El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere aprobar cuanto antes la creación del macrofondo público de pensiones. Para ello, ha eliminado algunas de las piedras en el camino que había criticado el sector financiero, como por ejemplo las comisiones o el patrimonio mínimo gestionado por las gestoras que se habían planteado en momentos anteriores de la negociación. De esta forma, el ministro José Luis Escrivá allana el camino para que la aprobación de uno de sus proyectos estrella sea inminente y deja para más adelante, en ordenamientos posteriores, la definición de qué requisitos deberán cumplir las entidades gestoras, así como cuáles serán las comisiones de los productos.
En el borrador que el departamento de Escrivá ha trasladado a los agentes sociales y al que ha tenido acceso este periódico, se menciona que "los planes de pensiones de empleo deben proporcionar a los partícipes el máximo valor de la gestión a los costes más eficientes posibles, dentro de los máximos normativamente establecidos para ello". No obstante, en el documento no aparecen ni el 0,40% ni el 0,50% que sí figuraban en textos anteriores y que obligaban a las gestoras que quisieran ofrecer estos planes a establecer comisiones por debajo de estas cifras. El Gobierno llegó a afirmar que se ofrecerían "productos de ahorro a largo plazo con un coste menor que el actual", algo que no gustó a las gestoras.
Una de las peticiones del sector era que el Gobierno permitiera a gestoras de todos los tamaños optar a la oferta de estos productos. Por ello, desde Inverco, insistían en que no se estableciese un patrimonio mínimo gestionado. Ahora, el Ministerio deja para las licitaciones posteriores los requisitos que tendrán que presentar las gestoras o entidades financieras que quieran participar en el macrofondo público. "Las entidades gestoras se obligan a alcanzar un patrimonio mínimo gestionado por el fondo de pensiones de empleo de promoción pública en los términos que se establezcan en el proceso de selección", detalla el documento.
Este aspecto, sin embargo, puede retrasar la puesta en marcha efectiva del fondo y es que una vez aprobado el marco legal, el Gobierno deberá convocar las licitaciones para que aquellas empresas interesadas se puedan sumar. Será en estas convocatorias donde se fijen los requisitos a cumplir. La administración también se compromete al desarrollo de una plataforma digital única en la que tanto los beneficiarios como los promotores de planes de pensiones de empleo intercambien información, otra condición técnica que puede retrasar la operativa, tal y como admiten fuentes del propio Ministerio de Seguridad Social.
Por otra parte, desde los sindicatos se instaba a Seguridad Social a que las aportaciones de los trabajadores pudieran superar las de sus empleadores. Este es otro de los cambios que incorpora ahora el documento remitido por parte del Ejecutivo. Según el texto, el límite sigue siendo de 8.500 euros anuales, pero el departamento de José Luis Escrivá incorpora unos coeficientes para que el trabajador pueda aumentar su aportación si la de la empresa no alcanza el máximo. Si la empresa aporta 500 euros o menos, el trabajador podrá multiplicar por 2,5 su aportación; si el empleador aporta entre 500,01 y 1.000 euros, el trabajador podrá multiplicar por dos su aportación. En los casos en que la empresa aporte entre 1.000,01 y 1.500 euros, el empleado podrá aportar entre 1.500 y 2.250 euros al multiplicarla por 1,5. Si la aportación es superior a los 1.500, el trabajador podrá igualarla.
El Gobierno se comprometió, en el marco del Plan de Recuperación acordado con la Comisión Europea para la recepción de los fondos europeos, a la "reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones". Así consta en el denominado Componente 30, que hace referencia a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En concreto, la reforma 5 prevé "la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos".
Calendario previsto
Fuentes del Ministerio apuntan a que la aprobación puede ser "inminente" y que podría llegar a finales de este mes o principios de marzo, como muy tarde. El documento pasará en breve por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, por lo que el texto llegará en unas semanas al Consejo de Ministros. El anteproyecto responde a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo para "impulsar, de forma preferente, los sistema sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones" y el calendario que manejaba Escrivá era que el fondo estuviera en marcha en el segundo trimestre de este año.
Si todo avanza según lo previsto, Seguridad Social podría cerrar esta tarea antes de junio, que es el plazo comprometido con Bruselas. En la misma situación se encuentra el nuevo modelo de cotización de los trabajadores autónomos. El ministerio se comprometió a aprobarlo en la primera mitad del año, pero también podría estar listo antes de verano, aunque en este caso las posiciones en la mesa de negociación están todavía muy alejadas. Para el segundo semestre, el departamento de Escrivá deberá abordar con los agentes sociales dos asuntos pendientes relativos a las pensiones. En primer lugar, el destope de las bases máximas de cotización y, en segundo, la ampliación del periodo de cómputo para las pensiones.
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