El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social abonará una retribución extra de 10,5 euros a los funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) por cada expediente del Ingreso Mínimo Vital correspondiente al ejercicio de 2020 al que consigan dar trámite fuera de su jornada ordinaria durante los próximos dos meses, según ha conocido La Información a partir de fuentes sindicales y ha sido confirmado en fuentes del ministerio. El plan de choque, similar a otro que Seguridad Social ya puso en marcha durante el verano de 2020 (entre junio y septiembre) para agilizar la gestión de las primeras solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, tiene como objetivo desembalsar la bolsa de solicitudes presentadas por potenciales beneficiarios durante el pasado año que aún esperan respuesta por parte del Ministerio.
Fue el propio ministro José Luis Escrivá el que reconoció la pasada semana en una comparecencia en el Senado la incapacidad de los servicios de la Seguridad Social para gestionar la avalancha de 1,2 millones de solicitudes recibidas en el primer año de vigencia del Ingreso Mínimo. Escrivá admitió que a esa fecha las ya saturadas oficinas de la Seguridad Social, apoyadas por el batallón de un millar de interinos incorporados a través de la empresa pública Tragsa, habían logrado tramitar el 75% de las solicitudes recibidas (en concreto, 873.000 expedientes) por lo que aún restaban más de 320.000 solicitudes por responder.
El plan de Seguridad Social pasa por convencer al personal del INSS, singularmente a aquellos funcionarios del ámbito de atención, información y gestión de prestaciones que cuentan ya con experiencia en esos trámites, para que dediquen una parte de su tiempo libre a tramitar solicitudes pendientes del Ingreso Mínimo Vital a cambio de una compensación económica que será de 10,5 euros por expediente resuelto. El Ministerio ha decidido elevar este extra de 7 a 10,5 euros por expediente respecto al 'plan de intensificación' del pasado verano tras la deserción masiva de voluntarios que tuvo lugar entonces por el desequilibrio entre la carga de trabajo extra que implicaba el plan y la retribución obtenida.
"La gente se dio cuenta de que no había simplemente que completar el trámite administrativo sino que había que solicitar información o documentación no presentada a los solicitantes, lo que alargaba muchísimo el cierre del expediente, que era lo que daba derecho al extra salarial. Y acabaron borrándose de la lista", explica una fuente sindical. En esta ocasión, Seguridad Social garantiza que esa información ya está obtenida y volcada en el programa informático que da soporte a la gestión del Ingreso Mínimo de manera que el plan se limita a la tramitación administrativa del expediente para el que se estima una dedicación de media hora.
La ejecución del plan arrancó el pasado 15 de marzo, se prolongará hasta el próximo 15 de mayo y se ha planteado como objetivo eliminar la bolsa de más de 320.000 expedientes que Seguridad Social aún tiene pendientes de resolver. Según la información proporcionada por el ministro Escrivá en el Senado, siete de cada diez solicitudes del Ingreso Mínimo Vital son rechazadas por incumplir alguno de los requisitos, principalmente el umbral de ingresos. El último dato oficial asegura que el número de beneficiarios de la ayuda asciende a 565.000.
Otra señal de alerta de la falta de recursos en Seguridad Social
Desde el sindicato de UGT se considera este segundo plan de intensificación para agilizar la gestión del Ingreso Mínimo Vital como un nuevo parche para cubrir lo que observan como un problema estructural: la falta de recursos de la Seguridad Social para gestionar toda la carga de trabajo que tiene atribuida. El sindicato entiende que la ineficacia de la contratación de 1.050 interinos a través de Tragsa, por un coste que ya rebasa los 12 millones de euros, para llevar al día la gestión del Ingreso Mínimo Vital demuestra que ni es tan sencillo como se pretende hacer ver el trabajo que se realiza desde el Instituto Nacional de Seguridad Social ni son suficientes los recursos disponibles para sacar adelante las atribuciones que tiene encomendadas.
"Se están volcando recursos en la gestión del Ingreso Mínimo Vital y lo que está ocurriendo es que está empeorando el servicio que la Seguridad Social presta a los usuarios en otros ámbitos", denuncian desde la UGT. Señalan que a día de hoy es prácticamente imposible conseguir una cita en alguna de las oficinas de atención al público del INSS para hacer gestiones como solicitar la pensión, obtener un certificado digital o tramitar cualquier otra prestación.
"El ministro habla de robotización, de formación, de potencial el teletrabajo, cuando lo que de verdad se necesita es más personal para dar un respiro a una plantilla que ya está exhausta", remachan. En este sentido, reivindican el cumplimiento del acuerdo que se alcanzó con el anterior equipo de Seguridad Social, con Octavio Granado al frente, para impulsar la creación de una estructura única de gestión, lo que algunos ven como una futura Agencia Estatal de Seguridad Social, para integrar unidades que ahora funcionan como compartimentos estancos, racionalizar el funcionamiento del organismo e incluso abaratar costes de funcionamiento.
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