La propuesta de la banca y del sector del ahorro privado en general de aprovechar la iniciativa del Gobierno de constituir un gran fondo de pensiones de empleo, en cuya configuración ya están trabajando el Ministerio de Seguridad Social y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, para implantar el modelo vigente en el Reino Unido y regular la adscripción obligatoria de las empresas a ese 'macroplan' de pensiones con el doble objetivo de garantizar su alcance y asegurar la generalización de una cultura del ahorro privado entre los trabajadores presenta serias lagunas legales. Así lo señala un dictamen jurídico elaborado por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, a propuesta de las dos principales patronales del sector del ahorro privado, Unespa e Inverco, que concluye que la adscripción obligatoria a planes de pensiones choca con el artículo 41 de la Constitución y no tiene un encaje en el actual marco normativo, según han confirmado a La Información diferentes fuentes conocedoras del dictamen.
El artículo 41 de la Constitución Española, que regula el régimen público de la Seguridad Social y la garantía de que éste ofrezca prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, también que "la asistencia y las prestaciones complementarias serán libres", lo cual parece que no es compatible jurídicamente con la imposición de un sistema de adscripción obligatoria en el que las empresas tendrían las obligación de dar de alta a sus trabajadores en un plan de pensiones de empleo y realizar aportaciones al mismo, al estilo de lo que ocurre en el llamado 'modelo británico'.
Unespa, la patronal del sector asegurador, e Inverco, la asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, que reúne a las gestoras de fondos de pensiones de los grandes bancos del país, llevan años defendiendo la implantación de modelos de adscripción obligatoria o 'cuasi-obligatoria' para impulsar la cultura del ahorro previsión en España y aliviar la presión financiera sobre el sistema público de pensiones. La inclusión en la Ley de Presupuestos para 2021 de una disposición explícita por la que el Gobierno se comprometía regular en el transcurso de este año la posibilidad de crear un gran fondo de pensiones de empleo de gestión pública reactivó la reivindicación del sector del ahorro privado.
La propuesta impulsada por José Luis Escrivá aspira a dinamizar el ahorro para la jubilación en el ámbito de la empresa por la vía de configurar un gran fondo de pensiones de empleo gestionado por la Administración, que sea capaz de acoger planes de pensiones de empleo ya existentes y de animar la creación de nuevos planes de empresa o de sector, ofreciendo también con comisiones de funcionamiento sensiblemente más bajas que las que existen actualmente en el mercado. Desde el sector del ahorro privado se ha aplaudido el impulso del Gobierno, pero también se ha mostrado un cierto escepticismo sobre su recorrido a futuro a la vista del repliegue de las ayudas fiscales al ahorro previsión y del muy tenue desarrollo de los planes de pensiones de empleo hasta la fecha.
El relato que se traslada desde el sector del ahorro privado es que el ambicioso 'macrofondo' de pensiones gubernamental se convertirá en un fiasco si no se apoya en ayudas fiscales más decididas y, sobre todo, si no se apoya en un esquema de adhesión que no deje la adscripción de los partícipes a su voluntad, sino que tenga un mayor nivel de obligatoriedad. Para apuntalar su ofensiva en defensa de esta propuesta, Unespa e Inverco solicitaron hace unas semanas un dictamen jurídico a María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo, en relación a la posible compatibilidad de una reforma legal que amparara un esquema de adscripción obligatoria con el artículo 41 de la Constitución y, en su defecto, sobre las posibilidad que ofrece el marco legal para tratar de desarrollar un sistema de esta naturaleza o similar.
El cauce de la negociación colectiva
El dictamen elaborado por la prestigiosa jurista, la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, rechaza de plano la posibilidad de establecer por ley un régimen de adscripción obligatoria a un plan de pensiones de empleo, por su incompatibilidad con el mencionado artículo constitucional, según aseguran varias fuentes conocedoras del informe. Sin embargo, no cierra la puerta del todo a la posibilidad de desarrollar un esquema de ese tipo en España a través del cauce de la negociación colectiva.
Según el relato coincidente trasladado por las fuentes consultadas, el dictamen señala a los convenios colectivos como el único mecanismo disponible para implantar una suerte de 'obligatoriedad suave' en la adhesión a este tipo de fórmulas de ahorro para la jubilación. Para ello, recalcan estas fuentes, el dictamen apunta dos vías. La primera sería el establecimiento de una suerte de recomendación general a través de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones para instar a las empresas a constituir a través de la negociación colectiva instrumentos complementarios de ahorro a la jubilación...compatibles con el artículo 41 de la Constitución.
La otra posibilidad sería actuar de forma directa sobre el Estatuto de los Trabajadores, impulsando una reforma del artículo 85.3 para incluir entre los contenidos mínimos en la negociación colectiva de los convenios la obligación de incorporar planes de pensiones de empleo. El dictamen aclara, eso sí, que esa reforma no podría imponer la implantación obligatoria de un sistema de esta naturaleza, sino únicamente la obligación de negociar dejando la decisión definitiva al acuerdo de las partes.
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