El 'macrofondo' de pensiones de gestión pública ingeniado por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para extender el ahorro privado para la jubilación entre una amplia mayoría de trabajadores y cuya formulación apenas sí se ha perfilado en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se convertirá "en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital". Así se recoge en una de las fichas elaboradas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el intercambio previo de información con Bruselas, en el marco de la definición del Plan de Reformas con el que el Ejecutivo deberá acompañar su plan de inversiones para los fondos europeos, a la que ha tenido acceso La Información.
El documento, que forma parte del controvertido 'borrador' en el que se incluía la propuesta de ampliar a 35 los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, detalla los principales objetivos que el Gobierno pretende alcanzar con su ofensiva regulatoria para revisar e impulsar, según la propia definición del documento, los sistemas complementarios de pensiones, que se inició en el proyecto presupuestario con el recorte de los incentivos fiscales a los planes individuales de pensiones en beneficio de los planes de empleo y con el compromiso formal de modificar la regulación vigente para hacer posible el impulso de fondos de pensiones por parte de la Administración Pública.
Seguridad Social entiende que el mero desplazamiento de las ventajas fiscales previstas en el IRPF hacia los planes de pensiones de empleo impulsados desde la negociación colectiva y la puesta en marcha del 'macrofondo' de pensiones de gestión pública que ansía el ministro permitirá en cosa de una década aumentar el número de trabajadores adscritos a estos vehículos de ahorro para la jubilación - hoy infrautilizados respecto a otros países europeos- desde los dos millones actuales hasta los 13 millones en el año 2030 y conseguirá multiplicar por tres el patrimonio invertido en este tipo de fondos de pensiones, en los que según los últimos datos disponibles hay materializados en torno a 35.000 millones de euros.
Las proyecciones que maneja el Gobierno, y que según fuentes del sector del ahorro no sólo se han trasladado al sector sino también a las autoridades europeas, apuntan a que de aquí a 2030 los activos bajo gestión en los fondos constituidos a partir de planes de pensiones de empleo se incrementarán desde el 3% del PIB que suponen en la actualidad hasta el 9% del PIB, holgadamente por encima de los 100.000 millones de euros. El objetivo puede calificarse de muy ambicioso si se tiene en cuenta que desde el año 2014 los activos en planes de pensiones de empleo se han estancado en el entorno de los 30.000-35.000 millones de euros, según reconoce el propio Gobierno en la información preparada para Bruselas.
Un 'fondo soberano' para impulsar la inversión pública
No es ningún secreto que el plan de Escrivá pasa por captar la mayor parte de esos nuevos recursos que entiende que se acumularán en los planes de pensiones de empleo en el momento en que se active el nuevo esquema legal que se pretende poner en marcha. Las pildoritas que en los últimos meses ha ido dejando caer el ministro sobre la futura configuración de este 'macrofondo' de gestión pública apuntan a que aspira a integrar no sólo a los trabajadores que no disponen de un plan de pensiones de empleo en sus empresas y a la autónomos, sino también a planes de pensiones de empleo ya existentes, por la vía de ofrecer unos costes de gestión más reducidos, topados por ley al 0,3% de los activos gestionados, y de regular la libre adscripción de todo trabajador o empresa que quiera ahorrar bajo las condiciones que se establezcan para este fondo público.
El sector del ahorro ha observado desde el primer momento con cierta desconfianza la iniciativa gubernamental. Una reflexión bastante extendida en el sector es que se trata de una maniobra del Gobierno para captar parte del ahorro que hoy se gestiona desde el sector financiero para garantizar la compra de parte de los cientos de miles de millones de euros de deuda pública que las Administraciones Públicas van a tener que colocar en el mercado en los próximos años como consecuencia del incremento exponencial de la misma por la respuesta institucional a la pandemia.
La información elaborada por el Gobierno viene a confirmar estas sospechas al asegurar que los nuevos recursos que se localizarán en el futuro en los planes de pensiones de empleo van a servir para sufragar las inversiones para la transición ecológica y digital, dos iniciativas impulsadas desde el ámbito de lo público. La hoja de ruta que perfila Escrivá en el documento al que ha tenido acceso La Información plantea la futura configuración de un auténtico fondo soberano español a partir de ese 'macrofondo' de pensiones, ya que la acumulación de recursos en los planes de pensiones de empleo no se quedaría en ese 9% del PIB previsto para 2030 sino que llegaría hasta el 18% del PIB en 20140 y hasta el 31% del PIB en 2050.
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