El Gobierno firmó el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en 2022. El texto que rubricaron dos de los tres sindicatos más representativos (CCOO y UGT) y recogió las reformas a llevar a cabo para modernizar el sector público y la tabla de subidas salariales a aplicar hasta diciembre de 2024. En su último año de vigencia, los representantes de los trabajadores públicos insisten al Ministerio de Función Pública que encabeza José Luis Escrivá para que cumpla los puntos que siguen pendientes -jornada de 35 horas, teletrabajo, jubilación parcial, ordenar los grupos profesionales- con la vista puesta en la negociación del próximo acuerdo que defienden que debe compensar la pérdida de poder adquisitivo que se haya producido en estos años.
El presidente de CSIF, Miguel Borra Izquierdo, calcula que los empleados públicos han perdido un 20% de poder de compra desde 2012 -año en el que se congelaron sus salarios- y ha planteado la indexación de las remuneraciones al IPC para evitar que esta diferencia se agrave. "Una de las medidas podía ser, aunque sabemos que a los políticos esto no les gusta mucho, indexar la subida salarial con la inflación para así por lo menos no perder poder adquisitivo", planteaba este lunes en rueda de prensa, pese a reconocer que su objetivo principal es recuperarlo "algo que hicimos con el penúltimo acuerdo que se firmó en los ejercicios 2017 y 2018". Este sindicato no firmó el último texto que defiende que recogía unas subidas insuficientes para esta meta.
El acuerdo en vigor recoge actualizaciones salariales de hasta el 9,8% respecto a las remuneraciones de 2021, divididas en una parte fija y otra variable, vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y al Producto Interior Bruto (PIB). En 2022 la subida fue del 3,5%, en 2023 se incrementó en otro 2,5% que se sumó a dos alzas adicionales del 0,5% -el segundo de ellos por aprobar- y en 2024 será del 2% con la posibilidad de que se amplíe en otro 0,5% si el dato del IPC armonizado acumulado desde 2022 supera a los incrementos fijos pactados. Es decir, la inflación se tuvo en cuenta como una variable para impulsar subidas salariales adicionales, pero estas no fueron suficientes para compensar el comportamiento de los precios.
Desde CCOO defienden que el IPC armonizado siempre es un dato a valorar en las negociaciones salariales y debería marcar la pauta de las actualizaciones, aunque no tiene por qué ser el factor definitivo. En la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO creen que los datos de IPC consolidado de Estadística son los que deben ser tenidos en cuenta, por ser el organismo público de referencia, con independencia de que para algunos grupos profesionales se puedan destinar fondos adicionales para elevar sus salarios, bien porque partan de niveles inferiores, bien porque se haya producido un desfase importante con el sector privado, como ocurre en la Sanidad. Por lo que abogan por un pacto más ambicioso en el que la subida extra no se limite a un porcentaje fijo, sino que sea la diferencia entre el alza salarial y el de los precios.
La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, advierte en conversación con La Información del 'efecto perverso' que podría tener el indexar la actualización de los salarios públicos al comportamiento del IPC en un contexto de decrecimiento económico. "Habrá que sentarse a firmar un nuevo acuerdo que trate muchas otras cuestiones, aparte de la negociación en materia salarial y habrá que tener en cuenta la situación económica en su conjunto, como va el PIB y también el IPC", reflexiona. "Hay veces en la que los precios han subido un 1% y los salarios un 2%, por lo que este cambio no tendría por qué ser positivo" explica para argumentar que existen muchos matices en este aspecto y que no es la primera vez que llegan propuestas en este sentido a la mesa de negociación con el Gobierno.
La subida salarial de 2024 están por aprobar
Las alzas salariales de 2024 recogidas en el Acuerdo Marco para una Administración del SXXI no han sido aprobadas todavía por el Gobierno, que se escuda en que no se han aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya están prorrogados los de 2023 para no efectuar la subida. No obstante, tanto CCOO y UGT como CSIF han reclamado al titular de Función Pública que la aplique antes de desarrollar las nuevas cuentas públicas, como ya hiciera en ocasiones anteriores a través de un real decreto ley. Además del 2% fijo que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, el Ejecutivo tiene pendiente refrendar el segundo 0,5% que viene dado por el comportamiento del PIB, el cual deberá aplicarse con efectos de enero de 2023.
CCOO y UGT han hecho público este martes que el Gobierno se ha comprometido a aprobar la subida salarial del 2% en un próximo real decreto-ley, en lugar de esperar a los PGE para hacerlo. PSOE y Sumar registraron una enmienda al proyecto de ley de medidas para combatir los efectos de la guerra de Ucrania a través de la que podrán aprobar este incremento, ya que se habilita a Hacienda para actualizar las retribuciones de los funcionarios del Estado y hacer efectivo el pago, informa EFE.
