La crisis atasca el pacto europeo que topa las exenciones fiscales a la energía fósil

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advertía esta semana de que la guerra entre Israel y Hamas es un foco de incertidumbre y nerviosismo añadido para los mercados energéticos del petróleo y el gas, que ya se vieron golpeados por los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Este nuevo capítulo de la crisis va camino de impedir que los Veintisiete alcancen un acuerdo sobre la fiscalidad energética de aquí a final de año, que era uno de los objetivos a nivel tributario que se habían fijado en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo, que sí ha logrado sacar adelante recientemente la reforma del mercado eléctrico.

En el marco del paquete de medidas "Objetivo 55", los Veintisiete trabajan en la modificación de la directiva de productos energéticos para alinear su fiscalidad con las políticas y objetivos de medio ambiente y clima que se han fijado a nivel europeo, de forma que se racionalice el uso de exenciones y reducciones fiscales por parte de los Estados miembro. La directiva también busca velar por que los combustibles más contaminantes se graven con los tipos impositivos más elevados y ofrecer incentivos a productores, usuarios y consumidores para que adopten "prácticas sostenibles".

Durante su intervención el jueves en el XXXIII Congreso Nacional de Inspectores de Hacienda del Estado, la directora General de Tributos, María José Garde, reconoció que la negociación parece haberse "estancado" debido a la crisis energética, asegurando además que no va a ser "muy fácil de desatascar", por lo que considera que será complicado sacarla adelante en el semestre europeo. Los trabajos y negociaciones se iniciaron a raíz de un informe que la Presidencia francesa presentó para la revisión de la fiscalidad de la energía en junio de 2022. 

Una fiscalidad que acompañe a los objetivos climáticos  

La meta final es que la "imposición de los diferentes productos energéticos refleje sus repercusiones en el medio ambiente" y en la salud, animando a las empresas a escoger opciones más ecológicas. Se cita, en concreto, los carburantes, los combustibles para calefacción y la electricidad. El documento recuerda que el sector de la energía representa el 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, siendo los más contaminantes la agricultura (responsable de un 11% de las emisiones), los procesos industriales y la utilización de productos (9%), así como la gestión de residuos (3%).

Entre las medidas que se están negociando se incluía, además, la meta de que en un periodo de diez años los tipos impositivos mínimos de los combustibles que emplean la aviación y del sector marítimo -el queroseno y el aceite pesado- vayan aumentando gradualmente. Mientras, los combustibles sostenibles de estos mismos sectores se beneficiarían de un tipo mínimo cero para "fomentar su implantación".

Otros cambios en la directiva sobre los que los Veintisiete están centrando sus discusiones pasarían por no diferenciar entre los tipos de uso de los combustibles y la electricidad -ya sean comerciales, profesionales... o no-; por gravar con los tipos más altos los combustibles más contaminantes (se habla del carbón, el petróleo y el gas); y por aplicar un ajuste anual de los tipos mínimos basado en las cifras de precios de consumo de Eurostat. 

Las otras 'batallas' fiscales de la presidencia española del Consejo

Frente al atasco en el pacto europeo para una nueva fiscalidad energética, la presidencia española sí que está logrando avances en otras de las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el paraguas tributario. La que va más avanzada es la directiva 'Faster', que se propone agilizar los procedimientos relacionados con las retenciones que se aplican sobre los dividendos transfronterizos e intereses en varios países.

"Seguramente va a poder llegar a buen puerto" también antes de que concluya el semestre la directiva del IVA de la economía digital, "si no al cien por cien, en un porcentaje muy elevado", según Garde. Su objetivo es reforzar el intercambio de información en tiempo real de operaciones transfronterizas (transacciones de plataformas digitales o facturación electrónica) para combatir el fraude fiscal. 

Del mismo modo, los Veintisiete están tratando de consensuar una propuesta de directiva para hacer frente al uso inadecuado de sociedades "shell" o "cascarón", para lo que prevén crear un nuevo sistema de intercambio de información; y trabajan además en la reforma de la unión aduanera, entre otras iniciativas. El problema de que los socios lleguen o no a un acuerdo en estos ámbitos antes del 31 de diciembre es que el año que viene se celebran elecciones al Parlamento Europeo, lo que podría demorar aún más los procesos.