Cataluña tendrá una posición privilegiada a la hora de pactar la nueva financiación autonómica cuya reforma está pendiente desde el año 2014. Este es el resultado del acuerdo sellado este jueves entre el PSOE y ERC a cambio de obtener el apoyo de los catalanes a la investidura de Pedro Sánchez. Ambos socios se comprometen en el texto a constituir una comisión bilateral en la que estén representados el Gobierno central y el de la Generalitat para "llegar a un acuerdo y posibilitar avances" sobre tres puntos. "Cómo lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Catalunya" es el segundo de ellos y resulta clave porque brinda a Cataluña la posibilidad de fijar los umbrales mínimos de gasto público que después podrían extenderse al resto de comunidades autónomas.
El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, han acudido a la firma en calidad de representantes de sus partidos. Sin embargo, las dos formaciones políticas están al frente de los dos ejecutivos implicados en el acuerdo, lo que marca un hecho diferencial de cara a una legislatura en la que el PSOE busca culminar la reforma del sistema autonómico de financiación. Sobre todo porque el nuevo Gobierno deberá conseguir un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están representadas todas las comunidades autónomas como requisito previo para actualizar la norma de 2009.
En este órgano, creado por la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, el peso de los votos del Gobierno y de los diferentes territorios se reparten por una proporción de 50/50 de manera que para el futuro ejecutivo de PSOE-Sumar sería suficiente con sumar el apoyo de Cataluña para superar este primer obstáculo. Si bien, el reparto de fuerzas actual en el Congreso de los Diputados haría necesaria una negociación posterior con el resto de partidos nacionalistas (BNG, Compromís y quizás Coalición Canaria) para sacar adelante una ley orgánica, que requiere mayoría absoluta en la Cámara Baja. Una suma de 176 diputados que tendrán que reunir todas las normas durante los próximos cuatro años si quieren evitar los vetos que pueda aplicar el PP.
PSOE y ERC se han comprometido a constituir la mesa de negociación bilateral "durante el primer trimestre de 2024", al tiempo que los socialistas recogieron en su programa electoral el compromiso de impulsar la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica en un plazo máximo de un año. Los de Pedro Sánchez abogaron entonces por establecer porcentajes mínimos para la inversión pública que fueran comunes a todos los territorios, en concreto fijaron un 7% para la Sanidad, un 5% para la Educación y otro 2% para los Servicios Sociales. Es decir, el mismo sentido en el que se encaminaba la propuesta de la actual ministra de Hacienda en funciones cuyas negociaciones quedaron en el tintero por la pandemia.
Regreso al punto previo a la sentencia del Estatut
No obstante, la mesa bilateral daría margen para que el Gobierno central acordase con los catalanes unos porcentajes diferentes -en estas u otras áreas- que fijasen un umbral mínimo para el resto de comunidades autónomas. Unos movimientos que prácticamente podrían situar la negociación política en el punto en el que estaba en 2006, cuando se aprobó el Estatut de Catalunya que posteriormente quedó truncado por la sentencia del Tribunal Constitucional. La mayoría de los magistrados estimó que 14 artículos del texto refrendado por los catalanes eran total o parcialmente inconstitucionales, mientras que señaló el sentido en el que debían interpretarse otros 23 para no vulnerar el marco constitucional.
Dos de los artículos señalados como inconstitucionales se referían a la financiación autonómica, el 206.3 y el 218.2. Los magistrados entendieron que el primero, sobre la "participación en el rendimiento de los tributos estatales y los mecanismos de nivelación y solidaridad" vulneraba la autonomía financiera de las comunidades autónomas al tratar de condicionar los ajustes en los recursos financieros de la Generalitat que fuese necesario llevar a cabo al "esfuerzo fiscal similar" del resto de territorios. Al tiempo que señalaron que el segundo, referido a la "autonomía y competencias financieras" invadía la potestad del Estado de establecer y regular los tributos de los gobiernos locales, dado que recogía que esta competencia pasaba a ser de la Generalitat en su territorio.
Parte del acuerdo PSOE y Sumar
La financiación autonómica también fue objeto del acuerdo de gobierno publicado por PSOE y Sumar hace dos semanas, en el que se comprometieron a impulsar un modelo "que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad" y en consecuencia, basado en la equidad, la solidaridad, la autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y que "corrija la infrafinanciación de determinadas Comunidades Autónomas". Los partidos progresistas hicieron un guiño a uno de los partidos agrupados en la plataforma de Yolanda Díaz al nombrar específicamente a la Comunitat Valenciana, con el fin de contentar a Compromís. Las dos formaciones se comprometieron a garantizar a través de los Presupuestos Generales del Estado que los servicios públicos se presten "al mismo nivel que en el resto del Estado" en los territorios infrafinanciados.
