A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión la cuantía a la que el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) no es el escollo que impide cerrar un acuerdo a tres bandas en torno a los 1.123 euros. Son los dos condicionantes adicionales que las patronales han puesto sobre la mesa de negociación para aceptar un incremento del 4% para la renta mínima, la que se situaría ligeramente por encima del IPC medio del último año publicado por el INE. CEOE y Cepyme han reclamado que se reduzca un 20% la cuota por contingencias comunes del sector agrario y sobre todo, han exigido al Ministerio de Hacienda que permita trasladar la subida del SMI a los contratos públicos.
Los empresarios cuentan con el apoyo de los sindicatos en esta reclamación, pero se han topado con la rotunda negativa de la vicepresidencia cuarta que defiende que no es oportuno cargar en las cuentas públicas esta subida salarial. La propia ministra María Jesús Montero ha trasladado su rechazo a esta petición a los representantes de la CEOE, según apuntan fuentes de la confederación a La Información. Por ello, la patronal ha decidido buscar vías alternativas para convencer al corazón económico del ala socialista del Gobierno. Punto en el que ha entrado en juego el PP, en concreto las comunidades autónomas que dirigen los 'populares' por tener un contacto más directo con el equipo de Hacienda y Función Pública.
"Espero que las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera insten al Gobierno central a aplicar estas subidas a los contratos públicos y no sean corresponsables de esta irresponsabilidad", escribía este viernes el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en X (Twitter) después de denunciar que el Ejecutivo "asfixia a los autónomos y las pequeñas empresas que prestan servicios a las administraciones" y tachar de "irresponsabilidad" la voluntad de elevar el SMI una vez más sin compensar a las compañías por el incremento de costes laborales. Fuentes de la patronal confirman a este periódico que le han trasladado al PP esta petición y que el partido de Alberto Núñez Feijóo "está asumiendo el mensaje".
Espero que las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fuscal y Financiera insten al Gobierno central a aplicar estas subidas a los contratos públicos y no sean corresponsables de esta irresponsabilidad
— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) December 15, 2023
Los empresarios han mantenido ya dos reuniones con los representantes de los trabajadores y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para abordar la subida del SMI de cara a 2024. Tras el primer encuentro, las sensaciones de todas las partes eran muy positivas y por primera vez en tres años, los negociadores atisbaban un acuerdo en esta materia. Sin embargo, la CEOE se mantiene firme en su posición y reclama que se hagan las modificaciones oportunas en la ley de desindexación y en la de contratos públicos para poder trasladar estas subidas, aunque rechazan hablar explícitamente de líneas de rojas.
Sería suficiente con un compromiso del Gobierno
Fuentes de la patronal dan a entender que con que el Gobierno se comprometiera a llevar a cabo estos cambios, aunque no los pusiese en marcha de forma inmediata, sería suficiente para contar con su respaldo a la subida de la renta mínima. Si bien, lo cierto es que parece igual de difícil conseguir un compromiso en firme de Hacienda en este sentido que llevar a cabo estas modificaciones en un plazo de dos semanas. No obstante, desde CEOE no piensan abandonar la mesa de negociación -puesto que también tienen el respaldo de Trabajo en esta materia- y no dan por sentado que la subida se vaya a producir sin su apoyo, dado que será la junta directiva de CEOE la que tenga la última palabra.
Además, aumentar el SMI es una facultad del Gobierno que tiene la obligación de consultar a los agentes sociales pero para la que no es preciso cerrar un acuerdo, por lo que den o no su apoyo a la subida, los empresarios habrán conseguido situar el incremento en la horquilla que estaban dispuestos a aceptar. Las patronales CEOE, Cepyme y ATA, que llevan una posición conjunta para la negociación, habían ofrecido subir este salario en un 3% con la posibilidad de elevarlo otro 1% adicional si el IPC medio de 2024 superaba el primer porcentaje, tal y como se había acordado hacer para los convenios en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva pactado en mayo con CCOO y UGT. Y la propuesta de Yolanda Díaz apunta a este 4%.
Por el momento, no hay programada ninguna reunión más con los agentes sociales a la espera de que el Ministerio de Trabajo lleve a cabo los contactos formales con la cartera de Hacienda para trasladarle esta petición. Desde el equipo de Yolanda Díaz evitan responder si esta transmisión se ha producido ya o no en privado, mientras las tres carteras económicas también se enfrentan por la reforma del subsidio por desempleo. Al tiempo que los sindicatos confían en que finalmente pueda cerrarse un pacto con los empresarios, ya que son estos los que tendrán que aplicar la subida y amenazan -con la boca pequeña- con pedir incrementos mayores si no es así.
