El anuncio del adelanto electoral pilló por sorpresa al ala morada del Gobierno. Yolanda Díaz había pausado las conversaciones con Unidas Podemos para su eventual incorporación en Sumar hasta que se calmasen las aguas, después de las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, la reacción de Pedro Sánchez a la victoria del Partido Popular en la mayor parte del territorio fue inmediata, volando por los aires el calendario de las diferentes carteras que componen el Ejecutivo, y dificultando que los diferentes ministros pudieran cumplir sus compromisos en los meses restantes de legislatura. La vicepresidenta tendrá que definir la lista de tareas pendientes para la próxima legislatura, al tiempo que hace campaña para que su formación política consiga representación en el hemiciclo.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social estaba a las puertas de cerrar el Estatuto del Becario con los agentes sociales y un grupo de expertos ultimaba el informe que daría paso a la nueva ley de usos del tiempo, pero ahora las posibilidades reales de sacar adelante estos proyectos parecen reducidas. Díaz había hecho público su compromiso por sacar ambas cuestiones adelante antes de las elecciones generales, que estaban previstas para finales de años, tanto en actos institucionales como en los actos de su plataforma, que ya ha sido registrada como partido político bajo el nombre de 'Movimiento Sumar'. El equipo del Ministerio no se da por rendido e insiste en que seguirá trabajando hasta el último día, a pesar de ser conscientes de las dificultades que entraña el nuevo contexto.
El Gobierno puede seguir sacando adelante normas a través de la fórmula del decreto ley hasta la cita en las urnas, puesto que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados asume la función de convalidar estos textos. No obstante, es improbable que el Consejo de Ministros considere estos puntos como prioritarios, primero porque la cartera de Yolanda Díaz no se atreve a asegurar que se vayan a aprobar y en segundo lugar, porque los integrantes del ala socialista no se han pronunciado al respecto, a diferencia de la ley para abordar la sequía o las medidas anticrisis, que ya se da por seguro que aparecerán reflejadas en el BOE antes del 23 de julio.
Estatuto del Becario y jornada de 32 horas en el aire
El Estatuto del Becario, el fleco pendiente de la reforma laboral, estaba muy avanzado en la mesa del diálogo social. Sin embargo, no fue posible cerrar un acuerdo antes de las elecciones del 28 de mayo y parece que tampoco será factible antes de la cita a nivel nacional. ¿El motivo? La CEOE ha dejado de firmar pactos con el Gobierno en año electoral. El presidente de la patronal apuntó hace apenas unos días que "no tenía sentido" que el Ejecutivo sentase a los agentes sociales con la esperanza de cerrar acuerdos antes de las elecciones generales, dado que lo consensuado podía verse "interrumpido" por un cambio de fuerzas en Moncloa o incluso ser utilizado con "fines electorales", por alguno de los partidos que integran el Gobierno.
Menos opciones tiene de prosperar la denominada 'Ley de usos del tiempo', el gran proyecto del departamento de Trabajo después de la reforma laboral de 2021. El principal objetivo de este texto era dotar de una mayor flexibilidad a las jornadas laborales, de manera que los trabajadores tengan la opción de distribuir sus horas de trabajo para que esta sea más compatible con la vida personal. Yolanda Díaz descartaba encorsetar este proyecto en la jornada de 32 horas y abogaba por reforzar la capacidad de decisión de los trabajadores, para que sus horas de entrada y salida no fueran establecidas de forma unilateral por el empleador.
Un grupo de expertos reunidos por la cartera ha estado meses elaborando un informe sobre la situación actual de España y recomendaciones de medidas a adoptar para mejorarla. Fuentes del Ministerio de Trabajo trasladan a La Información que en este aspecto se va a seguir el calendario previsto, por lo que el informe se hará público en las próximas semanas. No obstante, no hay margen de tiempo para que esta norma salga adelante antes de que concluya la legislatura, por lo que será uno de los compromisos de Sumar. Díaz comparte una amplia sintonía con Íñigo Errejón, líder de Más País, en esta cuestión, quien le acompañó en la presentación de otro análisis sobre la salud mental de los trabajadores en España, por lo que todo apunta que será una de las insignias de Sumar.
Indemnización por despido
Sin embargo, la gran apuesta en materia laboral de la agrupación de formaciones de izquierda será el encarecimiento del despido. Una meta que Yolanda Díaz fijó para la próxima legislatura, tras haber esquivado la cuestión en la mesa de negociación de la reforma laboral, puesto que este tema probablemente hubiese impedido que los empresarios dieran su apoyo a la norma. La indemnización por despido improcedente de hasta 33 días es el principal poso vigente de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en la crisis financiera y ha sido fruto de sendas discusiones entre los diferentes partidos progresistas con representación en el Congreso, hasta el punto de ser el motivo por el que ERC, EH Bildu y BNG no respaldaron la reforma laboral de 2021.
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