La tasa de temporalidad en el sector público rozó el 30% a cierre de 2023, disparada por la elevada eventualidad en comunidades autónomas y ayuntamientos, que concentran a nueve de cada diez empleados públicos temporales. Pese a que el dato se ha reducido hasta el 29,58%, la tasa de temporalidad en el sector público se mantiene en niveles elevados, que mantienen la tasa total en el 16,5% y duplican la contabilizada en el sector privado (13,2 %), donde ha disminuido con fuerza tras la entrada en vigor de la reforma laboral.
Según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2023, España es el segundo país europeo con una mayor tasa de temporalidad (18,1 %), sólo por detrás de Holanda (23,2 %) y muy por encima de la media de la UE (12,1 %). Además, tal y como revela la encuesta de población activa (EPA), de los casi 3,6 millones de empleados públicos que había en el cuarto trimestre del año pasado, un millón tenía contrato temporal.
La mayor parte de estos contratos temporales públicos corresponden a la administración autonómica (723.400 personas), seguida por las entidades locales (231.100), Administración General del Estado y Seguridad Social (70.100), empresas públicas (34.500) y otros organismos (3.700), según datos proporcionados a EFE por el INE. De esta forma, las tasas de temporalidad son más elevadas en el caso de las comunidades autónomas (33,87%) y ayuntamientos (32,87%), siendo inferiores para el Estado (12,47%) o las empresas públicas (18,94%).
Sin embargo, tanto comunidades como ayuntamientos han reducido en cerca de cuatro puntos las tasas de temporalidad que tenían a principios de 2022. Según la duración, llama la atención que la mitad de los temporales del sector público (532.400) tienen un contrato superior al mes sin tener claro hasta cuándo, en tanto que hay cerca de 150.000 personas con un contrato de entre 1 y 2 años y otras 144.000 con uno de 3 años o más.
Por actividades, se puede observar también que de los 2,9 millones de trabajadores con contrato temporal que hay en el mercado laboral, medio millón están empleados en actividades sanitarias y de servicios sociales y 382.600 en el sector de la educación, en tanto que otros 311.000 trabajan directamente para las administraciones.
Un reto que requiere del compromiso "de todos"
Se trata de un tema preocupante para el Gobierno, que aprobó la pasada legislatura una ley para estabilizar interinos y reducir estas tasas, si bien se trata de un asunto que requiere el compromiso de todas las comunidades. La ley de estabilización del empleo, aprobada en 2021, pretende reducir al 8% la temporalidad en el sector público y conlleva un proceso que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deben ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.
Durante su intervención la pasada semana en el Congreso, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, subrayó la importancia de reducir la tasa de temporalidad en el sector público y pidió el compromiso de "todos" para tomar las correspondientes decisiones en su ámbito competencial, en referencia a comunidades y ayuntamientos, donde se concentra la mayor parte del empleo público. "Tenemos que ser conscientes todos del compromiso que tenemos con la UE en el marco del plan de recuperación en la reducción de la tasa de temporalidad", recordó Escrivá.
"Cuando un trabajador y un empleador no tienen la percepción de una relación larga en ninguno de los dos lados hay compromiso a la formación que es uno de los grandes déficits de mercado laboral", resumió.
"La temporalidad pública supone un déficit democrático profundo"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también llamaba recientemente la atención sobre la tasa de temporalidad pública, que supone "un déficit democrático profundo". Asegura que "no es decente tener a maestras, profesoras, médicas, limpiadoras, celadoras... con relaciones laborales precarias", subrayando así la temporalidad en actividades como dependencia, sanidad y educación, cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas.
Tanto UGT como CCOO insisten en que "es el momento de afrontar la temporalidad en el sector público", aún en valores similares a los previos a la reforma laboral, para lo que reclaman "implementar el acuerdo" de estabilización del empleo público. La CEOE, por su parte, destaca el descenso de la tasa de temporalidad en el sector privado, que "muestra el esfuerzo de las empresas en la contratación", y reclama a la Administración que dé ejemplo.
