El Gobierno decidió trabajar su plan de ayudas directas a la solvencia empresarial de puertas hacia adentro y ahora se encuentra con que a los gobiernos autonómicos no les termina de cuadrar el modo en que desde los ministerios de Economía y Hacienda se ha diseñado el papel protagonista que van a tener en la distribución de los 7.000 millones de euros con que se ha dotado el mismo. A poco más de tres semanas de que venza el plazo de 40 días que se dio el Ejecutivo para empezar a transferir esos recursos a las comunidades autónomas (la fecha límite es el 21 de abril), las comunidades autónomas siguen albergando muchas dudas respecto a la operatividad real del instrumento y así se lo han hecho ver al Gobierno al que han instado a abrir de forma urgente un foro de diálogo con las autonomías para resolver este asunto lo antes posible, según confirman a La Información fuentes de gobiernos regionales de diferentes signo político.
La idea inicial, según aseguran estas fuentes, es reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que es el Ministerio de Hacienda el que se encargará de la coordinación del funcionamiento del fondo, aunque algunas de las materias que los gobiernos regionales quieren tratar afectan a cuestiones de diseño del instrumento que fueron definidas desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño.
La controversia va más allá de las discrepancias manifestadas por los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular respecto al criterio de reparto de los fondos entre las diferentes comunidades autónomas, que entienden que les perjudica y que ha desencadenado una ofensiva política culminada con la publicación de una carta firmada por los presidentes de la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Región de Murcia, la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta exigiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para renegociar esos criterios. El Ministerio de Hacienda, además, ya ha dejado claro que no tiene intención de convocar ese consejo ni de reconsiderar el criterio de reparto de los fondos, que es similar al utilizado por la Comisión Europea y al que ya se utilizó hace apenas unos meses para distribuir los recursos de uno de los fondos europeos en liza, el React EU.
Sin embargo, gobiernos autonómicos regidos por dirigentes socialistas observan también importantes lagunas en el diseño de los fondos y desde hace días están poniendo en común sus observaciones al Real Decreto con el objetivo de tratarlo con el Gobierno, y no de manera informal sino en un foro de debate, que no tendría por qué ser necesariamente el Consejo de Política Fiscal, en el que tengan la oportunidad de negociar el asunto con el Ejecutivo de igual a igual. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que de momento no hay intención de abrir ningún foro de esta naturaleza, que el diálogo con las comunidades autónomas está permanentemente abierto y es diario y que las dudas que sea necesario aclarar se resolverán en los convenios que canalizarán los fondos desde el Estado a las CCAA.
Las autonomías, mientras tanto, no las tienen todas consigo. "Lo que hemos pedido al Gobierno es un foro donde debatamos todo esto", aseguran fuentes de la Generalitat Valenciana. "Lo importante es que haya una norma ágil de ejecutar, tanto en la gestión, para que las ayudas lleguen lo antes posible a las empresas, como en el control posterior, para que no se colapse la gestión". Desde las comunidades autónomas del PP afean al Gobierno que les haya impuesto sin negociación previa alguna la obligación de gestionar unas ayudas de gran complejidad "dejando muchas incógnitas encima de la mesa y muchas actividades productivas sin atender".
Demasiados problemas por resolver
Uno de los principales problemas del caso es que algunas de las objeciones compartidas por los gobiernos autonómicos afectan al núcleo mismo del fondo de 7.000 millones de euros para ayudas no reembolsables diseñado por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Por ejemplo, al perímetro sectorial definido por el Gobierno para orientar las ayudas a los sectores supuestamente más golpeados por la crisis. Las 95 actividades económicas - entendidas como códigos CNAE - incluidas de forma expresa en el Real Decreto excluyen algunas actividades estratégicas de fuerte implantación territorial a las que las comunidades autónomas querrían abrir las ayudas. Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se ha abierto la puerta a la ampliación del listado, pero el asunto aún no está resuelto y las autonomías quieren dejarlo cerrado antes de empezar a distribuir las ayudas.
Los gobiernos autonómicos se quejan, asimismo, de la deficiente regulación del fondo. Entienden que a la luz del texto del Real Decreto es imposible determinar cuáles son los 'costes fijos' susceptibles de ser compensados con el fondo de ayudas a la solvencia empresarial, si hay prioridad de unos costes sobre otros a la hora de exigir la aplicación de las ayudas y ni siquiera cuáles son las empresas de los CNAE elegidos que pueden acceder a los fondos y cuáles no, aspectos todos ellos que a su juicio impiden gestionar con garantías unas fondos públicos cuya aplicación el Ministerio de Hacienda ya ha advertido que va a fiscalizar de manera minuciosa, llegando incluso a retirarlos a las autonomías que no los gestionen con eficacia.
El Real Decreto establece que las ayudas sólo podrán concederse a empresas que acrediten una caída de su facturación superior al 30%, que estén al corriente de sus pagos tanto ante la Agencia Tributaria como ante la Seguridad Social, que no operen en paraísos fiscales y que garanticen el mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022. Los gobiernos autonómicos recuerdan que no disponen de la información para realizar ese 'cribado' previo y demandan que se regule la transferencia de la información necesaria para hacer esa selección desde Hacienda o la Agencia Tributaria hacia las comunidades autónomas o bien que se les proporcione desde ese ámbito un listado previo de las empresas que cumplen los requisitos para recibir las ayudas. Lo piden para evitar que las administraciones autonómicas se vean enredadas en el farragoso trabajo burocrático de tener que chequear si los solicitantes cumplen o no los requisitos para recibir las ayudas, lo que podría dilatar innecesariamente la agilidad de la transferencia de recursos al sector privado, pero también para modular mejor las cuantías a repartir entre las empresas que sí cumplen los requisitos dado que los fondos no son infinitos.
Les preocupan también los controles que se les exige realizar a posteriori para acreditar documentalmente que los recursos del fondo se han aplicado a los objetivos previstos. Sostienen que el esquema planteado por el Gobierno les obligaría a chequear miles y miles de facturas y reclaman un modelo de control ex-post menos enrevesado para no colapsar el funcionamiento de las administraciones autonómicas.
Las discrepancias de los gobiernos autonómicos, encargados de repartir las ayudas, con el modelo ideado por el Gobierno Central ha empezado a preocupar a las empresas, que temen que este conflicto entre administraciones retrase aún más las esperadas ayudas directas al castigado tejido empresarial doméstico. CEOE también ha expresado sus discrepancias con algunos de los elementos del plan aprobado por el Gobierno, como el techo de 200.000 euros sobre las ayudas que pueden recibir las empresas. Considera que ese umbral puede ser insuficiente para compensar las perdidas millonarias que han sufrido muchas empresas por las restricciones aprobadas por el Gobierno y ha mantenido por su parte contactos con el Gobierno para tratar de ampliar ese techo.
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