La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha suscrito un convenio de cooperación educativa con la Universidad Pontificia de Comillas para la realización de prácticas externas de estudiantes universitarios sin remuneración económica. Un modus operandi habitual en las instituciones públicas, que por norma general evitan incluir una bolsa de ayuda al estudio en los convenios pactados con las universidades, y que se va a topar en breve con la nueva regulación que prepara el ministro José Luis Escrivá, que aunque no obliga a las empresas y organismos públicos a pagar por estas prácticas formativas, sí fuerza a la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos, aunque no perciban ninguna retribución.
En el citado convenio se deja claro que "la finalidad de las prácticas es contribuir a una formación integral de los estudiantes, complementando los conocimientos adquiridos en su formación académica y favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales". Y en consecuencia, "esta relación es absolutamente formativa, no existiendo, por tanto, ninguna relación contractual de clase mercantil, civil o laboral, al no concurrir los requisitos que exigen las leyes". Por tanto, se especifica que el convenio "no implicará la generación de gasto o pago alguno para la CNMC" y la realización de las prácticas académicas externas en el organismo público "no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos".
Conviene aclarar que la modalidad de convenio pactada entre la CNMC y la Universidad Pontificia de Comillas está regulada en la normativa vigente, que establece el carácter formativo de las prácticas académicas externas, sin derivarse de éstas las obligaciones propias de una relación laboral. La regulación, no obstante, sí contempla como derecho del estudiante el "percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio", algo que no se recoge en este convenio publicado en el BOE el pasado 20 de mayo.
Dentro del marco legal vigente, distintos departamentos ministeriales han venido optando por la opción de ofertar prácticas académicas gratuitas para estudiantes universitarios, a pesar de que el Gobierno mantiene su compromiso de cambiar la regulación sobre este tipo de prácticas que, en muchos casos, esconden relaciones laborales fraudulentas, según han venido denunciando los sindicatos. Se trata de ministerios como el de Asuntos Económicos, Educación, Exteriores o Consumo, entre otros. Es una práctica habitual dentro de la Administración de la que recientemente se ha desmarcado un ministerio, el de Escrivá, que paga a sus estudiantes en prácticas y abona por ellos la correspondiente cotización social.
En concreto, como se detalló en estas páginas, el Instituto Social de la Marina, que cuelga del Ministerio de Escrivá, ha firmado un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la realización de prácticas externas para universitarios que sí incluye bolsa de ayuda al estudio de 540,56 euros mensuales por estudiante (hasta un máximo de 3.243.36 euros por seis meses). Además, la cotización mensual por estudiante supone 134,36 euros (a razón de 109,39 euros de cuota empresarial y 24,77 euros de cuota trabajadora). De este modo, el importe máximo de la cotización alcanza los 806,16 euros y el coste máximo por curso de seis meses del proyecto completo (ayuda más cotización) supone 4.049,52 euros.
El desmarque de Escrivá no es baladí, ya que precisamente su Ministerio ha reactivado en la mesa de diálogo social el desarrollo reglamentario previsto en el Real Decreto-ley 20/2018 que obligará a las empresas y entidades públicas a cotizar a la Seguridad Social por los estudiantes que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, prácticas no laborales en empresas y prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal, incluso aunque no tengan carácter remunerado. El ministro Escrivá se ha dado un plazo de tres meses para poner en marcha esta nueva regulación, una vez se apruebe en el Consejo de Ministros.
Ya durante el anterior Ejecutivo del PSOE, la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se comprometió a dar un vuelco a las prácticas no laborales para garantizar su carácter formativo y el apoyo económico durante su realización y dejó pendiente el desarrollo reglamentario de ese decreto que obligaba a los estudiantes en prácticas a cotizar a la Seguridad Social, así como el Estatuto del Becario, para dignificar las condiciones de esta figura predominante entre los jóvenes. Pero con todo este desarrollo normativo paralizado, el Gobierno -a excepción en este caso del Ministerio de Escrivá- sigue firmando convenios con universidades para la realización de prácticas académicas sin contrato ni remuneración.
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