Una de las consecuencias más palpables –y menos comentadas a pie de calle– de la crisis económica en España fue la drástica reducción de las bajas médicas a consecuencia del miedo a perder el empleo que invadió a los afortunados que lograron mantener su puesto de trabajo durante aquellos difíciles años. Era tal el temor al despido que los trabajadores se lo pensaban dos veces antes de ir al médico e incluso seguían acudiendo a la oficina aunque estuvieran enfermos o con algún tipo de dolencia. Pero con la recuperación y la mejora de las perspectivas económicas a medio plazo los empleados dejaron de ver peligrar su continuidad dentro de las empresas y empezaron a mostrarse más dispuestos a quedarse en casa.
Prueba de ello es que los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (accidentes o enfermedades no laborales como pueda ser una gripe o un resfriado corriente) se han disparado nada menos que un 80% desde el año 2013. Según los datos del sistema de la Seguridad Social recopilados por La Información y exceptuando a los autónomos, el número medio de procesos iniciados al mes se situó en 2019 en 472.970, lo que eleva las bajas médicas del año a casi 5,7 millones. Seis años antes, en el último ejercicio de crisis, la cifra media mensual era de 262.345 y la anual no alcanzaba los 3,2 millones.
El año 2013 fue el punto de inflexión y a partir de entonces, coincidiendo con la recuperación de las tasas positivas en el Producto Interior Bruto (PIB), es decir, del crecimiento económico, se ha venido produciendo un incremento exponencial de los procesos. Y no solo eso, en paralelo ha ido aumentando la duración media de las bajas hasta alcanzar los 38,5 días. Eso a nivel nacional, porque hay comunidades autónomas como Extremadura que prácticamente duplican esa cifra, con más de 71 días. Mientras, otras como Cataluña o Navarra no llegan de media a 30 días.
Para hacerse mejor a la idea de la magnitud del repunte de estos procesos solo hay que observar la relación con la evolución del empleo en un periodo comparable, y la vinculación es la siguiente: las altas por incapacidad temporal crecieron un 17% el año pasado respecto a 2018, cuando se registraron algo más de 4,8 millones –a razón de 403.710 al mes–, lo cual significa que las bajas médicas aumentan seis veces más que la afiliación a la Seguridad Social, que cerró 2019 con un avance anual del 2,6% según los datos del Ministerio de Trabajo.
Causa de despido objetivo
Este descomunal incremento no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta que estas bajas, aunque estén justificadas, pueden ser utilizadas por el empresario para despedir a un trabajador por razones objetivas, es decir, con una indemnización de 20 días de salario por año de servicios. En concreto, el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 52.d dice que una empresa puede despedir a un empleado por faltas de asistencia a su puesto trabajo, aunque sean justificadas, siempre que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos y que el total de ausencias en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
Pero este tipo de despido está en el punto de mira de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que rechaza la idea de que un empresario pueda deshacerse de un trabajador con la indemnización mínima por el mero hecho de estar enfermo y está dispuesta a actuar por la vía rápida para atajar lo que consideran una incoherencia. Tanto es así que según fuentes de su entorno podría llevar la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores al Consejo de Ministros de la semana que viene.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, comunicó ayer a los periodistas durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación de enero que la medida se aprobará en cuanto se cierren los últimos flecos, si bien no concretó en qué términos. En cualquier caso, un empresario va a poder seguir despidiendo a un trabajador que se ausente de su puesto reiteradamente, pero es previsible que se eliminen del cómputo las bajas médicas justificadas o que se pase a considerar el despido improcedente, de manera que la indemnización pasará a 33 días.
El Gobierno tiene previsto aprobar esta medida sin discutirla en el diálogo social. Los sindicatos ya se han posicionado a favor de derogar el despido por absentismo, mientras la patronal guarda silencio en público. En privado, sin embargo, los empresarios se quejan de que esta modificación complica la lucha contra el fraude en el absentismo laboral y recuerdan que las bajas por enfermedad común tienen un coste directo para las empresas de cerca de 7.000 millones de euros anuales y para la Seguridad Social y las mutuas suponen unos 7.500 millones.
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