Dos euros con 30 céntimos al mes para un perceptor tipo de la pensión media del sistema español de protección social (925 euros); un euro y 62 céntimos mensuales para los perceptores de la pensión más habitual dentro del sistema público (650 euros). Ésa será la subida que experimentará la nómina de la mayor parte de los pensionistas españoles en 2018 tras la preceptiva aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRV) que un año más ha limitado al 0,25% la actualización de éstas como consecuencia de los números rojos que sigue arrastrando el sistema público de cobertura de la jubilación.
Según cálculos sindicales, solo en 2018 las arcas públicas se ahorrarán 1.200 millones de euros por la aplicación de este modelo, a costa de socavar el poder de compra de los pensionistas, y en la próxima década el deterioro del poder de compra del colectivo podría llegar al 17%. Hasta 2016 el asunto no fue un problema, ya que en sus dos primeros años de vigencia la subida del 0,25% se situó por encima de la inflación, que finalizó 2014 en territorio negativo (-1%) y 2015 en el 0%. Pero el regreso de la inflación - en 2017 los precios subieron un 1,2% acumulado,según el primer avance del INE- ha desencadenado las críticas sobre un sistema que condena a los pensionistas a una pérdida permanente de poder adquisitivo y a una actualización pírrica de sus pensiones.
El debate no ha pasado desapercibido para el Pacto de Toledo que, según ha podido saber lainformacion.com, está estudiando la viabilidad técnica y presupuestaria de duplicar la base mínima anual de revalorización de las pensiones hasta situarla en el 0,5%, frente al 0,25% actual, al objetivo de incluir la medida en el informe de recomendaciones para el futuro del sistema público de pensiones que evacuará en el transcurso de este año.
La comisión parlamentaria ha solicitado incluso al Ministerio de Empleo un informe sobre el impacto presupuestario que tendría la aplicación de esta medida en el horizonte de los próximos cinco años. Según ese documento, al que ha tenido acceso lainformacion.com, aplicar esa revalorización este mismo año tendría un coste extra para las arcas de la Seguridad Social de 315,10 millones de euros. La factura se incrementaría progresivamente año tras año hasta significar un volumen agregado de 1.771,8 millones de euros entre 2018 y 2022, a razón de unos 350 millones de euros al año.
Un coste no especialmente gravoso que incluso ha hecho que un sector del Gobierno se planteara la posibilidad de aprobar la medida, según se asegura en fuentes gubernamentales. Ahora el asunto se dirime en el seno del Pacto de Toledo y bajo la presión de los sindicatos que han puesto en marcha una campaña de protestas con un lema muy explícito y simbolizada con un lazo marrón para rechazar la escasa subida de las pensiones en 2018.
Un mecanismo para controlar los gastos del sistema
El Índice de Revalorización Anual de las Pensiones sale de la reforma gubernamental de 2013 y se empezó a aplicar a partir de 2014. Vino a sustituir el tradicional sistema de revalorización de las pensiones en función del IPC, que perseguía mantener a toda costa el poder adquisitivo de los pensionistas, pero que también presionaba hasta el límite las costuras financieras de un sistema en números rojos tras la crisis.
El nuevo criterio se basó en la suficiencia financiera del sistema y estableció un mínimo de revalorización del 0,25% mientras los gastos del mismo superaran a los ingresos, y solo admitía una actualización en función de la inflación cuando la situación financiera del sistema fuera desahogada. En este caso topaba también la subida máxima de las prestaciones a un umbral no superior al IPC+0,5.
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