Los madrileños no la notarán hasta 2023

Ayuso presume de IRPF: Madrid cobrará hasta un 23% menos que otras regiones

Su rebaja fiscal hará que los madrileños con rentas bajas paguen entre un 5% y un 23% menos que sus vecinos y ofrecerá a las rentas altas ahorros fiscales que oscilan entre los 2.000 y los 9.000 millones

Isabel Díaz Ayuso presidenta debate investidura
La candidata única a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Agencia EFE

La rebaja general de medio punto en todos los tramos del Impuesto sobre la Renta prometida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde el año 2019 y cuya aprobación ha comprometido ahora para el año 2022 ensanchará la cuestionada brecha que separa la presión fiscal madrileña de la del resto de comunidades autónomas hasta límites nunca vistos hasta la fecha. Según datos proporcionados por el Gobierno regional, en ausencia de rebajas fiscales en otros territorios, esta nueva vuelta de tuerca a la política de impuestos bajos de la región capitalina hará que los madrileños paguen por la parte autonómica de la tarifa (el 50% del impuesto) hasta un 23% menos que sus vecinos de otras comunidades.

El ejercicio realizado por los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid revela que esa brecha se aprecia en mayor o menor medida para prácticamente todos los niveles de renta, pero que se exacerba de forma especial en los casos de las rentas más bajas y de las rentas más altas, precisamente el segmento que ha provocado mayores suspicacias por parte de los gobiernos de otras comunidades autónomas que consideran que estas rebajas fiscales actúan como un imán para las grandes fortunas de toda España que acaban decantándose por fijar su residencia en la Comunidad de Madrid por la imbatibles ventajas fiscales que les ofrece.

Según las proyecciones elaboradas por el Gobierno regional, para el caso de una renta alta con una base imponible de 200.000 euros y dos hijos mayores de tres años, el nuevo marco fiscal que estará vigente en la Comunidad de Madrid a partir del año 2022 permitirá que los madrileños paguen entre 1.837 euros (respecto a Castilla y León) y 9.150 euros (Comunidad Valenciana) menos que los ciudadanos españoles residentes en otras comunidades autónomas. Si se toman como referencia las dos comunidades autónomas que más sufren las fugas de contribuyentes desencadenadas por el 'paraíso fiscal' madrileño, Andalucía y Cataluña, un contribuyente madrileño en esa situación hipotética pagará 4.500 euros menos en IRPF que uno andaluz y hasta 5.300 euros menos que uno catalán.

Sin embargo, no sólo las rentas más altas se benefician del marco de impuestos bajos dispuesto por los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid. Los cálculos del gobierno regional estiman que la ventaja comparativa para el tramo más bajo de renta - bases imponibles de 20.000 euros anuales - es de entre el 4% y el 23% en el tramo autonómico y de entre el 2% y el 11% en términos generales. En euros contantes y sonantes esta ventaja fiscal se traduce, siempre según estas proyecciones, en que los madrileños en ese tramo de renta pagan entre 40 y 250 euros menos al año por IRPF de lo que pagarían si residieran en otras comunidades autónomas.

Pagar impuestos ' a la madrileña'

La defensa de Ayuso de su apuesta fiscal se cimenta en esa singularidad que ha tenido Madrid con respecto al resto de autonomías. Como ha recordado en su discurso de investidura, la región que volverá a presidir es la más atractiva para las empresas por las ventajas impositivas que les ofrece. Lo que ha facilitado el desembarco de numerosas firmas en los últimos años gracias a esas políticas que comenzaron en tiempos de Esperanza Aguirre. Una apuesta que también le sirve para diferenciarse de Cataluña en esta materia. Los choques entre la Puerta del Sol y la Generalitat a cuenta de la armonización fiscal han servido para que Ayuso utilice como ejemplo lo que pagará un madrileño con sus medidas y lo que debe asumir un catalán con las que aplica el Govern de Pere Aragonès. 

Esta filosofía impositiva implicará que Madrid pierda recaudación con respecto a los años previos. Los futuros Presupuestos del año 2022 serán los que aglutinen ese paquete de reducciones fiscales, que profundizarán esa caída de los ingresos inevitable. Algo con lo que ya están familiarizados en la autonomía, según los cálculos a los que ha tenido acceso esta redacción. Por ejemplo, el ahorro de los madrileños en el año 2009 llegó a los 3.140 millones. Este alivio en los impuestos se incrementó cuando empezó el fin de la crisis económica, al alcanzar en 2016 los 4.571 millones de euros en rebajas. La cifra más alta en esta serie corresponde a 2018, año en el que se eximió a la ciudadanía de 5.035 millones. En total, más de 48.000 millones de euros los que la región renunció para su propia caja para que así se los ahorraran los madrileños de a pie.

La continuidad en las rebajas de tasas se intentará compensar con una reducción del gasto político sobre la que aún no existen cálculos. La medida más importante es la de reducir hasta nueve el número de consejerías que formarán parte de su gobierno. Esto significa que habrá cuatro menos que en la anterior etapa, donde PP y Ciudadanos compartieron el Consejo de Gobierno. De esas nueve carteras, ninguna de ellas tendrá las atribuciones especiales de una vicepresidencia. Este gesto por el que pretende ahorrar más le permite hacer un guiño a sus socios de Vox, que han reclamado recortes en este sentido a cambio de su apoyo. La filosofía de Ayuso será la de "no gastar más de lo que ingresamos" tras la crisis del coronavirus. Una frase que ya hizo célebre el expresidente Mariano Rajoy.

Para defender este atractivo, la Comunidad de Madrid ya se está preparando para dar la batalla legal. El futuro Ejecutivo regional intentará blindar sus políticas con una ley de autonomía fiscal que estará basada en varios artículos de la Constitución. Pero las intenciones de Ayuso pueden toparse con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que es la norma vigente que respalda las políticas impositivas de las CCAA. La duda está en si ambas normas pueden ser compatibles, ya que no hay precedentes de una legislación de este tipo en otros territorios. La idea del PP es que este texto legal les sirva para evitar el intento de armonización fiscal que pretende el Ministerio de Hacienda para Sucesiones y Patrimonio. Una reforma que consideran que pretende ser "confiscatoria" con el dinero de los madrileños. 

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