"Negociar es ceder". En el diálogo social no se cansan de repetir este mantra. Y precisamente con esa filosofía el Gobierno ha modulado su postura desde los planteamientos iniciales para intentar atraer a la patronal a un acuerdo en la mesa de reforma laboral, especialmente tras la incorporación del Ministerio de Asuntos Económicos a la negociación y después de que la CEOE presentase un documento de enmienda a la totalidad del borrador gubernamental. El último movimiento del Ejecutivo pasa por aflojar considerablemente el 'corsé' previamente impuesto a la contratación temporal, con el objetivo de atraer a los agentes sociales a un acuerdo que agrade a la Comisión Europea y desbloquee un nuevo tramo milmillonario de los fondos de recuperación. Las posturas parecen aproximarse lentamente.
Los últimos avances se han producido en materia de temporalidad. El principal caballo de Troya de la negociación. Inicialmente, el Gobierno quiso imponer un límite generalizado del 15% en la contratación temporal en las empresas. La propuesta fue rechazada de plano por la patronal y el Ejecutivo, tras el aterrizaje de Nadia Calviño en las negociaciones, modificó el texto para introducir una nueva modalidad de contrato temporal, dentro de las causas de producción, para la realización de actividades ocasionales, donde el número de contratos que las empresas podrían concertar dentro de un año natural no sobrepasaría unos límites fijados en función del tamaño de la plantilla. La CEOE también enmendó esa propuesta y en el último borrador, al que ha tenido acceso La Información, ha sido fulminada.
En su lugar, el Gobierno ha planteado en el último borrador debatido en la mesa que las empresas podrán formalizar esos contratos por circunstancias de la producción para atender campañas ocasionales y previsibles, entendidas como aquellos incrementos de actividad que, siendo predecibles en su acaecimiento, no lo sean en su alcance o magnitud, o tengan una duración reducida y delimitada. Y ha fijado que estos contratos podrán ser concertados por un máximo de 90 días al año en el número necesario para atender las campañas debidamente identificadas en el contrato de trabajo. Además, las empresas deberán trasladar a la representación de los trabajadores una previsión anual de uso de estos contratos.
En paralelo, el texto -que está siendo objeto de intensas negociaciones y, por tanto, es susceptible de sufrir modificaciones- determina que la negociación colectiva podrá establecer planes de reducción de la temporalidad, que contarán con el apoyo público que, en su caso, se determine. En este marco se fija que, entre otros extremos, los convenios colectivos podrán identificar aquellos trabajos o tareas que obedezcan a circunstancias de la producción que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de la contratación de carácter temporal y la plantilla total de la empresa. Se elimina así la imposición de limitaciones legales y se deja a la negociación colectiva, con aliciente a las empresas que reduzcan su tasa de temporalidad.
En principio, este movimiento por parte del Gobierno ayuda a acercar posturas con los empresarios, que habían demandado al Ejecutivo que la causalidad de la temporalidad se adaptase a los sectores y empresas y que no se impusieran límites porcentuales ni temporales. Aunque desde el Ministerio de Trabajo defienden que la propuesta gubernamental refuerza la causalidad de los contratos y aumenta las sanciones para luchar de manera decidida contra la contratación temporal fraudulenta, lo cierto es que la rigidez impuesta en anteriores borradores se flexibiliza considerablemente en este último papel, que es visto con mejores ojos por la CEOE. "Se ha hecho una propuesta que permita acercar posturas con ambas partes", defienden desde el departamento que dirige Yolanda Díaz.
El último borrador, en efecto, es fruto de un complejo juego de equilibrios en lo que se refiere a la temporalidad, para intentar dar con la clave que conjugue las aspiraciones de organizaciones patronales y sindicales y siga la estela de la reforma pactada con Bruselas. El texto establece que el contrato de trabajo se presupone concertado por tiempo indefinido y que solo podrán celebrarse contratos de duración determinada por circunstancias de la producción (con una duración máxima de 6 meses ampliables hasta un año por convenio), donde se incluye la posibilidad de atender campañas ocasionales por un máximo de 90 días anuales, o por sustitución de trabajadores, hasta la reincorporación de los mismos. En paralelo, se abordan cambios en la modalidad del contrato fijo-discontinuo.
Fuentes sindicales admiten que se trata de "aspectos complicados" y que la reforma "entraña gran dificultad", aunque "hay consenso en la filosofía" y en el esquema que se perfila, pero aún existen "importantes diferencias para cerrar los textos". "Se van acercando algunas posturas, que vienen a suponer avances, y seguimos trabajando con la vista puesta en un acuerdo final por el que todas las partes apostamos", concluyen desde CCOO. Aunque en la patronal enfrían sensiblemente este optimismo, desde la organización empresarial sí admiten que las posturas están más cerca que antes en algunos puntos y dan la bienvenida a la introducción de algunas de sus demandas en los borradores. Con todo, insisten en que todavía persisten los escollos y evitan aventurarse sobre un eventual acuerdo: ni sí, ni no.
Para el Gobierno es importante -que no obligatorio- que la reforma laboral cuente con un amplio consenso social, porque así lo recomienda la Comisión Europea bajo la filosofía de que las reformas pactadas son más estables en el tiempo y garantizan una mayor seguridad jurídica. Si bien fuentes gubernamentales insisten -y la CEOE asume- en que la patronal no tiene derecho de veto en esta negociación. En este escenario, los empresarios apuestan por alcanzar, al menos, un "acuerdo de mínimos" que permita mitigar el impacto de algunas de las medidas planteadas por el Gobierno. Todavía quedan tres semanas de intensas negociaciones.
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