Casi nueve años después de que la trama fuera destapada cuando el PP denunció el cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla y siete más tarde de que la jueza Mercedes Ayala comenzara la instrucción del caso, este miércoles dio inicio en la capital hispalense el primer juicio contra la macrocausa de los ERE por el que se juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 exaltos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo falsos, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 700 millones de euros.
Estas son las claves de La Información para seguir el proceso y no perderse una sola coma de un macrojuicio que sentará en el banquillo a 22 acusados de malversar más de 800 millones de euros, delito por el que la Fiscalía pide seis años de cárcel.
¿Qué es el ‘caso ERE’?
La Junta de Andalucía, con Manuel Chaves como presidente, crea en 2011 un fondo de ayuda a empresas en problemas. El fondo tenía como objeto otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en expendiente de regulación de empleo. Hasta el año 2011, el fondo estaba dotado con 721 millones de euros, pero el presupuesto final contemplaba la cifra total de 1.217 millones.
¿Cuándo se conoce?
La investigación del 'caso ERE', que ahora sienta en el banquillo a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, arranca nueve años antes con una petición de comisiones por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios a cambio de una ayuda económica de 900.000 euros para montar una escuela de hostelería. La conversación, grabada el 26 de enero de 2009, recogía frases como "la Junta colabora con los que colaboran", que pusieron a la juez en la pista del fraude.
¿Qué se juzga?
El "procedimiento específico" para eludir los controles de fiscalización previos de la intervención general de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011. La creación de este método por parte de los directivos de la Junta supuso, según el juez, un desembolso "arbitrario y discrecional" de 855 millones de euros. La Fiscalía ha cifrado el fraude en 741 millones, mientras que la propia Junta ha reclamado el reintegro de 135,3 millones de euros tras la revisión de las subvenciones concedidas de forma irregular.
¿Por qué las ayudas eran ilegales?
La mayor parte del presupuesto se destinó a ayudas que fueron a parar a las manos de 6.000 trabajadores de manera legal. Entre los receptores, también se incluyeron personas que nunca habían trabajado las empresas, así como muchos intermediadores que operaban en el trasvase de las ayudas desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el organismo autónomo de la Junta que llevaba a cabo los pagos y los perceptores. Por esto se les llamó “intrusos”.
¿Quiénes eran estos intrusos?
Los comisionistas y testaferros a los que se otorgó ayudas sin estar incluso en el seno de las empresas que las recibía. Se calcula que se desviaron de forma irregular unos 136 millones de euros, con la supuesta connivencia de la Dirección General de Trabajo de la Junta andaluza, encargada de autorizar a IDEA la orden de los pagos. El dinero recibido por los 'intrusos' recibe también la denominación de 'fondo de reptiles', un contenedor de ayudas caracterizado por su opacidad.
¿Quiénes son los responsables políticos?
El sistema nació en 2001, bajo la presidencia de Manuel Chaves, y continuó hasta el año 2011, ya con José Antonio Griñán al frente del Gobierno andaluz. El propio Griñán fue consejero de Economía entre 2004 y 2009. Magdalena Álvarez, imputada por la juez Alaya, ocupó ese cargo entre 1994 y 2004. José Antonio Viera, también citado a declarar como imputado, fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004.
¿Y los acusados?
Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. También se sentarán en el banquillo los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
¿Cuánto piden para ellos?
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los ex altos cargos procesados. Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación y por lo tanto no pide cárcel para él.
La Fiscalía pide que los 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.
¿Un juicio tan largo como su macrocausa?
Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza 'política' de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses, finalizando en el verano, y hay quien apunta a que podría llegar al año de duración. Este no es el único juicio que se celebrará por la macrocausa de los ERE, aunque sí se considera el más importante. La juez María Ángeles Núñez Bolaños, que sucedió a Mercedes Alaya, troceó la investigación abriendo una pieza separada por cada una de las empresas que recibieron ayudas ilegales.
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