No hay un resumen escrito, ni un documento cerrado, ni las propuestas se han refrendado entre todos los miembros. El trabajo de los expertos para la reforma fiscal se enquista y el tiempo apremia. El comité designado por el Ministerio de Hacienda para elaborar el Libro Blanco para la reforma fiscal tiene de plazo hasta el próximo 28 de febrero, pero según fuentes del comité, trabajan a contrarreloj para poder consensuar un informe. Los expertos han aumentado el número de reuniones para las próximas semanas y así, poder cerrar los detalles referentes a varios tributos, pero en especial al impuesto de Patrimonio.
La armonización fiscal ha sido uno de los caballos de batalla del comité desde que Hacienda le encomendara revisar el sistema tributario. El impuesto que grava el patrimonio, cedido a las comunidades autónomas, está siendo un quebradero de cabeza para los expertos. Hay que tener en cuenta que sobre este impuesto y sus bonificaciones en la Comunidad de Madrid, donde está bonificado al 100%, se sustentan las críticas a la política tributaria madrileña. Desde Esquerra Republicana o desde Podemos se acusa de cometer dumping fiscal -competencia desleal a través de los impuestos- al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
No obstante, fuentes del comité aseguran que la propuesta de la formación morada, presentada hace una semana, no ha estado ni estará sobre la mesa de los expertos. Podemos plantea un impuesto que no sea bonificable por las comunidades autónomas y con un mínimo exento de un millón de euros, además de una exención por vivienda habitual de 400.000 euros. Así, los patrimonios que estuvieran por encima de estos umbrales estarían gravados por tramos. El primero, de un 2% para los patrimonios a partir del millón de euros, del 2,5% a partir de 10 millones y del 3%, para aquellos de 50 millones de euros. Los patrimonios a partir de 100 millones de euros estarían gravados al 3,5%. Con esta medida, el partido que dirige la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, calcula que se podrían recaudar 10.000 millones de euros.
Una opción que sí han contemplado los expertos es la que planteaba la Generalitat de Catalunya en la propuesta que remitió al comité. En ella, se configuraba un impuesto de Patrimonio con un tramo estatal y otro regional. La primera parte, no bonificable, garantizaba que el impuesto se armonizase en todas las comunidades y, la segunda, dejaba margen a los gobiernos autonómicos para establecer su propia política fiscal. Esta idea se sitúa más en la línea de la voluntad de los expertos, que si bien instan a la armonización fiscal, subrayan que el Gobierno debe consensuar estas decisiones con todas las comunidades autónomas.
La falta de consenso no es nueva en el comité de expertos. De hecho, dos de los catedráticos lo han abandonado antes de concluir con el trabajo. Tanto Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, como Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, decidieron salir del grupo al no encontrar margen para desarrollar sus propuestas, según fuentes del comité. Las divergencias entre los dieciséis miembros han sido constantes, "como no puede ser de otra forma, en un grupo tan numeroso y con carreras profesionales distintas", justifican las mismas fuentes.
La próxima reunión de los expertos tendrá lugar este jueves y se espera que se vayan acercando posturas y se pueda avanzar en la redacción del documento que deben entregar al Ministerio de Hacienda. Según avanzó la ministra María Jesús Montero, la presentación del Libro Blanco al público general será cuestión de días una vez esté en sus manos. A continuación, el nuevo secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, deberá revisar las propuestas de los catedráticos y trabajar en la reforma fiscal diseñada por el Ejecutivo.
Aunque no hay calendario para que el departamento de Montero presente sus conclusiones tras revisar el informe, la intención del Gobierno es la de llevar a cabo la reforma fiscal en 2023, siempre y cuando la economía haya recuperado los niveles previos a la pandemia. Según los cálculos de la Comisión Europea, la recuperación se completará en el último trimestre de este año. Entonces, el Gobierno deberá acometer los cambios fiscales prometidos a Bruselas en el Plan de Recuperación para "modernizar" el sistema tributario y "hacerlo más progresivo y sostenible".
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