En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Desindexación de la economía, que desvincula cualquier contrato en el que participe alguna entidad del sector público de la evolución del IPC. Y dos años después, se sacó adelante la Ley de Contratos del Sector Público, que trasladó dos directivas comunitarias y que -junto a la norma anterior- hace inviable la revisión de precios de los contratos públicos. Pero a diferencia de lo sucedido en otras materias, el cambio de color del Gobierno no ha introducido cambios en esta cuestión, por más que la mayoría de las formaciones del hemiciclo lo entiendan razonable. Mientras, los efectos de esta negativa se hacen notar especialmente en los sectores que cubren las funciones que la Administración tiene externalizadas, como la limpieza o los cuidados.
El año estuvo marcado por un alza generalizada de los precios que se situó en el 8,4% de media, sin embargo, estas empresas no pudieron trasladar el aumento de los costes a los contratos en ejecución, que según la normativa en vigor pueden tener una duración de hasta cinco años. Aunque tampoco pudieron reequilibrar los contratos sellados tras una licitación para compensar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros, ni pueden repercutir ahora el nuevo incremento de 80 euros. Para Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal de limpieza ASPEL, es una injusticia que el Gobierno determine estas subidas "con el dinero de otros", al tiempo que muestra nula voluntad política por revisar estos acuerdos contractuales, según declara en conversación con La Información.
El representante de los empresarios sostiene que es una cuestión que lleva defendiendo cerca de ocho años, aunque no observa movimientos políticos que vayan a modificar el escenario. En cambio, es una demanda que comparten con los sindicatos, que también han observado una progresiva precarización de las trabajadoras que se desempeñan en estos sectores, con altas tasas de parcialidad y una retribución muy próxima al SMI. Hace casi un año CCOO, UGT y CEOE firmaron de forma conjunta un manifiesto en el que sostenían que la Ley de contratos públicos "imposibilita la revisión de los precios de los mismos en la mayoría de los contratos de servicios" lo que conlleva que, ante cualquier modificación que afecte a los costes de un contrato ya en vigor, como los costes salariales, "se produzca un desequilibrio económico-contractual en las empresas adjudicatarias".
Sin embargo, casi doce meses más tarde las empresas siguen en la misma situación que en marzo de 2022, con la excepción del sector de la construcción, para el que sí se aprobó un Real Decreto específico para valorar los incrementos generados por el conflicto en Ucrania. Mientras deben hacer frente a una nueva subida del SMI que desde ASPEL estiman que afecta a más del 50% de los convenios colectivos, además de las implicaciones que pueda tener en la negociación entre empresas y representantes sindicales al ejercer como referencia para las alzas salariales. Díez de los Ríos no se atreve a aventurar qué implicaciones va a tener esto en términos de empleo o reducción de plantillas, dado que reflexiona, deben atender los contratos que tienen firmado y contar con el personal necesario para ello. Por lo que calcula que estos efectos se verán en el medio plazo.
Este sector, al igual que el de otros servicios como la atención en residencias de ancianos o la ayuda asistencial, está fuertemente feminizado. El 78% de sus plantillas son mujeres y más del 70% cuentan con un contrato parcial, aunque en muchas ocasiones este no es el deseado, lo que impacta en las brechas salariales de género. En la presentación de la campaña 'Por hacer más ganamos menos', el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, destacó que parte de la responsabilidad de la diferencia del 20,9% en la retribución media percibida por los hombres frente a las mujeres es pública. Puesto que las administraciones habían seguido un proceso de "externalización sistémica" mientras que las normas antes señaladas "dificultan mejorar los salarios de los servicios externalizados por el sector público".
"La Administración no puede evadirse o no tener ningún tipo de responsabilidad sobre los servicios públicos que gestiona de forma indirecta", apunta la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, en conversación con este medio. "Ahora suben los precios de los salarios y se precarizan los trabajos, muchas veces subcontratados, porque no pueden repercutir las subidas sobre el precio y es algo que afecta mayoritariamente a las mujeres", sostiene, al tiempo que denuncia que es una situación generalizada que se está dando a todos los niveles territoriales.
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