La sombra de la morosidad se cierne sobre los hogares españoles. El Banco de España advierte de que la destrucción masiva de empleo que ha provocado la crisis sanitaria y económica del coronavirus va a deteriorar considerablemente las rentas de las familias, con el efecto adverso de elevar el riesgo de impago del crédito. Así lo recoge el último Informe de Estabilidad Financiera elaborado por la entidad, que recuerda que la experiencia histórica demuestra que tanto los créditos al consumo como los préstamos hipotecarios son algunas de las primeras obligaciones financieras a las que los ciudadanos dejan de hacer frente cuando sufren un deterioro de sus ingresos, tal y como está sucediendo ahora.
El 'shock' del Covid-19 ya ha dejado en situación similar al desempleo a más de siete millones de personas, entre los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (unos 4 millones), los autónomos en cese de actividad (cerca de un millón y medio), los trabajadores de baja laboral por enfermedad (rozan el medio millón) y el millón de nuevos parados, la mayoría procedentes de contratos temporales. A estos se suman los tres millones de desempleados que había previamente a esta crisis, de los cuales solo cobraban prestación en torno a 2 millones. Una situación que deja tocadas las rentas de entre nueve y diez millones personas en total.
Ante estas cifras, el BdE destaca que "la reducción de la actividad ha generado una importante destrucción de empleo en el corto plazo, que, como en ocasiones precedentes, se ha concentrado en los contratos temporales". Después recuerda que tras la crisis financiera global, la situación patrimonial de los hogares ha mejorado de manera significativa y la banca ha sido más prudente en la concesión de préstamos. Sin embargo, el supervisor advierte de que "además de la significativa magnitud del shock, en los últimos años, el crédito para consumo ha venido creciendo a tasas elevadas y, de acuerdo con la experiencia histórica, esta es una de las primeras obligaciones financieras que los hogares impagan cuando se produce un deterioro de sus rentas".
En este sentido, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos realiza un análisis detallado de la evolución de la financiación bancaria percibida por las familias españolas desde la crisis de 2008 y concluye que "en la medida en que el recurso al crédito al consumo se expanda entre la población española, un patrón que se observaba claramente hasta 2019, se puede esperar que la relevancia cuantitativa de los encadenamientos de impagos aumente dentro del sistema bancario". Además, matiza que "como consecuencia del shock introducido por el coronavirus, los impagos en crédito al consumo se producirán en una fase más temprana que en el crédito hipotecario para los hogares que combinan distintos productos de préstamo, y que el deterioro de rentas y empleo afectará adversamente a todo el conjunto del crédito hipotecario".
Aunque el supervisor bancario llevaba tiempo vigilando el fortísimo incremento del crédito al consumo en los últimos años y el alza de la morosidad en este segmento, ahora espera una mayor presión por la crisis sanitaria, si bien indica en su informe que "la presencia de medidas mitigadoras como las moratorias públicas o privadas o el apoyo económico a hogares vulnerables puede moderar estos efectos", en referencia al escudo social aprobado por el Gobierno y al anuncio de la introducción a finales de este mes de mayo de un Ingreso Mínimo Vital. Estas medidas ayudarán, desde el punto de vista del BdE, a contener el potencial aumento de la mora en la crisis actual.
En paralelo, el Informe de Estabilidad Financiera mira al sector empresarial y advierte de un "aumento del riesgo de crédito por la caída de los ingresos de las empresas —resultado tanto de la disminución de la demanda como de la disrupción de los procesos productivos—, que reduce su capacidad de devolución de las deudas asumidas, especialmente en el caso de las que vencen en el corto plazo". Este efecto, no obstante, es heterogéneo por sectores e impacta sobre todo en las ramas de actividad que se han visto particularmente afectadas por la limitación drástica de los movimientos de las personas y la suspensión de su actividad, como la hostelería o el comercio minorista, y otras, como la industria automovilística, que han cesado su producción a causa del parón de la demanda y de la interrupción de las cadenas de suministro.
Ante este escenario, el banco central plantea que la política fiscal se configura como la primera línea de defensa "para asegurar las rentas de los agentes y, desde la perspectiva de estabilidad financiera, reducir el potencial aumento del riesgo de crédito". En esta dirección, recuerda algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno como la inyección de liquidez a las empresas mediante el aplazamiento en el pago de algunas obligaciones tributarias y facilitando el ajuste temporal de las plantillas de las empresas sin que los trabajadores pierdan todos sus ingresos.
En el caso de los hogares, recuerda que "se han reforzado las prestaciones por desempleo y asegurado los suministros básicos, habiéndose anunciado también la próxima implementación de un subsidio para las familias con ingresos muy reducidos", en referencia a ese IMV que tiene previsto aprobar el consejo de ministros en la segunda quincena de mayo. Asimismo, señala la moratoria en obligaciones hipotecarias y en otros préstamos, incluyendo créditos al consumo, y la línea de avales que, a su juicio, "debería permitir que las empresas puedan financiar sus necesidades de liquidez, moderando la desaparición de empresas y preparando al tejido productivo para una eventual reactivación cuando las medidas de contención de la pandemia puedan ser relajadas".
Mantener el escudo social y financiero
El Banco de España pide al Gobierno que adecúe todo este paquete de salvamento para familias y empresas "a la duración efectiva del confinamiento", de manera que acompañe a la economía durante el proceso de recuperación de la normalidad. "En este proceso de acompañamiento, deberán adaptarse a las diferentes velocidades a las que previsiblemente evolucionarán los distintos sectores de actividad", concluye el informe. Recuerda, además, que esta reacción necesaria de la política fiscal llevará a un incremento muy significativo de la deuda pública, "cuya reducción deberá afrontarse una vez se disipen los efectos de la crisis" con un programa de reformas estructurales a nivel nacional, acompañado de una "respuesta europea contundente".
El supervisor no aporta nuevas previsiones para la evolución de la economía española más allá de las que ya ha hecho públicas, recordando que las perspectivas están rodeadas de una elevada incertidumbre. Por este motivo, el 20 de abril el Banco de España dio a conocer un conjunto de escenarios ilustrativos de referencia que apuntan a una caída del PIB en 2020 de entre el 6,6% y el 13,6%, "dependiendo de la duración de la situación de confinamiento, de la persistencia de las perturbaciones y del grado en que los problemas de liquidez de los agentes privados acaben dando paso a dificultades patrimoniales". En cualquier caso, sentencia, "la magnitud de la caída superará previsiblemente con amplio margen la que la economía española registró en 2009".
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