Las ayudas públicas son una gran herramienta para fomentar la participación ciudadana en la transición energética, pero a la misma vez suponen un quebradero de cabeza para la Administración. Los expedientes se acumulan sobre los escritorios de los funcionarios y la dificultad en la tramitación y el retraso en los pagos desespera a los usuarios.
El plan de ayudas al autoconsumo, que se lanzó a finales de junio de 2021, ha sido uno de los más populares y ha generado bastante revuelo justamente poco antes de cerrarse. Determinadas comunidades autónomas -gobernadas por el PP- se negaron a solicitar la ampliación de fondos ante la complejidad de la gestión de las ayudas. En concreto, el lío se produjo con los últimos 500 millones de euros extra provenientes de los fondos europeos Next Generation EU, captados en la adenda al Plan de Recuperación.
Sin embargo, acabaron dando marcha atrás y se ha ampliado el plazo de vigencia del programa hasta el 31 de julio de 2024 para otorgar a los gobiernos regionales el marco jurídico necesario para poder seguir gestionando las peticiones de ayudas que aún están sin resolver, manteniéndose, no obstante, la finalización del plazo de presentación de solicitudes en el 31 de diciembre de 2023. Concretamente, el Gobierno ha dado hasta el 31 de julio de 2024 para desatascar el tapón burocrático.
Así lo recoge el Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifica la normativa reguladora y se adaptan al marco europeo de ayudas de Estado determinados programas de ayudas de rehabilitación energética y energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una norma que pasó desapercibida entre tanta decreto 'ómnibus' de final de año y la prórroga de parte de las medidas anticrisis.
Freno al interés de los consumidores por la complejidad
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha sido el encargado de coordinar y hacer el seguimiento de las ayudas. Sin embargo, una vez transferido el dinero a las comunidades autónomas, son estas las que lanzaban su propia convocatoria -con sus especificidades- como beneficiarias directas.
De este modo, los problemas en la tramitación y gestión de las comunidades autónomas, responsables de realizar los pagos a los consumidores, son los que han complicado, en parte, los planes de financiación de hogares y empresas que abogaron por el autoconsumo atraídos por las generosas subvenciones para su instalación, frenando el crecimiento tras el 'boom' de 2022. Para agilizar el proceso de pago, en territorios como Cataluña, por ejemplo, el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) ha contratado a nuevos técnicos para reforzar sus equipos.
Crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por millón de ayuda
El plan comenzó con una dotación de 660 millones de euros de ayudas -y ha terminado con más de 2.000 millones- para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y climatización con energías renovables. En concreto, estaba dividido en seis programas y el cuarto era el que correspondía a la realización de instalaciones de autoconsumo para el sector residencial, incluidas las comunidades de propietarios. Las ayudas se otorgaban como importes fijos unitarios o "módulos" que cubrían parcialmente los costes subvencionables.
Con estas líneas de ayudas, el Ejecutivo estimó 1.850 megavatios (MW) nuevos de generación renovable en el sistema, así como la creación de más de 25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO₂ de más de un millón de toneladas al año. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha simplificado los trámites administrativos relacionados con la contratación, facturación y reclamaciones del autoconsumo de baja potencia y colectivo.
Ahorro en la instalación de hasta un 50%
Desde el comparador de tarifas Selectra señalan que las subvenciones para el autoconsumo permiten un ahorro en la instalación de hasta un 50%. Existen dos tipos: sobre el precio de la instalación o sobre impuestos del Estado. Las subvenciones sobre el precio de la instalación las conceden las comunidades autónomas y cada región se encarga de fijar la cuantía y las condiciones de las ayudas. Estas subvenciones se aplican de manera porcentual sobre el precio total de la instalación y en algunos casos no aplicarán sobre el IVA.
Por su parte, las subvenciones sobre gravámenes estatales se otorgan a nivel municipal aplicando al IBI y al ICIO. Este tipo de ayudas suelen rondar alrededor de los 1.500 euros. Grandes ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia bonifican al 50% durante tres años. Según el informe 'Incentivos Fiscales para instalaciones en municipios de más de 10.000 habitantes' de Fundación Renovables, el 55% de los municipios españoles ofrece bonificaciones en el IBI. Esta conjunción de las ayudas puede llegar a suponer un ahorro del 80% de la instalación, subrayan desde la empresa instaladora Samara, que ha puesto en marcha su propio plan de ayudas que incluye el reembolso de hasta 1.200 euros para instalaciones contratadas en el primer trimestre de 2024
Una instalación media tiene un precio estimado de entre 5.000 y 8.000 euros en el mercado. El periodo de amortización de la inversión de una instalación solar fotovoltaica suele rondar entre los 4 y 7 años, mientras que los paneles solares tienen una vida útil de 25 años, destacan desde la compañía especializada en la instalación de placas solares, baterías y cargadores de coches eléctricos.
Bajo el real decreto citado anteriormente, el Gobierno también ha extendido hasta el 31 de julio de este año el Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) y las ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. Desde su aprobación en 2021, ambos programas han venido generando creciente interés entre los sectores objeto de ayuda contribuyendo, respectivamente, a la mejora de la eficiencia energética del parque edificado en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes, y a la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en distintos sectores de la economía.
"Dado el interés observado en ambos programas y su creciente demanda, según la información trasladada por las comunidades autónomas, y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos presupuestarios financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al que se acogen los mismos, resulta conveniente ampliar su plazo de la vigencia hasta el 31 de julio de 2024" , señala el texto. Por otra parte, se han aclarado aspectos relativos a la documentación requerida a destinatarios últimos e información a aportar al IDAE, en aras de lograr una mayor eficiencia y la simplificación administrativa.
