La 'ley rider' empieza a desplegar sus efectos en las arcas públicas. La norma, que obliga a las plataformas digitales a vincular a los repartidores como trabajadores asalariados en el Régimen General y no como autónomos, entró en pleno vigor el 12 de agosto de 2021 y, desde entonces, las empresas han ingresado ya más de 4,6 millones de euros a la Seguridad Social por las cotizaciones que dejaron de pagar al haber tenido a sus empleados como falsos autónomos. Así lo reflejan los datos más recientes a los que ha tenido acceso La Información, que revelan también que el ministro José Luis Escrivá espera un alud de ingresos por esta vía en los próximos meses.
El Gobierno procedió mediante el Real Decreto Ley 9/2021, de 11 de mayo, a incluir una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores para establecer la presunción de laboralidad para aquellos que "presten servicios retribuidos en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital".
De este modo, el Ejecutivo dio por solucionado el problema de los falsos autónomos que proliferan en las plataformas digitales de reparto a domicilio y que zanjó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en una sentencia pionera en la que estableció que la relación entre un repartidor y la empresa Glovo era de naturaleza laboral, por lo que se consideraba al trabajador como falso autónomo. A raíz de ese fallo, el Gobierno negoció con los agentes sociales un cambio normativo que finalmente se tradujo en la traslación al Estatuto de los Trabajadores de la presunción de laboralidad de los riders.
La ley llegaba seis años después de la irrupción de Deliveroo en España y de la fundación de Glovo, tras casi 18.000 falsos autónomos detectados y con medio centenar de condenas acumuladas. Arrancó entonces un proceso promovido desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de la mano de la Inspección, para llevar a cabo una amplia investigación del modelo de contratación de las grandes empresas del sector en todo el territorio (no solo Deliveroo y Glovo, también Uber Eats, Stuart o Amazon están en el punto de mira). Y, tras concluir que sus trabajadores eran falsos autónomos, la autoridad laboral empezó a exigir a las empresas el dinero que debían a la Seguridad Social por las cotizaciones impagadas.
Pues bien, según se desprende del balance más reciente, desde la entrada en vigor de la norma, el 12 de agosto de 2021, hasta la fecha, la Seguridad Social ha finalizado 145 expedientes relativos al encuadramiento de trabajadores en todo tipo de plataformas (no solo de riders), que han dado lugar a la constatación de 2.601 falsos autónomos, 682 mujeres y 1.919 hombres, respecto de los cuales se ha procedido a su encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social. Y en paralelo, se han iniciado procedimientos liquidatarios de cuotas de seguridad social por un valor de más de 4,6 millones de euros (en concreto, 4.606.325,46 euros).
Pero esa es solo la punta del iceberg. Esos 2.600 falsos autónomos detectados en 145 expedientes y los más de cuatro millones y medio de euros recaudados por la Seguridad Social van a crecer exponencialmente en los próximos meses, ya que según detallan desde el departamento que dirige José Luis Escrivá, a 31 de enero de 2022 todavía se encontraban en curso un total de 526 expedientes distribuidos en las distintas inspecciones provinciales, que es más del triple del volumen de expedientes resueltos hasta la fecha, por lo que las cifras tanto de falsos autónomos como de ingresos de cotizaciones impagadas se van a disparar próximamente.
Una deuda millonaria
La cantidad recaudada hasta la fecha, en cualquier caso, es todavía menor. Hay que tener en cuenta que Glovo, Deliveroo y el resto de compañías han acumulado deudas millonarias con la Seguridad Social durante los últimos años de operaciones en España. La primera, dirigida por Óscar Pierre, es la más señalada. Se vio obligada a pagar en diciembre de 2020 un total de 21 millones de euros que correspondían a las deudas hasta el mes de octubre de 2020. A estas habría que sumar las que salgan de las inspecciones laborales que tiene abiertas en prácticamente todas las provincias en las que trabaja. Tal y como queda reflejado en el documento de compraventa de la startup a la alemana Delivery Hero, al que ha tenido acceso La Información, en total tenía iniciadas un total de 28 investigaciones referidas a su nuevo modelo en el que mantiene riders autónomos y no contratados directamente o subcontratados con terceros.
Por su parte, Deliveroo tenía acumulados, según apunta en su memoria anual, un total de 10,5 millones de euros. La compañía británica anunció a mediados del año pasado que abandonaba el mercado español al entender que no existía posibilidad de rentabilizarlo después de haber perdido posiciones frente al resto de sus competidores. El otro gran nombre es Amazon. Sus repartidores no son llamados riders pero también ha estado en el punto de mira de la Inspección de Trabajo por el servicio 'Flex' para autónomos. En total tenía provisionados en su filial de transporte de última milla más de 21 millones a cierre del ejercicio 2020. Es un dinero reservado para "contingencias laborales calificadas como probables por los administradores y sus asesores legales". No asegura que en su totalidad se refieran a estos casos, pero buena parte de esa cantidad va destinado a esto.
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