El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió recientemente de los riesgos que la fragmentación política podía suponer para el crecimiento a medio y largo plazo de la economía española y que podría obstaculizar el proceso de consolidación necesario y las reformas estructurales con las que llevarlo a cabo. El diagnóstico del organismo llegó antes de conocerse que el PIB aceleró en el primer trimestre del año hasta el 0,7% gracias al tirón de la inversión y de las exportaciones y antes, también, de que el presidente Pedro Sánchez se diera cinco días para decidir si -como finalmente ha sucedido- continuaba al frente del Gobierno.
Este martes es el Banco de España (BdE) el que pone sobre la mesa las posibles consecuencias de la incertidumbre política y constata que la pérdida de confianza en las instituciones ha sido mayor a nivel nacional que en los países de la Eurozona a lo largo de las últimas décadas. En el Capítulo II de su Informe Anual la entidad sostiene que distintos indicadores comparables a escala internacional reflejan cómo desde la crisis financiera se ha producido en nuestro país un deterioro de la confianza en la calidad institucional.
El organismo que capitanea Pablo Hernández de Cos apunta a que el 'Worldwide Governance Indicators' del Banco Mundial señala que, mientras que en 1998 España se encontraba muy por encima de la media de la zona del euro en términos de calidad institucional, en 2022 la situación se habría revertido. Es un diagnóstico muy similar al que ofrece el Eurobarómetro de la Comisión Europea al comparar el nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, el Gobierno nacional, el Parlamento y el sistema judicial entre 2007 y 2023.
A lo largo de ese periodo España "ha pasado de mostrar unos niveles de confianza mayores que los de las otras grandes economías de la Unión Económica y Monetaria a estar por debajo de ellas", sostiene. En todos, excepto en lo que tiene que ver con la confianza en el sistema judicial, donde sigue ocupando el segundo puesto de toda la Unión Europea a Veintisiete, tan solo por detrás de Alemania.
"Hay margen" para mejorar la calidad regulatoria
A la luz de estos datos y del impacto que pueden tener a nivel económico, el BdE ve conveniente reforzar la calidad y la confianza en las instituciones españolas. En concreto, considera que existe margen para mejorar la "calidad regulatoria" en el país. Esta variable "no solo afecta de forma negativa al tamaño empresarial y a la productividad de la economía española, sino también a la eficacia del sistema judicial", advierte.
Habría que impulsar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones Públicas españolas, dado que esto contribuiría a elevar la productividad y ejercería un efecto arrastre positivo sobre las decisiones de gasto, inversión e innovación del sector privado. Por este motivo, el Banco de España recomienda una evaluación rigurosa de la efectividad de varias medidas que se han puesto sobre la mesa recientemente.
Recuerda el organismo que una de las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en su componente 11) es la modernización del sector público, que estaría dotada con algo más de 4.200 millones de euros. Esta iniciativa persigue mejorar la eficiencia de la gestión pública mediante un impulso a la digitalización, la mejora del uso energético (a través de la rehabilitación de edificios y la utilización de energías renovables), el refuerzo del marco de evaluación de políticas públicas y la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Será imprescindible, también, hacer un seguimiento de la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas -una norma que tiene como objetivo incorporar evaluaciones ex ante y ex post en los procesos legislativos de la Administración General del Estado- y de las recientes modificaciones en los procesos de acceso al empleo público, en la evaluación de desempeño y en la carrera profesional. Todo lo anterior, en el marco de la nueva reforma de la Administración Pública que prepara el ministro José Luis Escrivá.
Retos: del envejecimiento de la población a la vivienda o el paro
El Banco de España revela que la capacidad de crecimiento de la economía española en los próximos años se verá muy condicionada por varios retos estructurales "de gran envergadura". Estos pasan, en primer lugar, por impulsar el crecimiento de la productividad, que la entidad considera el mayor desafío y a cuya debilidad atribuye la falta de convergencia en niveles de renta per cápita con otros países de nuestro entorno. Otro foco de actuación deberá ser reducir la elevada tasa de paro estructural, que el organismo sitúa entre el 12 y el 13%.
España tiene pendiente, además, incrementar el tamaño de su tejido productivo (constituido en más de un 90% por pymes y microempresas) y facilitar la reasignación de los recursos productivos entre sectores y empresas. Las administraciones deben favorecer la acumulación de capital humano por parte de la población, así como promover con sus políticas la inversión en capital físico y tecnológico y las actividades de innovación.
La mejora de la calidad y la confianza en las instituciones españolas -citada anteriormente- debe ser otro de los objetivos clave, así como reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas, ante la recuperación de las reglas fiscales europeas y el necesario proceso de consolidación que debe llevar a cabo el país para reducir una deuda que cerró el año pasado en el 107,7% del PIB y un déficit que se situó en el 3,66%.
Como advierte a lo largo de su informe el BdE, reducir los desajustes entre la oferta y la demanda que se observan en el mercado de la vivienda (donde el año que viene habrá ya un déficit de 600.000 inmuebles acumulado) es esencial, dado que estos están provocando problemas de accesibilidad entre los colectivos más vulnerables, como los jóvenes. Así mismo España va a tener que afrontar los múltiples desafíos que plantean el envejecimiento poblacional, la existencia de ciertas bolsas de vulnerabilidad entre los hogares españoles y la transición ecológica.
El reto será abordar todos estos asuntos en un "contexto geopolítico muy complejo y en el que la actividad del sistema financiero nacional y global se encuentra sometida a considerables fuentes de incertidumbre", que van desde las tensiones geopolíticas (Oriente Medio, Ucrania) hasta los efectos de la política monetaria -sobre todo si los bancos centrales tardan en revertir las subidas de tipos- o de la debilidad de nuestros principales socios comerciales.
