Yolanda Díaz busca subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4% en 2024 hasta los 1.123,2 euros brutos al mes distribuidos en 14 pagas. Así se lo ha trasladado a los agentes sociales en la reunión mantenida este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, un gesto que para los sindicatos supone "comprar" la propuesta de las patronales CEOE y Cepyme, pero que no ha conseguido sumar a los de Antonio Garamendi a un acuerdo. Los empresarios habían planteado un alza del 3% al que podría sumarse un 1% adicional en función de la evolución de los precios, sin embargo, también había introducido otras dos condiciones: poder revisar los precios de las contrataciones públicas para poder repercutir estas subidas y aprobar una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes del sector agrario. Dos materias que desbordan las competencias de la líder de Sumar.
"CEOE no ha movido su postura, no ha habido margen para acercar posiciones" ha asegurado la negociadora de CCOO, Mari Cruz Vicente en declaraciones a los medios. "Ahora tenemos que saber si la CEOE es coherente con lo que pide" añadía Fernando Luján, vicesecretario sindical de UGT, tras salir de una reunión que les ha llevado a mostrarse más pesimistas respecto a las probabilidades de cerrar un pacto tripartito. Los empresarios no han respaldado un incremento del SMI desde 2020, apenas unas semanas después de que Díaz llegase a la dirección del Ministerio por primera vez. Los agentes sociales no consiguieron acercar posturas ni para 2022 ni para 2023, pero en esta ocasión el escenario parecía diferente, dado que la CEOE fue la primera en lanzar una propuesta, lo que para el resto de actores significaba validar los incrementos anteriores.
Las fuentes sindicales con las que ha podido hablar La Información reconocen en privado que las sensaciones son diferentes respecto al primer encuentro, que tuvo lugar hace dos semanas. Los representantes de los trabajadores que habían pedido un alza que compensase la subida del coste de la vida y tuviese en cuenta las subidas acordadas en la negociación colectiva, apuntaban a un aumento del 5% aunque se mostraban dispuestos a ser flexibles al entender que era positivo para el conjunto del país que los empresarios pudiesen sumarse a la 'foto'. Por ello reprochan que la CEOE en contrapartida, se aferre a los dos concionantes enunciados, a pesar de que son conscientes de que ninguna de las dos reclamaciones pueden atenderse de forma inmediata, por implicar a los ministerios de Seguridad Social, Economía y Hacienda.
"Durante la reunión para abordar el SMI de este lunes, hemos sido informados de la propuesta planteada por el Gobierno, si bien hemos vuelto a poner sobre la mesa los planteamientos que llevamos ya en la primera reunión, que tienen que ver, en especial, con la necesidad de indexar los contratos públicos al SMI y con que su evolución vaya a la par del marco general de la negociación colectiva" sostienen fuentes de CEOE, que evitan valorar si el acuerdo está o no más lejos que hace un par de semanas.
Desindexación de contratos públicos y deducciones para el campo
A pesar de que las conversaciones para la subida del SMI se centran en la subida a aplicar sobre la renta mínima actual, los 43 euros mensuales en los que Trabajo trata de incrementar los 1.080 euros mensuales en vigor no son el escollo para el acuerdo. El Ministerio quiere lograr un pacto con los empresarios como el primer 'brindis' de la legislatura y la CEOE, consciente de esto, ha decidido no ceder en sus demandas a pesar de que afectan directamente a carteras controladas por los socialistas y que en el caso de Economía, ha protagonizado intensos roces con Díaz en los últimos días. Además la patronal se ve reforzada por el apoyo de los sindicatos, al menos a una de estas dos reclamaciones, tal y como reflejaron en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Los empresarios exigen al departamento de Hacienda que permita que los precios de las contratas públicas, que acostumbran a tener una duración de cinco años, puedan revisarse si se incrementan los costes -como ya se hizo por la guerra de Ucrania- lo que sucedería con la nueva subida del SMI. Los representantes de los trabajadores respaldan esta reclamación, que además de considerar "lógica" aprecian que la negativa del Ministerio de María Jesús Montero para abordarla está bloqueando la aplicación de los aumentos en la remuneración de los trabajadores de las empresas que prestan servicios públicos subcontratados, ya que la Administración se decanta por la oferta más baja a la hora de adjudicar el contrato.
No obstante, el apoyo de las centrales sindicatos a los empresarios es menos decidido en lo que se refiere a conseguir nuevas reducciones en las cotizaciones del sector agrario, el que la CEOE defiende que es el ámbito económico más afectado por la subida del 47% del SMI registrada desde 2018. "No estamos de acuerdo con una bonificación del sector del campo si no hay un compromiso cumplir con el SMI en los convenios colectivos donde no se llega a esa cifra. O hay un compromiso del sector del campo para cumplir normativa laboral y desbloquear la negociación colectiva o no vamos a acordar un SMI que esté condicionado a que el sector tenga una bonificación" ha zanjado la secretaria de Acción Sindical de CCOO.
Asimismo, los sindicatos recuerdan que han flexibilizado su postura para que los empresarios puedan sumarse a un pacto, de forma que si no termina por ser así elevarán de nuevo sus exigencias para acercarse lo más posible al 5%, ya que creen que el incremento del 4% no sería suficiente para compensar el aumento del precio de los alimentos, de la vivienda u otros bienes básicos. El Ministerio de Trabajo no ha fijado una fecha para el próximo encuentro, una llamada que los sindicatos esperan que se de una vez se hayan llevado a cabo los contactos con el resto de ministerios apelados por las demandas de CEOE. Si bien, la subida es una competencia exclusiva del Gobierno por lo que debe consultar a los agentes sociales pero no es preciso que cierre un acuerdo para llevarla al Consejo de Ministros.
