El Gobierno tiene pendiente abrir una negociación para abordar la jubilación parcial de los funcionarios, el modelo que permite una salida flexible del mercado laboral por la que los trabajadores pueden reducir su jornada de trabajo y cobrar la parte de la pensión correspondiente al número de horas que dejan de trabajar. Así se lo han recordado los sindicatos CCOO y UGT tras conocer que la subida salarial del 2% se producirá antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que PSOE y Sumar han registrado una enmienda que permite a Hacienda efectuar el pago. No obstante, fuentes del Ministerio de Función Pública que encabeza José Luis Escrivá abogan por ampliar el debate a la jubilación demorada de los funcionarios, con el objetivo de homologar lo más posible su diseño al modelo del sector privado.
La derogación de la supresión de la jubilación parcial para los funcionarios es uno de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco para la Administración del SXXI que firmaron dos de las tres asociaciones sindicales más representativas y la cartera en 2022. Las partes acordaron eliminar la restricción introducida en el marco de la crisis financiera con el objetivo de igualar las condiciones para todos los trabajadores públicos, dado que el personal laboral ya puede disfrutar de este abandono gradual de su puesto; así como algunos cuerpos tienen reconocida la jubilación anticipada. La anterior responsable de Función Pública, María Jesús Montero, había acordado llevar esta medida en los PGE o su norma de acompañamiento, pero su sucesor no ha garantizado a los representantes sindicales que vaya a materializar este punto.
En cualquier caso, el cambio normativo sería solo el primer paso tras el que deberá tener lugar una negociación con los sindicatos en la que se regulen los criterios para acceder a esta jubilación flexible ligada a un contrato de relevo. Y es precisamente en esta mesa donde el Gobierno quiere extender el marco del debate, dado el reto que enfrenta la Administración por el envejecimiento de las plantillas y la 'oleada' de jubilaciones que se espera en la próxima década. Además, la reforma del sistema de pensiones que capitaneó el propio Escrivá tenía entre sus objetivos el incentivar a miles de trabajadores a retrasar su jubilación para hacer sostenible al sistema y en este marco, los empleados públicos juegan una pieza fundamental.
Sobre el papel, estos trabajadores ya cuentan con incentivos para decidir extender su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, no obstante, no ha sido objeto de negociación en el marco del sector público desde la última reforma. Los funcionarios que se incorporaron después del 1 de enero de 2011 están sujetos al Régimen General de la Seguridad Social -en el que se integran los asalariados del sector privado- por lo que estaban afectados por todos los cambios aplicados en la norma aprobada en dos tramos (2021-2023), pero el texto también amplió el ámbito de aplicación al Régimen de Clases Pasivas -en el que se integraban los funcionarios antes de 2011- al redactar la disposición adicional decimoséptima.
Los incentivos se encuentran recogidos en el artículo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que el trabajador que prolongue su vida laboral recibirá un complemento económico por cada año extra cotizado. Este premio puede traducirse en un incremento del 4% por año de retraso en la nómina de la pensión que cobrará cada mes cuando ponga fin a su carrera profesional, en un pago de un tanto alzado que percibirá a la hora de acceder a la jubilación y que será mayor en el caso de haber cotizado más de 44 años y 6 meses o una fórmula mixta, por la que se eleva la cuantía de la pensión y se recibe un pago extra al jubilarse. No obstante, esta opción dista de ser popular, ya que según los datos compartidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 2023 solo el 5,4% de los trabajadores en edad de jubilarse se habían acogido a este modelo.
El Gobierno espera que estos incentivos contribuyan a retrasar la edad media de jubilación en 1,6 años para 2050, de acuerdo con las proyecciones elaboradas por el ministerio que ahora dirige Elma Saiz y enviadas a Bruselas. "Respecto al conjunto total de altas de jubilación de los primeros cinco meses de 2023, ya más del 8% son jubilaciones demoradas, tres puntos porcentuales más que el registrado en los primeros cinco meses de 2021, el último año en el que aún no estaban desplegados los incentivos" celebraba el Ministerio de Seguridad Social, quien apuntaba a que también se incrementará la participación de los mayores de 55 y de 65 años en el mercado laboral. El Ejecutivo estima que hasta medio millón de personas habrían retrasado su jubilación para 2040, año en el que se alcanzaría el pico hasta 2050.
Por el momento, el Ministerio de Función Pública no ha fijado fechas para celebrar nuevos encuentros con los representantes de CCOO, UGT y CSIF para abordar esta y otras cuestiones, como la reordenación de las categorías profesionales del sector público, la implementación de la jornada laboral de 35 horas o el teletrabajo en toda la Administración Pública. Escrivá también tendrá que abordar en el diálogo social la negociación de un nuevo Acuerdo Marco, ya que el actual comprende hasta el final de 2024. Los sindicatos creen que lo más oportuno sería elaborar un plan plurianual en el que se reflejen las nuevas subidas salariales que quieren vincular a la evolución de la inflación, como ya ocurriera en el último acuerdo y recuperar parte del poder adquisitivo perdido en estos años por la presión de los precios.
