El Gobierno guarda bajo siete llaves los informes remitidos a la Comisión Europea sobre dos de las reformas clave del Plan de Recuperación. Se trata de, al menos, tres análisis previos que exigió Bruselas respecto a algunos de los puntos más espinosos en materia laboral y de pensiones, que el Ejecutivo español remitió a las autoridades belgas el pasado mes de octubre, tal y como consta en el acuerdo operativo dado a conocer en noviembre. Sin embargo, a día de hoy, no ha trascendido contenido alguno de esos documentos ni Moncloa ni el Ministerio de Asuntos Económicos, al frente de los intercambios con la capital comunitaria, tienen ninguna intención, por el momento, de hacer pública esta información.
En el departamento que dirige Nadia Calviño guardan silencio absoluto sobre los informes enviados a Bruselas. Se trata de tres análisis ex-ante sobre los cambios previstos en la negociación colectiva, el mecanismo RED (los nuevos ERTE) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones. En concreto, la Comisión reclamó al Gobierno español que le remitiera información adicional sobre estas tres reformas y, según consta en el denominado 'Operational Arrangement' (OA), Moncloa hizo lo propio el pasado mes de octubre al menos con las dos primeras, que tienen que ver con la reforma que se está negociando en estos momentos en la mesa de diálogo social y que tiene que estar aprobada antes de que acabe el año.
Concretamente, en el OA consta que el Gobierno español remitió a Bruselas, vía email, antes de finales de octubre de 2021, una evaluación ex-ante de las "deficiencias de la legislación actual sobre negociación colectiva e identificación de opciones para abordarlas". Asimismo, en las mismas fechas, el Gobierno envió un informe previo sobre el mecanismo de financiación del fondo tripartito con el que se pretende costear el nuevo mecanismo RED de flexibilidad interna en las empresas, "asegurando la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo" e incluyendo en la evaluación "diferentes opciones y escenarios".
Desde el Ministerio de Trabajo, departamento encargado de elaborar el denominado 'Componente 23' del Plan de Recuperación, que contiene las reformas laborales, aseguran que, tal y como garantiza el acuerdo operativo con la UE, los informes se remitieron a Economía en tiempo y forma para su traslado a la Comisión y se remiten al departamento que dirige Nadia Calviño para cualquier información al respecto. Sin embargo, en la Vicepresidencia primera guardan silencio al respecto y rehusan dar cualquier tipo de indicación sobre el contenido de estos documentos o al respecto de su eventual difusión para ponerlos en conocimiento de la opinión pública.
Asimismo, en el OA figura como requisito en la reforma de las pensiones ('Componente 30') que el Gobierno tenía que trasladar a la Comisión Europea otro informe adicional, a modo de evaluación, sobre el impacto del bautizado como 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional' y sus efectos. En concreto, se pedía al Ejecutivo español que probase que, tras la sutitución del Factor de Sostenibilidad por esta nueva herramienta, la equidad intergeneracional está "garantizada". De nuevo, en el departamento que dirige José Luis Escrivá -creador de esta medida que ya se ha introducido en la primera parte de la reforma de las pensiones- dirigen al Ministerio de Asuntos Económicos y a Moncloa, donde se centraliza toda esta información que, hay que insistir, por el momento no es de carácter público.
El tema no es baladí. Aunque desde el Gobierno insisten en que, a diferencia de lo que sucedió tras el rescate financiero de 2012, en esta ocasión no habrá 'hombres de negro' que vigilen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo cierto es que las autoridades comunitarias van a ejercer un control estricto sobre los hitos y objetivos pactados a la hora de desembolsar los fondos. Y así queda patente en los elementos más críticos del Plan, como son las reformas laborales y las del sistema de las pensiones públicas. En ambos casos se ha impuesto, por la vía de los informes ex-ante, un control previo sobre los aspectos de mayor calado.
En el caso de los futuros ERTE permanentes, Bruselas no tiene intención de avalarlos mientras el Gobierno no le demuestre que no se traducirán en mayor déficit público. Sobre los cambios previstos en el esquema de negociación colectiva, donde el Gobierno pretende recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y reinstaurar la ultraactividad, así como revertir la posibilidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte del empresario, la CE exige garantías sobre el mantenimiento del equilibrio entre la necesaria flexibilidad de las empresas y la seguridad de los trabajadores.
Y también está en el punto de mira el MEI. En el documento rubricado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Comisión exige al Gobierno que acredite en un informe de qué modo ese mecanismo va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario. Toda vez que esta medida ya ha sido aprobada, esta información ya obra en poder de las autoridades comunitarias, pero como en el resto de los casos, se desconoce el contenido del informe y los resultados de la evaluación previa.
