Absorberá un millón de planes de ahorro de autónomos

Escrivá perfila un gran 'fondo soberano' estatal con ahorros de los trabajadores

El Gobierno aspira a captar más de 100.000 millones de euros en aportaciones para la jubilación hasta 2030 con su 'macrofondo' público de pensiones y a ejercer un control total sobre su política de inversiones.

José Luis Escrivá
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Europa Press

Puestos a regular los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, mejor hacerlo a lo grande. El borrador de anteproyecto de ley circulado a los agentes sociales por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá sienta las bases regulatorias de lo que aspira a ser un gran fondo soberano español, pensado para aglutinar el ahorro complementario para la jubilación de millones de trabajadores y en el que el poder de decisión sobre las inversiones a realizar con los recursos captados recaerá de forma directa e inequívoca en el Gobierno bajo los tradicionales criterios de rentabilidad y riesgo...pero también atendiendo a un parámetro más excepcional en estos instrumentos: el impacto social de las inversiones.

El borrador gubernamental proclama el carácter abierto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, en el sentido de que podrán integrar no sólo los nuevos planes de empleo que se puedan crear en el futuro al calor de las nuevas y mejoradas desgravaciones fiscales habilitadas por el Gobierno sino también los ya existentes, pero al mismo tiempo amarra el control total sobre el destino de los recursos que caigan bajo su radio de acción. El texto regula como máximo órgano de gobierno de los futuros fondos de pensiones públicos a la Comisión Promotora y de Seguimiento, formada de forma exclusiva por altos funcionarios designados por Seguridad Social (y cuyo eventual cese también será de su competencia, por lo que su dependencia será total) y a la que corresponderá tanto la creación de los fondos que se constituyan bajo esta modalidad como la definición de "la estrategia de inversión común de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, que se desarrollará en las normas de funcionamiento de cada fondo de pensiones de promoción pública".

El equipo de Escrivá ha plagado su propuesta de cautelas para blindar que la orientación de las inversiones de los diferentes fondos que se integren en el 'macrofondo' público del Estado respondan a las líneas maestras definidas por el Gobierno. El borrador establece que la estrategia de inversión del fondo deberá constar en una escritura pública y no podrá ser modificada, salvo autorización expresa de la Comisión Promotora controlada por el Ministerio, que además tendrá derecho de veto sobre las propuestas de inversión que se planteen desde la Comisión de Control Especial... ¿Qué es la Comisión de Control Especial? El órgano que gobernará el funcionamiento cotidiano de cada fondo de pensiones público que decida impulsar la Comisión Promotora y que, como adelantó El Periódico de España, estará formada por cuatro representantes sindicales, cuatro representantes de las organizaciones empresariales y nueve representantes del Ministerio de Inclusión, que percibirán una retribución por las funciones que realicen.

"En todo el mundo los planes de pensiones de empleo constituyen un elemento dinamizador destacado de las finanzas sostenibles contribuyendo a financiar las transformaciones energéticas y fomentando la innovación social en aspectos tan relevantes como la vivienda social, los microcréditos o el control de la cadena de suministros", explica el borrador elaborado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en relación a la posibles inversiones que podrá abordar el 'macrofondo' público en el futuro. La relación de ejemplos es reconocible. No se separa demasiado de las prioridades de política económica definidas por el gabinete Sánchez. 

El Gobierno tiene grandes planes para el 'macrofondo' público de pensiones a juzgar por la información que remitió en su día a Bruselas, en el marco de las negociaciones para la definición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la documentación intercambiada con la Comisión Europea el Gobierno subrayaba que los fondos de pensiones de empleo públicos se convertirán en el futuro "en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital", dejando entrever ya las intenciones que alberga el Gobierno para los ahorros que logre captar de los trabajadores en los próximos años.

Un 'brazo inversor' con más de 100.000 millones de euros

En esa misma documentación el Gobierno trasladaba a Bruselas su convicción de que la regulación de estos nuevos instrumentos de inversión, cuyos principales atractivos son unos beneficios fiscales que el Ejecutivo de Sánchez se ha ocupado de mejorar de forma significativa en sus proyectos presupuestarios de 2021 y 2022 - en perjuicio de los de los planes individuales de pensiones - y una comisiones de funcionamiento más bajas que las que aplica el sector privado - con un tope del 0,5%-, servirá para generalizar los planes de pensiones de empleo en España, es decir, los planes de pensiones colectivos que se constituyen en las empresas a modo de retribución complementaria y diferida para sus trabajadores.

Las proyecciones que maneja Seguridad Social estiman que en menos de una década, desde que entre en vigor la normativa hasta 2030, el número de partícipes de planes de pensiones de empleo se incrementará desde los dos millones actuales hasta los 13 millones y que el patrimonio invertido se multiplicará por tres, desde los alrededor de 35.000 millones de euros que hay ahora hasta situarse por encima de los 100.000 millones de euros

El tamaño del 'bazuka' financiero que el Gobierno tendrá en sus manos en los próximos años dependerá, en primer lugar, del cumplimiento de estas ambiciosas previsiones y, después, de que el 'macrofondo' público de pensiones genere la suficiente confianza a trabajadores y empresas como para que le confíen sus ahorros y sus aportaciones. El Gobierno confía en las bajas comisiones de funcionamiento que cobrará a los partícipes para arrebatar a las gestoras privadas los ahorros ya materializados en planes de pensiones de empleo y en el radical replanteamiento que ha hecho de los incentivos fiscales al ahorro previsión para reorientar el ahorro para la jubilación desde los planes individuales a los planes de empleo.

El proyecto de Presupuestos de 2022 da un paso más en esa dirección al plantear la reducción de 2.000 euros a 1.500 euros las aportaciones desgravables en planes de pensiones individuales y la elevación a 8.500 euros de las que se pueden beneficiar de ayuda fiscal si se aporta a un plan de pensiones de empleo. El Gobierno no se limitará a orientar los incentivos fiscales para atraer ahorro a su fondo de pensiones de empleo. El borrador trasladado a los sindicatos prevé también la absorción de alrededor de un millón de planes de ahorro de autónomos, ya que plantea que en un plazo de cinco años deberán optar o bien por integrarse en un fondo de pensiones de empleo o bien convertirse en planes individuales sin ayudas fiscales.

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