El Gobierno de Mariano Rajoy considera que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa puede ser condenado en los tribunales y acabar en prisión por su gestión de la entidad financiera, especialmente tras el escándalo de las tarjetas opacas que puso a disposición de los directivos y de las que se benefició personalmente.
Fuentes del Ejecutivo aseguraron que en La Moncloa se vaticina que Blesa será declarado culpable y condenado a pena de cárcel, donde ya ingresó de manera cautelar por la investigación del juez José Elpidio Silva, que posteriormente fue apartado de la carrera por cometer varias irregularidades en el proceso.
En el gabinete de Rajoy se asume que Blesa tiene difícil escapatoria de la Justicia, dado que sólo por la puesta en marcha de las tarjetas opacas de Caja Madrid está acusado de dos posibles delitos por apropiación indebida y delito societario junto al exministro del PP Rodrigo Rato, quien fue de los primeros en devolver el dinero gastado.
En el Gobierno existe un gran sentimiento de decepción por el escándalo de las tarjetas opacas, que permitieron Blesa y Rato y que utilizaron sin control dirigentes afines al Partido Popular, algunos de los cuales incluso eran militantes.
La Audiencia Nacional considera que ellos son los principales responsables de la emisión y entrega de estas tarjetas a 78 directivos, con las que los altos cargos de la entidad entre 1999 y 2012 derrocharon 15,2 millones de euros en gastos personales sin declararlos a Hacienda.
De hecho, el juez Fernando Andreu decidió el miércoles extender la imputación a todos los ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia que usaron las tarjetas entre esas fechas.Rato, sin cárcel
En el Gobierno del Partido Popular se especula también con el futuro judicial del exministro de Economía Rodrigo Rato, que tomó las riendas de Caja Madrid después de Miguel Blesa, que llevó a cabo la fusión con otras entidades como Bancaja y que dirigió la salida a Bolsa.
Esta cuestión es la que más preocupa al Ejecutivo de Mariano Rajoy porque, si los tribunales declaran fraudulenta esa salida a los mercados, se da por hecho que el Estado tendría que asumir a través del FROB el pago de unos 3.000 millones de euros a los primeros accionistas.
No obstante, el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró semanas atrás que en ningún caso habría que poner más dinero público, ya que el capital generado por la gestión del actual equipo permitiría hacer frente a esa devolución sin necesidad de ayudas públicas.
En La Moncloa quieren evitar a toda costa que los contribuyentes tengan que asumir la devolución de ese dinero, especialmente tras los casi 23.000 millones de euros que hubo que poner en Bankia durante el rescate a las entidades financieras, de los cuales 4.465 pertenecen a la época de Rato y 17.959 a la de Goirigolzarri.
Aunque la salida a Bolsa de Bankia sea declarada ilegal, el gabinete de Rajoy considera que Rodrigo Rato conseguirá evitar la cárcel. En el Ejecutivo dan por hecho que se sentará en el banquillo junto a otros responsables financieros y que posiblemente sea declarado culpable, pero no le ven entre rejas.
En el Partido Popular hacen estos augurios y confesiones en privado pese a que públicamente han sido comedidos sobre el papel que jugó en Caja Madrid y Bankia el que fuera ministro de Economía y Hacienda, al que durante los gobiernos de José María Aznar se entronizó como el artífice del crecimiento económico que vivió España entre 1996 y 2004.
El Gobierno considera que las responsabilidades judiciales en el caso Caja Madrid van más allá de los dos últimos presidentes que tuvo la entidad. En particular, las fuentes consultadas por Servimedia señalan directamente al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez como culpable por omisión en sus funciones de vigilancia al sector.
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