Calviño y Ribera chocan para desligar el precio del gas ruso del recibo de la luz

La obsesión por minimizar el impacto del gas en el precio de la electricidad del Gobierno de España se ha convertido en un nuevo objeto de fricción entre ministros hasta el punto de provocar un choque entre la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, empeñada en tomar medidas drásticas y fijar topes en los precios, y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que estudia todas las vías posibles para suavizar el golpe del gas en el recibo sin tomar decisiones que puedan acarrear peores consecuencias que el mal que pretenden evitar. Fuentes cercanas a ambos ministerios aseguran que, mientras el presidente del Gobierno está de gira explicando la situación a sus socios europeos, ambas ministras deben consensuar un modelo que no vulnere la legalidad vigente ni provoque una guerra jurídica con las eléctricas que fácilmente se perdería a medio plazo -como se vio con el primer decreto que limitaba sus beneficios caídos del cielo- ni suponga un recorte de ingresos en un momento en el que el sector necesita ingentes llegadas de dinero para acelerar al máximo la instalación de plataformas de generación renovable para hacer frente a la dependencia europea del gas ruso, que es el último objetivo de Bruselas.

Ribera cuenta con dos argumentos de peso a favor de aplicar un tope a los precios que salgan del ‘pool’ energético con el sistema marginal máximo europeo: por un lado, la conferencia de presidentes de Versalles y el nuevo paquete de herramientas para frenar el impacto del gas ruso en la electricidad en plena guerra con Ucrania le dan la opción, tanto de limitar los ‘winfall profits’ al estilo de su primer decreto, como de establecer de forma excepcional y limitada en el tiempo un tope al precio diario resultante de cada subasta para evitarlos; por otro lado, pesa en la opinión pública que España no tiene un problema de abastecimiento, sino de precios, dado que su dependencia del gas ruso es de apenas el 8% y puede ser sustituida en cualquier momento.

Este ímpetu de la ministra Ribera por cortar por lo sano e intervenir en los precios del sistema para España ha chocado con la visión más amplia del problema que mantiene Economía y que le ve serios problemas a unas medidas drásticas que pueden aliviar la situación en un momento puntual, pero no servirán para establecer una solución definitiva al problema. Desde el ámbito de la ministra Calviño se apuesta por analizar modelos que eviten esa entrada en el mercado, que puede atraer serios problemas legales a futuro de coste millonario (como ha ocurrido con el bono social) y que levantarán en armas a todos los departamentos jurídicos de las grandes eléctricas, cuando más necesaria es su colaboración para frenar el problema.

Desde la Comisión Europea se entiende el malestar español por el golpe que suponen los precios, pero se ha alertado de dos riesgos que una política tan radical como la que postula Teresa Ribera puede acarrear. De entrada, limitar los beneficios del cielo, sin más, limitaría de forma importante la capacidad de las empresas y del Gobierno de promover ahora más que nunca la proliferación de energías renovables como la eólica o la fotovoltaica, en un país que es el que más sol tiene de Europa. En segundo lugar, fuentes comunitarias aseguran que Von der Leyen les ha hecho ver a Sánchez y Calviño en los últimos encuentros la necesidad de negociar más a largo plazo con Argelia para asegurar un suministro de gas a un precio más moderado, que permita elevar su peso en el suministro a toda Europa.

Además, sobre todo bajo el impulso de Alemania, en la UE se ha alzado la voz sobre la conveniencia de volver en la medida que sea posible a una generación con carbón mientas el conflicto bélico y Putin mantengan los mercados del gas en precios máximos. Fuentes técnicas de expertos en combustibles fósiles en España aseguran -y así se lo han hecho saber a Economía- que volver a la producción con carbón que España tenía en el año 2018, que era apenas el 17% de todo el mix energético nacional, permitiría una reducción rápida de más de 100 euros en el precio del megavatio hora, lo que supone un recorte muy importante si tenemos en cuenta que estamos pagando precios del orden de los 250 euros en estos momentos, que se han llegado a disparar a casi doble de esa cantidad en los últimos picos.

Modelo estable a medio plazo

Esas advertencias de la Comisión Europea y de algunos analistas levantan la opción de estudiar un paquete de medidas a aplicar en el sector eléctrico español que permitan reducir el impacto del precio del gas, sin tener que cortar por lo sano con unos ingresos caídos del cielo que pueden limitar el desarrollo de las renovables. En ese contexto, a España se le plantea desde la UE la necesidad de llegar a acuerdos a cinco y diez años vista para la compra de gas a Argelia, que permitan logran una reducción significativa de su coste a medio y largo plazo. El objetivo es que Europa se convierta en el socio más fiable de ese país y el que más apuesta por su desarrollo futuro con pagos a plazo e inversiones que les permitan desarrollarse. Sánchez ya llamó la semana pasada a su homólogo argelino y ha tomado las riendas de esa relación, que hasta ahora Ribera no había logrado afianzar del todo.

Tanto en Bruselas como en algunas de las grandes empresas españolas vinculadas a ese mercado del gas están seguros de que una rebaja de precios con acuerdos más a largo plazo y compromiso de inversiones, puede ser el mejor camino para frenar los precios eléctricos que se derivan del coste del gas. No obstante, ese proceso iría acompañado de un control exhaustivo de los costes que se generan en España a la hora de generar electricidad en las centrales gasistas, para poder hacer una buena gestión de la demanda energética y evitar marginales máximos en el ‘pool’ que echen todo el esfuerzo por tierra. Uno de los grandes problemas con el que tanto Calviño como Ribera se han encontrado en su plan para desvincular el gas del precio de la luz es precisamente dónde poner el listón de los beneficios caídos del cielo a las eléctricas, en un mercado del que apenas conocen los costes reales de cada compañía, con el agravante de que la mayor parte de ellas mantienen varios sistemas de generación y además controlan la comercialización y la llegada a los hogares y las empresas.

Desde algunos servicios de análisis de las grandes empresas se advierte que una formación del precio de la luz tutelada desde el Gobierno pero sin “matar” los ingresos de las empresas puede ser el mejor camino para reducir la factura de la luz a medio plazo y de forma sostenida en el tiempo, algo que una imposición de topes no lograría. Ese proceso no vulneraría el funcionamiento del sistema europeo de formación de precios de forma tajante y arriesgada, y mantendría el flujo de ingresos en las arcas públicas y privadas para seguir invirtiendo en renovables.

Al Ministerio de Economía no se le escapa que el fin de los apoyos del BCE por la pandemia y la más que previsible subida de tipos de interés a finales de año, que apretará el coste de la Deuda, van a ser un hándicap importante que no recomienda ahora establecer topes a los precios de la luz que puedan limitar los ingresos futuros de las arcas públicas. La situación cambiante que ha generado la crisis de Ucrania y la última reunión del BCE han cambiado el escenario de la noche a la mañana.