El mercado laboral español ha tocado techo en 2019, el peor año tanto para la creación de empleo como para la reducción del paro desde la crisis económica. Es el balance que acaba de hacer público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en un momento en el que la economía española vuelve a encarar una fuerte desaceleración, tal y como advierte el consenso de analistas, y los socios del futuro Gobierno de coalición tienen en su hoja de ruta la derogación total de la reforma laboral. Los empresarios ya han encendido todas las alertas ante la que se avecina en el corto y medio plazo.
La comparación de diciembre de 2019 con el mismo mes de 2018 es la siguiente: 384.373 afiliados más, el mínimo de empleos creados en un año desde 2013; y apenas 38.692 parados menos, la menor reducción del paro desde 2012. Atrás quedan ya los años de generación de más de medio millón de puestos de trabajo y de salidas del paro de 200.000, 300.000 o 400.000 personas. El avance del empleo ha caído a un ritmo interanual del 2,36% (por debajo del fuerte 3% de los últimos años) y la caída de parados ha pasado a apenas el 1,21%, lejos ya de las tasas interanuales del 7%, 8% e incluso 9% registradas en los años de recuperación.
Si bien en una nota difundida a los medios, el departamento que dirige Magdalena Valerio prefiere destacar que el número de afiliados medios en todo el ejercicio 2019 ha sido el más alto de la historia. Se contabilizaron 19.278.721 trabajadores de media, 491.343 ocupados más que en 2018, cuando se registraron de media 18.787.378 afiliados. Y el incremento, por tanto, es del 2,62%. Además, se fija en que la cifra total de parados se sitúa en 3.163.605, el registro más bajo en un mes de diciembre desde 2008. Sin embargo, esa cantidad es muy cercana a la que había en diciembre de 2018: 3.202.297 parados.
Se confirma, por tanto, el frenazo del mercado laboral a las puertas de una nueva desaceleración económica. Y los datos se dan a conocer cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto negro sobre blanco sus planes para derogar completamente la reforma laboral del PP, empezando por los aspectos más lesivos con carácter "urgente". La patronal ha puesto el grito en el cielo, porque los empresarios defienden que aquella norma permitió a muchas empresas capear la recesión y que no es el momento de echarla abajo, ahora que vuelven a sonar los tambores de crisis.
'Pinchazo' en diciembre
El mercado laboral ha venido echando el freno desde el verano y los datos de diciembre, un mes que suele ser favorable para la creación de empleo por el periodo navideño, han terminado de confirmar el batacazo. En el último mes del año pasado apenas se crearon 31.659 empleos, la menor cantidad desde 2012, cuando se destruyeron puestos de trabajo en plena crisis. Y el número de parados solo se redujo en 34.579, mínimo desde 2011. Incluso en diciembre de 2012 se redujo más el paro (-59.094).
De vuelta al balance anual, respecto a la contratación, en 2019 se realizaron algo más de 22,5 millones de contratos, apenas un 1% más que el ejercicio anterior, de los que 2.159.434 fueron contratos indefinidos, solo el 9,6% del total, con un descenso del 5,5% respecto a 2018. Se confirma, por tanto, que más de nueve de cada diez contratos firmados en España tienen fecha de caducidad.
Los datos difundidos por Trabajo dejan algunas buenas noticias, como que 2019 termina con el mayor número de mujeres afiliadas desde que hay registros: hasta 9.060.045 trabajadoras, lo que supone que representan el 46,68% del conjunto de la afiliación. En términos interanuales, el crecimiento del número de trabajadoras fue del 2,65%. Por su parte, el conjunto de afiliados hombres, que ascendió a 10.348.493, creció un 1,48%.
En 2019 ha subido el empleo y ha bajado el paro, y eso siempre son buenas noticias. Sin embargo, los síntomas de agotamiento del mercado laboral son ya más que evidentes. En este escenario, y ante la inminente investidura de Pedro Sánchez y el consecuente Gobierno de coalición con Unidas Podemos, desde CEOE y Cepyme han advertido de que el programa "progresista" esboza una serie de medidas de carácter económico y laboral que, "más cerca del populismo que de la ortodoxia económica, impactarán de forma muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y desincentivarán cualquier posibilidad de inversión en España, tanto desde dentro del país como desde el extranjero".
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