"Vivimos en una inseguridad jurídica permanente porque las normas fiscales no siempre son claras y la Agencia Tributaria no te ayuda a interpretarlas. El sistema obliga a las empresas a interpretar cómo cumplir con la norma tributaria en sus actuaciones a riesgo de que después la Agencia Tributaria o los Tribunales determinen que esa interpretación es incorrecta y te sancionen". Este escenario, expuesto por la responsable del Área Fiscal de Iberdrola, enmarca el día a día de la gran empresa española en su relación con el Fisco según el relato trasladado por media docena de directores de departamentos fiscales de las principales empresas del país en el marco del Congreso 'Compliance y Buenas Prácticas Tributarias', organizado por Lefebvre con motivo de la puesta en marcha de la UNE 19602, la primera norma que acredita el cumplimiento del 'compliance tributario'.
Las grandes empresas españolas se quejan amargamente de que su adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas planteados por la Agencia Tributaria y la cada vez mayor transparencia de su desempeño fiscal ante la Hacienda Pública no haya servido para 'pacificar' su relación con el Fisco. "Existe una cierta paranoia en la Administración Tributaria de que las empresas tomamos nuestras decisiones por motivos estrictamente fiscales y siempre estamos buscando tres pies al gato, y no es así", explica Daniel Gómez-Olano, director fiscal del Grupo FCC.
"Sí se puede decir que en los últimos años se ha incrementado el 'riesgo fiscal' para las empresas en España", coincide Elena de Casso, directora de la Oficina Técnica del Santander. "Estamos viviendo unos años de gran presión recaudatoria tras la crisis". Una presión que, paradójicamente desde el punto de empresarial, ha coincidido con la mayor etapa de cooperación de las grandes empresas con la Agencia Tributaria. "La reflexión que se hace es: si estoy obligado a mejorar mi gestión fiscal para facilitar las cosas a la Administración Tributaria, creo que también merezco un mayor reconocimiento por su parte", reflexiona José María Vallejo, director del Departamento Fiscal Corporativo de BBVA.
Un nuevo marco de relación entre Hacienda y las empresas
Las grandes empresas lamentan que el auge global de la relación cooperativa entre las empresas y las administraciones tributarias no se haya traducido en España en una reducción de la conflictividad. Las discrepancias entre la Agencia Tributaria y las empresas continúan dirimiéndose en los tribunales, con elevados costes operativos para unos y otros, demoras en la recaudación de los impuestos para la Administración Tributaria y graves daños reputacionales para unas empresas que se consideran cumplidoras, pero a las que se ha colgado el cartel de incumplidoras, también desde el ámbito de la política.
"Es urgente cambiar el modelo de relación de la Agencia Tributaria con el contribuyente. Una gran empresa multinacional realiza alrededor de 12.000 declaraciones fiscales en un ejercicio cualquiera: hay impuestos cuando cobra, cuando paga, cuando exporta, cuando importa, cuando invierte...No hace falta cambiar las normas, hace falta cambiar los modos de actuación", insiste el director corporativo del Área Fiscal de Repsol.
Y para conseguir todo esto las empresas están convencidas de que el primer paso debe ser 'pacificar' la relación de la Administración Tributaria con los contribuyentes. ¿Cómo? Las opciones son múltiples. Proponen, por ejemplo, sustituir el actual "modelo inquisitivo de comprobación" que consiste en revisar los últimos cuatro ejercicios fiscales de las empresas a la busca de eventuales irregularidades en el cumplimiento del pago de impuestos, por un 'esquema de supervisión' en el que se analice 'ex ante' con las empresas la trascendencia fiscal de las operaciones más controvertidas para determinar su factura sin necesidad de tener que andar buscando a posteriori posibles errores a penalizar.
Así se lo trasladaron al director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, al que pidieron una vez más la creación de la figura del 'manager fiscal', una suerte de inspector de cabecera al que las empresas puedan consultar sus dudas sobre el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que esté familiarizado tanto con el contribuyente como con el ámbito en el que opera.
Un canal de relación permanente que permita también a la Agencia Tributaria conocer a priori las operaciones que las empresas identifican como más controvertidas y sentar un criterio sobre estas, sin necesidad de tener que hacerlo a través de un acta de inspección, que luego las empresas lleven a los tribunales con resoluciones no siempre son favorables a la Administración Tributaria.
Otra reivindicación de las empresas es que el cumplimiento tenga premio. De otro modo, que si una empresa demuestra un largo historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales tenga una mejor consideración a los ojos de Hacienda y no se le somete a la tensión de las investigaciones permanentes por parte de la Inspección de Tributos.
Una idea que el director general de la Agencia Tributaria no ve con malos ojos, a lomos de la idea del 'sujeto pasivo cualificado' planteada por Bruselas, que plantea el establecimiento de una lista objetiva de requisitos que califican al contribuyente como cumplidor y que le garantice una mejor consideración a ojos del Fisco.
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