El precio de la luz supone un gran esfuerzo a la hora de pagarlo para muchas familias numerosas en España. Y cada vez más. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el número de las que están acogidas al bono social de la luz en España para tener descuentos en el recibo de la luz ha aumentado un 6,9% en un año. En contra el número de pensionistas acogidos a esta ayuda ha bajado un 11%.
Los pensionistas acogidos al bono social de la luz han pasado de 109.903 en mayo de 2022 a 106.613 en abril de este año. Por contra, las familias numerosas pasan de 353.145 en mayo de 2022 a las 376.120 en abril de 2023, casi el triple que los pensionistas. De este modo, el número de familias numerosas que se benefician del bono social de la luz más que triplica a los pensionistas acogidos a estos descuentos en la tarifa eléctrica.
De su lado, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se benefician del bono social se han más que duplicado (+116,8%) en un año, al pasar de 3.792 a 8.224 personas. En la categoría de consumidores vulnerables, del total de pensionistas, solo pueden acogerse al bono social los que reciban la pensión mínima, sin otros ingresos anuales agregados superiores a 500 euros, mientras que en el caso de las familias numerosas no hay establecido un criterio de renta, basta con estar en posesión del título de familia numerosa.
El bono social ha sido motivo de controversia política después de que trascendiera que cargos públicos como el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid Enrique Ossorio estaba acogido al mismo, así como algunos de los que en su momento le criticaron (caso de Mónica García, líder de Más Madrid) lo que llevó a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a anunciar que se modificarían los criterios de renta para poder beneficiarse de estos descuentos.
Según los datos de la Seguridad Social, más de 2,5 millones de personas en España cobran la pensión mínima, entre contributivas (que se generan con la cotización total de la vida laboral) y no contributivas, por lo que la penetración del bono social eléctrico es muy baja aún en el colectivo de pensionistas.
Las pensiones contributivas se revalorizaron un 8,5% en 2023, mientras que las no contributivas mantuvieron la subida del 15% implantada por decreto ley. En cuanto a los beneficiarios del IMV, el criterio para percibir el bono social es que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea perceptor del Ingreso Mínimo Vital.
Hasta el 31 de diciembre, en virtud del escudo social activado por el Ejecutivo para proteger a los consumidores vulnerables del alza de la energía, el bono social supone un descuento del 65% para los consumidors vulnerables y del 80% para los considerados vulnerables severos, frente a los descuentos del 25% y 40%, respectivamente, vigentes hasta ese momento.
Puede solicitar el bono social todo sujeto considerado consumidor vulnerable, vulnerable severo, vulnerable en riesgo de exclusión social o, hasta el 31 de diciembre, consumidor miembro de un hogar con bajos ingresos según el Real Decreto-ley 18/2022, siempre que reúna las siguientes condiciones generales: que el titular sea persona física, que el punto de suministro sea el de la vivienda habitual, que el titular está acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y que la potencia contratada para dicho punto de suministro sea igual o inferior a 10 kW.
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