Bruselas tiene previsto elevar la asignación de los fondos que le corresponden a España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así lo adelantan a La Información fuentes al tanto del mood bruselense que avanzan que la Comisión Europea revisará la cantidad inicialmente reservada para el Estado español (140.000 millones de euros, entre transferencias no reembolsables y préstamos) antes del 30 de junio de 2022, que es la fecha límite para actualizar las cuantías asignadas a cada Estado miembro en función de la evolución de su Producto Interior Bruto (PIB) en los ejercicios 2020 y 2021.
El reglamento 2020/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, fija que la Comisión debe rehacer el cálculo definitivo para la asignación de fondos a los distintos países a más tardar el 30 de junio de 2022, cuando debe sustituir los datos de las previsiones de otoño de 2020 por los resultados reales en relación con el cambio del PIB de 2020 y el cambio acumulado en el PIB del período 2020-2021. Es decir, que debe ajustar las cantidades que transferirá y prestará a los distintos Estados miembros al impacto real que ha provocado la pandemia en sus economías, dado que a mayor daño económico, más fondos para la recuperación.
Las previsiones de la Comisión de otoño de 2020 dibujaban una senda de recuperación para España mucho más optimista de la que ha resultado. Concretamente, por entonces proyectaba un desplome del PIB del 12,4% en 2020 y un rebote del 5,4% en 2021. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) constató que la economía española se contrajo un 10,8% en 2020, las previsiones apuntan a que el repunte de 2021 se quedará por debajo de la proyección de Bruselas (la propia Comisión ya recortó su previsión al 4,6%) y ante este frenazo en la recuperación, fuentes conocedoras de las intenciones de las autoridades europeas adelantan que la revisión de la asignación para España se va a producir al alza.
Desde el área económica del Gobierno confirman esta revisión antes de verano y adelantan que será entonces cuando el Ejecutivo español se lance a por la parte de los préstamos de la que todavía no ha hecho uso. Hay que recordar que la Comisión asignó a nuestro país 140.000 millones de euros, algo menos de 70.000 millones en transferencias no reembolsables y el resto en forma de préstamos en condiciones favorables. Inicialmente, Moncloa optó por no recurrir a la parte del crédito hasta 2023 (los Estados pueden pedir los préstamos hasta agosto del año que viene), pero después cambió de estrategia y adelantó a 2022 el recurso a ese dinero que tendrá que devolver.
En la primera fase del plan, España ha recibido 19.000 millones de euros: 9.000 millones de prefinanciación en agosto de 2021 y el primer pago de 10.000 millones el pasado mes de diciembre. Para este ejercicio está prevista la llegada de otros 18.000 millones, de los cuales los primeros 12.000 dependen del cumplimiento de hitos y objetivos en el segundo semestre de 2021, entre ellos la aprobación de las reformas laboral y de pensiones. Pero a partir de ahí, el Gobierno se va a lanzar a por los préstamos, que es la segunda fase, para "complementar y prolongar el esfuerzo inversor", según justifican fuentes del área económica del Ejecutivo.
Para activar esa segunda fase, en la que España se endeudará para captar otros 70.000 millones de euros adicionales, el Gobierno tendrá que incorporar una adenda al Plan de Recuperación con la que será la primera petición de ayudas reembolsables, es decir, créditos. Pero no se trata de un mero apéndice al documento, sino que la solicitud tendrá que ir acompañada de un plan revisado que incluya hitos y objetivos adicionales. Y, según el reglamento, la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre de 2023 para conceder al Estado miembro que lo solicite un préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia. Por eso el Ejecutivo ha decidido iniciar cuanto antes el proceso, porque los trámites son procelosos.
Las fuentes consultadas en el entorno de las autoridades europeas insisten en que la revisión de la cuantía asignada a España se producirá al alza por un crecimiento menor de lo inicialmente previsto en 2021. Además, adelantan que, previsiblemente, la Comisión dará el visto bueno tanto a la reforma laboral como a la primera parte de la reforma de las pensiones. La propia vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado las buenas impresiones bruselenses sobre el ritmo de nuestro país en la ejecución de los hitos y reformas del Plan de Recuperación, por lo que, de momento (y si no se alteran las medidas publicadas en el BOE) nada hace pensar que el grifo de los fondos vaya a cerrarse.
El grifo sigue abierto y el reparto de los fondos está dando más de un dolor de cabeza en Moncloa. El PP ha lanzado una ofensiva contra el Gobierno por repartir a dedo el dinero entre las comunidades autónomas afines al PSOE y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por el reparto de 9 millones de euros a cuatro proyectos en el País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura. Sin embargo, fuentes gubernamentales defienden que cuatro de las seis primeras comunidades autónomas en el reparto de los fondos están gobernadas por el Partido Popular: Andalucía, Madrid, Galicia y Castilla y León. Todo apunta a que las asignaciones seguirán en el punto de mira de la oposición durante el resto de la legislatura.
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