Los socios europeos van a tener que pisar el acelerador de las reformas, hitos e inversiones a los que está ligado el desembolso de los fondos europeos, dado que no habrá prórroga del programa Next Generation EU más allá de agosto de 2026, el plazo previsto para que se cierre el programa anticrisis de 800.000 millones de euros, creado para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19 y acelerar la transformación de las economías comunitarias.
La advertencia la han hecho el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que han comparecido este miércoles para informar de la evaluación de medio término del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que ya ha desembolsado cerca de 225.000 millones desde su puesta en funcionamiento.
La valoración de los dos primeros años de implantación del programa de ayudas y préstamos en condiciones ventajosas evidencian que algunos socios van rezagados en con respecto al calendario de ejecución previsto en sus hojas de ruta nacionales y les advierte de que deberán "recuperar" el terreno perdido. Los dos últimos años de vigencia van a ser complicados en este sentido. "Nuestro mensaje a los Estados miembro es que se centren en la implementación y tengan en mente las fechas límite fijadas en el reglamento", ha apuntado Dombrovskis.
España se encuentra entre los países que acumula cierto retraso en relación al calendario inicial. El país tuvo que retrasar la solicitud del cuarto pago, por valor de 10.000 millones de euros, ante el adelanto de las elecciones generales y la dificultad para formar gobierno. Recientemente, el rechazo de Podemos, PP, Vox y UPN a la reforma del subsidio de desempleo en el Congreso, que estaba ligada a este desembolso, amenaza con retrasar algo más la llegada de los fondos.
Hasta la fecha, España ha recibido un total de 37.036 millones, el 53% de las ayudas a fondo perdido que le van a ser concedidas y que ascienden a 69.528 millones en total. Esto convierte al país en el segundo, por detrás de Italia, que más hitos y objetivos ha cumplido hasta la fecha. Opta, además, a 84.000 millones en préstamos con condiciones ventajosas ligados a la Adenda.
Impacto positivo en el PIB, en la rebaja de la deuda y en el empleo
El Ejecutivo comunitario prevé que el despliegue de las medidas a las que España se ha comprometido con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aportarán un 3,5% al avance de la economía en 2026, lo que implica que su impacto será mayor que el 1,4% que se ha previsto, de media, para el conjunto de los Veintisiete. En el caso de la deuda pública, los cálculos apuntan a que España e Italia podrán ver reducido el pasivo de su sector público en más de diez puntos porcentuales hasta 2031 -el año pasado la ratio de deuda sobre PIB se situó en el 107,7% del PIB, por debajo de lo previsto por el Gobierno gracias al acelerón de la economía, que creció un 2,5%, superando expectativas-.
Si bien, en esta fase no pueden conocerse a ciencia cierta los efectos sobre el mercado de trabajo de las reformas que se han puesto en marcha, la Comisión señala que sí que se aprecian más algunos resultados. En el caso concreto de la reforma laboral, cita la evaluación reciente del Banco de España, según la cual los cambios han servido para aumentar el número de contratos indefinidos y para reducir el de aquellos con una duración determinada.
