienda también comparten competencias en esta materia. Así lo defienden también fuentes de la vicepresidencia primera ante las preguntas de La Información, quienes hablan de "una propuesta conjunta del Gobierno", pese a que los cambios planteados por las dos primeras ministras apuntan en direcciones opuestas. "Está habiendo un trabajo técnico para coordinar y consensuar la reforma para aprobarla próximamente", aseguran desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
No obstante, los agentes sociales solo han podido valorar la propuesta del equipo de Trabajo que apuesta por incrementar el subsidio por desempleo durante el primer año -los primeros seis meses a 660 euros y los siguientes a 540 euros- mientras que los restantes hasta agotar los 30 meses de ayuda seguirían percibiendo los 480 euros actuales. En el borrador también se habla de hacer compatible la percepción del paro con un trabajo durante 45 días y eliminar el requisito de tener 45 años para acceder al subsidio, por considerar que la edad no puede ser un factor discriminatorio. Y las fuentes sindicales consultadas por este medio aseguran que ninguno de los otros ministerios se ha puesto en contacto con ellos, por lo que desconocen si el Ejecutivo ha llegado a un consenso para llevar la reforma al Consejo de Ministros.
Lo cierto es que las últimas declaraciones de Díaz y Calviño no parecen apuntar en esa dirección, tampoco la campaña lanzada por Sumar y reposteada por la titular de Trabajo en la que defienden que recuerdan que cobrar el paro es un derecho y que "no debe tutelarse ni vigilarse, tiene que garantizarse desde las instituciones", a la vez que defienden que realizar recortes en el subsidio no ayuda a la búsqueda de empleo, lo que representa una crítica velada al borrador de Economía en el que se apostaba por concentrar la cuantía en solo 12 meses y que esta fuera menor cada tres meses.
Cobrar el paro es un derecho. pic.twitter.com/wiw5jLZfA6
— Sumar (@sumar) December 15, 2023
"No vamos a compartir ningún recorte de los derechos de los trabajadores. Solo el Partido Popular se atrevió a recortar, nada más y nada menos, que la protección social de los trabajadores", advertía el viernes la responsable de Trabajo haciendo referencia al cambio de 2012 por el que se elevó hasta 55 años la edad para acceder al subsidio para mayores. Ni las ministra de Hacienda ni la de Seguridad Social han hecho declaraciones públicas al respecto, aunque las fuentes del departamento que dirige Elma Saiz enmarcan el trabajo conjunto del Gobierno como algo habitual en este tipo de políticas.
Patronal y sindicatos descartan que haya acuerdo
Las fuentes del diálogo social consultadas coinciden en que hay varios ministerios que tienen competencias en esta materia, pero apuntan a que en otras ocasiones en las que había sucedido, todas las carteras tenían representación en su mesa. Estas discrepancias y el poco margen de tiempo para sacar la reforma adelante antes de fin de año llevan a la patronal y los sindicatos a pensar que el Gobierno no buscará un acuerdo aunque sí pueda incluir alguna de sus aportaciones. Las fuentes de CEOE creen que el Ministerio seguirá adelante con la redacción sin convocarlos a otra cita, vista la gran distancia entre posiciones, mientras que los sindicatos esperan en que esa llamada sí se produzca y se muestran dispuestos a trabajar hasta el último minuto.
Ambas partes de la negociación afearon en el primer encuentro que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre en el Ministerio que esta reforma se hubiese dejado para el último momento, cuando aseguran tener el borrador terminado desde hace más de un año. Trabajo se escuda en los bloqueos del departamento de Nadia Calviño y trata de vender esta reforma como una de las más importantes del hito, que sitúan al nivel de la reforma del sistema público de pensiones o la reforma laboral. Sin embargo, tras el 'chasco' de los agentes sociales con la Ley de Empleo, que aspiraba a cambiar los servicios públicos de empleo y solo terminó introduciendo cambios superficiales, los negociadores trasladan a este medio que solo esperan una reforma cosmética en la que quizás no se produzcan cambios en las cuantías por el ajuste presupuestario que vendrá marcado por la vuelta de las reglas fiscales en enero de 2024.
