El estallido de la guerra de Ucrania no solo supuso que Europa se enfocara en la necesidad de garantizar un suministro propio de energía frente a la aparente dependencia sobre el gas ruso, sino que la consecuente escalada de precios en el sector energético provocó que muchas familias buscasen alternativas a las elevadas facturas de la luz que estaban llegando a sus hogares.
En este contexto, la instalación de sistemas de generación de energía para el autoconsumo fotovoltaico aumentó a altas velocidades en 2022, impulsado en parte por la promesa de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que subvencionarían las habilitaciones de instalaciones de energía renovable para suministro propio en el ámbito residencial y empresarial.
A pesar de que la transición hacía las energías verdes sigue haciendo que las fuentes renovables continúen ascendiendo, este crecimiento se ha visto ralentizado, sobre todo en el mercado residencial, desde principios de este año. El alza de los tipos de interés ha encarecido productos financieros como créditos al consumo que algunos particulares utilizaban para poder costearse la inversión inicial, y la moderación del precio del suministro ha hecho que el cambio en el 'mix' energético sea menos apremiante. A esto se le suma el bloqueo de los fondos europeos, cuyo pago se ha retrasado ampliamente del plazo esperado y todavía no ha sido abonado a un gran número de los solicitantes.
La rentabilidad de la energía solar en España
La energía solar es una de las opciones más solicitadas por los domicilios españoles, no solo por el atractivo de una fuente de suministro renovable y no contaminante, sino también por la alta rentabilidad que se puede obtener de este tipo de instalaciones. De hecho, puede ayudar a ahorrar entre el 70 y el 90% del precio final de la factura de la luz. Además, el excedente energético producido podría venderse a las compañías eléctricas por un precio rebajado, logrando ingresos adicionales.
Desde la empresa Solfy, que se dedica a la instalación fotovoltaica para el autoconsumo, estiman que el despliegue medio que contrata una residencia en el país, de unos ocho paneles solares y una potencia de cuatro kilovatios hora (kW), obtendrá rendimientos para recuperar totalmente la inversión en un periodo de entre los 2 y 6 años. Esta inversión inicial, cuyo promedio en España sería de unos 4.500 euros, puede rebajarse beneficiándose de las bonificaciones y ayudas ofrecidas por las diferentes administraciones públicas, reduciendo así el tiempo necesario para que la inversión ofrezca rentabilidades positivas.
Las autonomías se quedan sin fondos
Sin embargo, las ayudas más cuantiosas, las correspondientes a los fondos europeos para la transición ecológica, no han sido ejecutadas en su totalidad, a pesar de haberse abierto su primera convocatoria en julio de 2021. El agotamiento de los fondos y los problemas en la tramitación y gestión de las comunidades autónomas, que serían las responsables de realizar los pagos a los consumidores, han complicado los planes de financiación de hogares y empresas que abogaron por el autoconsumo atraídos por las generosas subvenciones para su instalación, y ha frenado el crecimiento de este tipo de soluciones energéticas, indica la compañía del sector Solideo.
Un reducido número de comunidades han pagado un porcentaje considerable de las ayudas, entre ella Navarra. La mayoría de gobiernos autonómicos españoles, al contrario, continúan sin haber abonado la cuantía acordada a la practica totalidad de los particulares cuya solicitud fue tramitada y aprobada a pesar de que muchas de estas instalaciones se encuentran ya en funcionamiento desde hace un tiempo considerable.
En otro territorios, por otra parte, se han comenzado ya a tomar acciones para agilizar el proceso de pago. En Cataluña, por ejemplo, el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) ha contratado a nuevos técnicos para reforzar sus equipos y ha afirmado que comenzará a abonar los importes correspondientes a partir de este mes de noviembre.
No obstante, la empresa especializada en energía solar explica que algunas comunidades autónomas disponen de la posibilidad de solicitar el envío de más fondos desde los organismos europeos, pero aun no han hecho uso de esta opción. Estas comunidades serían Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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