Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) han acordado una postura común para la reforma del mercado eléctrico tras meses de negociaciones infructíferas por los imperativos de Francia y Alemania. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha logrado desatascar el embrollo con una propuesta de última hora que ha obtenido el respaldo de todos los Estados miembro a excepción de Hungría.
Ahora se da vía libre para iniciar los trílogos y pactar una versión definitiva del texto con los representantes del Parlamento Europeo, con el objetivo de rematar la reforma antes de que acabe el año. El ponente oficial para la reforma, el español Nicolás González-Casares, ha informado que comenzarán este mismo jueves a las 11.00 horas en Estrasburgo para acelerar así las negociaciones. "Faltan por ver los detalles del acuerdo en el Consejo, que serán seguro diferentes a los del Parlamento, pero de eso se trata, de negociar. Empezamos", ha dicho en redes sociales.
Ribera ha agradecido el respaldo "casi unánime" a la propuesta que ha logrado unir a los Estados miembro en una respuesta que permitirá "proteger mejor a los consumidores europeos, ofrecer una señal a los inversores, facilitar la estabilidad de precios y reducir la volatilidad". Por su parte, la ministra de Transición Energética francesa, Agnès Pannier-Runacher, ha instado a "preservar estrictamente" en la negociación con la Eurocámara el equilibrio alcanzado este martes.
Facilitar el despliegue de renovables con precios baratos
La Comisión Europea, los Estados miembro, el Parlamento Europeo y el propio sector coincidían en las grandes líneas de la reforma: facilitar el despliegue masivo de renovables con precios baratos y estables a largo plazo para acercar a la UE a sus objetivos climáticos y alejarla de los hidrocarburos de Rusia.
No obstante, durante meses ha persistido un desacuerdo con una doble vertiente. Por un lado, existía una dimensión ideológica que enfrenta a Francia con Alemania a propósito de la energía nuclear y, por otro, la desconfianza competitiva entre las dos grandes economías de la Unión Europea. Alemania (con el apoyo de socios de Países Bajos, Dinamarca, Italia o Luxemburgo) teme que Francia (con el respaldo de países como Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia o Malta) consiga una fuente continua de ingresos en forma de ayudas de Estado para su industria a través de los llamados contratos por diferencia (CfD), mientras que un tercer bloque presionaba por cerrar el expediente cuanto antes.
Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelve al diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado. París quería que su parque nuclear pudiera beneficiarse de los CfD, mientras que Berlín temía que las centrales amortizadas del país vecino generasen unos ingresos extraordinarios que pudieran revertir en la industria gala, mermando la competitividad germana.
A la novena fue la vencida
La presidencia española del Consejo de la UE había conseguido ya el respaldo con matices de Suecia, Bélgica Irlanda, Finlandia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, República Checa, Grecia y Portugal. Y este martes, en el Consejo de Ministros de Energía celebrado en Luxemburgo, Teresa Ribera, en el papel de árbitro comunitario, presentó una nueva propuesta, la novena, buscando un término medio entre ambos bloques que ha resultado la exitosa.
Se ha así acordado que esos contratos por diferencia se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías, pero respetando que en algunos casos los CfD no se apliquen de forma automática, sino que -como hasta ahora- tengan que obtener el visto bueno de la Comisión Europea a la luz del régimen de ayudas de Estado.
En concreto, el acuerdo recoge que estos contratos bidireccionales por diferencia sen el modelo obligatorio utilizado cuando se trate de financiación pública en contratos a largo plazo y se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, lo que proporcionaría "previsibilidad y certidumbre".
Las normas para los contratos por diferencia solo se aplicarían después de un período transitorio de tres años -cinco años para los proyectos de activos híbridos 'offshore' conectados a dos o más zonas de licitación- después de la entrada en vigor del reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso. Al mismo tiempo, los ingresos derivados de estos contratos se redistribuirían a los clientes finales y también podrían utilizarse para financiar los costes de los sistemas de sostenimiento directo de los precios o las inversiones destinadas a reducir los costes de la electricidad para los clientes finales. "Todos los regímenes de apoyo de precios para activos, ya sean nuevos o existentes, van a tener que atenerse a un diseño claro", ha explicado la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.
Reforma eléctrica que evite altibajos en los precios
El Parlamento Europeo pactó en verano una reforma que tiene como principal objetivo garantizar unos precios más previsibles y estables para el consumidor y poner en marcha un mecanismo de respuesta a otras posibles futuras crisis energéticas como la que se viene arrastrando desde el verano de 2021, al calor de los precios del gas en los mercados internacionales y los derechos de emisión de CO2.
En concreto, la Eurocámara propone que la Comisión Europea pueda declarar, mediante decisión, una crisis regional o de precios de la electricidad a escala de la UE, salvo en circunstancias debidamente justificadas, si se cumplen las siguientes condiciones: se dé un incremento en los precios del mercado mayorista de dos veces y media (durante 6 meses) respecto con los cinco años anteriores. Se establece también un mínimo de 180 euros el megavatio hora (MWh) para la declaración de la crisis y si los precios minoristas se incrementan un 60% en comparación con los dos años anteriores (durante tres meses consecutivos).
Además, bajo estas circustancias, los Estados miembro podrán fijar un precio de la energía al consumidor y a la industria electrointensiva. Este punto se ha incluido en el acuerdo para poder eliminar de la propuesta de González Casares, el límite máximo a los ingresos de los productores ('revenue cap'). El texto no incluye así finalmente ninguna mención a los límites de los ingresos de las tecnologías inframarginales. Bruselas evaluará (a más tardar en junio de 2024) diferentes opciones para establecer un mecanismo de "válvula de alivio temporal" ('relief valve mechanism') y posteriormente presentará una propuesta legislativa.
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