La revisión del sistema de financiación autonómica acumula un retraso de nueve años. La reforma de ley orgánica aprobada en 2009 fijaba 2014 como fecha límite para llevar a cabo esta evaluación, sin embargo, casi una década más tarde el sistema se mantiene inalterado tras el fracaso de los intentos de los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez por aplicar cambios. A su llegada a Moncloa, la actual ministra en funciones de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, marcó esta reforma como el principal reto de la legislatura, no obstante, el rechazo frontal de las comunidades autónomas a la propuesta de su departamento dejó estos cambios en el tintero, ya que es preciso contar con un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para avanzar en la reforma.
Un año más tarde, la nueva composición del Congreso de los Diputados vuelve a poner sobre la mesa esta cuestión, dado que el apoyo de los grupos independentistas resulta clave para investir a Pedro Sánchez. Los socialistas tienen por delante una ardua negociación en la que conseguir el 'sí' de Junts parece el reto más complicado. En este contexto, Montero ha planteado el "impulso" de la reforma del sistema de financiación autonómica como alternativa a las demandas de la formación de Puigdemont: el referéndum y la amnistía. Este podría ser el primer paso para allanar el terreno para la futura negociación, en la que no solo necesitarían apoyos suficientes en el hemiciclo, sino contar después con el aval de las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP después de los comicios del 28 de mayo.
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (8/1980) creó el CPFF integrado por los titulares de las carteras de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas y los consejeros de Hacienda de cada una de las comunidades autónomas, por lo que es el órgano en el que el Gobierno intercambia sus planteamientos con los distintos territorios con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de elaborar el proyecto de reforma que se debatirá en el Congreso de los Diputados. No obstante, esto no se trata de un mero trámite, sino que es necesario cerrar un pacto para dar paso a la negociación con los grupos parlamentarios, según confirman fuentes del ministerio encabezado por María Jesús Montero. Aunque los votos en el seno del CPFF se reparten por una proporción de 50% Gobierno y 50% autonomías.
La ministra en funciones ha reconocido este martes que alcanzar este consenso es "complicado". Se dejó por imposible durante la última legislatura, a pesar de que el PSOE tenía un peso territorial mucho más elevado al controlar los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Baleares, Extremadura, Castilla La-Mancha o Asturias antes de los últimos comicios autonómicos; por lo que con la nueva configuración todo apunta a que este conflicto se agravará por la negativa del resto de territorios -fundamentalmente de Madrid y Andalucía- a hacer nuevas concesiones a Cataluña con el fin de sostener un gobierno de coalición PSOE-Sumar.
El peso de Cataluña condiciona el acuerdo con el resto de CCAA
Precisamente los temores del resto de autonomías sobre las eventuales licencias que se pudieran permitir a Cataluña en el contexto del conflicto de 2017 llevó a 'aparcar en un cajón' el informe elaborado por un grupo de expertos por encargo del ministro Cristóbal Montoro. Esta tarea quedó aplazada para una legislatura que ha estado protagonizada por la pandemia y la guerra de Ucrania, en la que las conversaciones sobre la reforma del sistema de financiación autonómicas quedaron en un segundo plano. El Ministerio encabezado por Montero nombró a un nuevo grupo de expertos en 2021 y a comienzos de 2022 las conversaciones con los territorios quedaron estancadas.
Si se diera el remoto escenario en el que un nuevo gobierno del PSOE consiguiera superar con éxito la negociación con las comunidades autónomas, el papel de los partidos nacionalistas volvería a ser clave, ya que la reforma de la ley orgánica demanda de una mayoría absoluta en el Congreso que debido a la nueva configuración, pasaría por contar con el respaldo de Junts, además de otros grupos como ERC, BNG, EH Bildu o PNV, si bien el País Vasco cuenta con el régimen foral por lo que tienen la potestad sobre su sistema tributario al no estar incluidos en el régimen común -igual sucede con Navarra-.
En la última ocasión, el Gobierno encabezado por José Luis Zapatero optó por llevar a cabo, por un lado, la reforma de la ley orgánica y por el otro, desarrollar un proyecto de ley para abordar las cuestiones que no requieran de este rango de ley, sino que puedan ser incluidas en una norma de tipo ordinario. Esta segunda modalidad solo necesita una mayoría simple para dar paso al Senado, aunque llegados a ese punto, reunir el respaldo de Junts podría ser un problema de menor. Si bien, dado que actualmente ERC controla en solitario la Generalitat tras la crisis de gobierno de 2022, la llegada del proyecto de reforma al Congreso podría abrir una nueva fase de negociación con la segunda fuerza catalana, incluso si ya contase con el respaldo del Govern.
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