La empresa duda del optimismo inversor del Gobierno y se centra en reducir deuda

El contexto de incertidumbre económica a nivel global, con la inflación lejos de estar aún controlada, las tensiones geopolíticas, los primeros síntomas de enfriamiento de la actividad y la advertencia de los bancos centrales de que los tipos de interés permanecerán en niveles elevados más tiempo del previsto, está llevando a los empresarios a optar por la cautela y a reducir todo lo posible su endeudamiento para preparase ante lo que pueda venir. Las cuentas financieras del segundo trimestre, publicadas hace unos días por el Banco de España (BdE), constataban que la deuda de las empresas se redujo entre abril y junio hasta los 939.000 millones, el equivalente al 66,6% del PIB y su nivel más bajo en dos décadas. 

No se trata de un proceso nuevo, de hecho el sector privado ha venido haciendo un esfuerzo ingente por desapalancarse desde los inicios de la crisis financiera internacional. No en vano, la deuda de las empresas llegó a representar el 143,6% del PIB poco antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2010. Ese proceso, que se detuvo únicamente durante la pandemia de Covid-19, ha vuelto a ganar fuerza con el alza de tipos y el temor a un frenazo de la economía. 

Esa tendencia a la cautela, en un entorno en el que las condiciones de acceso al crédito son cada vez más restrictivas, contrasta con las previsiones de inversión productiva que el Gobierno en funciones ha incluido en el 'Plan Presupuestario 2024' remitido el pasado domingo a la Comisión Europea. El documento estima que la inversión bruta de capital fijo aumentará un 4% el próximo ejercicio. Esta variable venía de subir un 2,4% el año pasado, y el nuevo cuadro macroeconómico sitúa su avance en el 3% en 2023. 

En concreto, el Ejecutivo en funciones apunta a que el crecimiento del PIB pasará a descansar el próximo año en la demanda nacional, ante la moderación prevista de la demanda externa por el debilitamiento de las grandes economías del euro, sus principales socios comerciales. Fía ese avance, por tanto, a la aceleración prevista del consumo y de la inversión por el despliegue de los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, por el dinamismo del mercado laboral y por la solvencia financiera de hogares y empresas, que mantienen su deuda en mínimos desde 2002.

Los tipos y el conflicto en Oriente Próximo añaden incertidumbre

Existen dudas entre los expertos sobre cómo pueda afectar a ese escenario el entorno de tipos altos y la guerra de Israel y Hamas, que tiene una repercusión directa sobre la energía y que puede disparar la volatilidad de los precios del petróleo y el gas -y su impacto en el IPC- si el conflicto pasa a extenderse por la región, lo que añadiría nuevos nubarrones al horizonte de las empresas. De momento, como explica Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, la inercia positiva de la economía española -que se ha mostrado más resistente a los efectos de la guerra en Ucrania o las crisis energética e inflacionaria- no será sostenible en el tiempo sin un mayor esfuerzo inversor. 

El economista incide en que esta variable, clave para insuflar un impulso exterior sostenido y afrontar la transición ecológica y digital, no despega tanto como cabría esperar. En un artículo publicado por Funcas señala que el gasto de las empresas en equipamiento se sitúa todavía por debajo de los niveles precovid y que la inversión total apenas alcanza el 20% del PIB, dos puntos por debajo de la media europea e inferior, también, al 23% de Alemania o al 25% de Francia.

Las empresas recuperaron beneficios tras el golpe de la pandemia y este factor, unido al despliegue de los fondos NGEU y al aumento de la inversión extranjera debería haber impulsado la inversión. Sin embargo, las compañías han optado por dedicar parte de los beneficios al pago de dividendos o a reducir la deuda. Que se cumpla, por tanto, un escenario como el que avanza el Gobierno en funciones dependerá de la marcha de las ayudas y préstamos europeos, del mantenimiento de un diálogo social proclive a la estabilidad y de la "efectividad de las reformas en curso o venideras", añade Torres.

El despliegue de los fondos europeos, clave

Ese papel cada vez más importante de los Next Generation apenas servirá para que la economía española avance "ligeramente por encima" de su crecimiento potencial el año que viene, cuando el PIB se desacelerará hasta el 1,8%, según Equipo Económico. La firma de asesoramientos profesionales advierte sobre el efecto de la parálisis política y la ausencia de un nuevo Gobierno como otro de los elementos que generan incertidumbre. El hecho de que el Ejecutivo siga en funciones hace imposible aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y abordar las reformas necesarias. 

"En un contexto internacional de profundas transformaciones, la economía española corre el riesgo de estancarse, con un elevado coste económico y social a medio y largo plazo", advierten. Sus estimaciones de crecimiento coinciden con las publicadas la pasada semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también apuntaba a un frenazo del gasto de los hogares y de las Administraciones Públicas, y que condiciona el aumento del 3,8% en la inversión productiva de las empresas al correcto despliegue de los fondos europeos.

España ha conseguido que los socios europeos desbloqueen la segunda parte de su Plan de Recuperación (al haber dado el visto bueno a la adenda), que le permite acceder a los 83.200 millones en préstamos bajo condiciones ventajosas a los que opta del programa europeo. Fedea denunciaba a comienzos de mes que la información disponible sobre la ejecución y el despliegue de las inversiones del plan sigue siendo "fragmentaria, insuficiente e irregular" pese a que han transcurrido más de dos años desde su puesta en marcha. De momento, con datos hasta agosto, sólo se habrían ejecutado el 28% de las ayudas frente al 40% registrado en el mismo periodo del año pasado y la ausencia de un Ejecutivo en plenas funciones es uno de los motivos que explicaría ese retraso.