Escrivá anuncia sanciones por rescindir contratos durante los fines de semana

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Durante su intervención en un desayuno 'online' de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, "que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar".

"Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiándolo", ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos "no aceptables", que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana.

Coste los ERTE: 30.000 millones 

Por otro lado, Escrivá ha afirmado que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.

En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus. Sobre el plan para ayudar a la hostelería en el que trabaja el Gobierno, el ministro no ha querido entrar en muchos detalles pero sí ha avanzado que contendrá medidas fiscales y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital 

Por otra parte, Escrivá, ha respondido este lunes a los usuarios y asociaciones que se manifestarán este martes ante su Ministerio para denunciar el "atasco" del Ingreso Mínimo Vital (IMV): "Nunca explicitamos el horizonte temporal en el que iba a cumplirse el objetivo" de ayudar a 850.000 hogares españoles. "El objetivo nos vincula y pensamos cumplir", ha indicado el ministro que, sin embargo, reconoce que nunca se explicitó el "horizonte temporal en el que este objetivo ha de cumplirse".

En su intervención, ha defendido la labor de su departamento, señalando que en comunidades autónomas donde el IMV regional de aplica "razonablemente bien", han tardado "cuatro años" en lograr un nivel de extensión de la renta garantizada vasca, mientras que el Ministerio ha puesto en marcha en "estos meses" tantas rentas básicas como Andalucía y la Comunidad Valenciana "en 20 años".

Escrivá señala que tienen "máxima empatía" con familias y personas vulnerables a las que, además, la pandemia puede haber llevado a una situación crítica, pero ha indicado que "las estrategias políticas se pueden desplegar como se pueden desplegar". Así, ha señalado que se han registrado más de un millón de solicitudes de las que se han resuelto un "70%", teniendo en cuenta, ha apuntado, que en el 30% restante también hay que incluir las nuevas solicitudes que van llegando. Según ha señalado, quien ha solicitado esta prestación "ya sabe si la ha recibido, si tiene que subsanar la entrega de alguna documentación o que no cumple las condiciones" para recibir las ayudas.

En este sentido, ha reconocido que el nivel de rechazos es "superior" al que su equipo había "establecido" y, por ello, se está realizando "una evaluación muy exigente", con seguimientos de "los microdatos de las personas a tiempo real" y con el objetivo de "corregir lo que se va fallando". Se trata de una iniciativa "compleja de diseño", ha recordado el ministro, para añadir que el objetivo sigue puesto en las 850.000 familias y que esta medida está presupuestada en las cuentas para 2021. Mientras tanto, ha indicado, siguen existiendo los IMV de las comunidades autónomas y locales.