Escrivá tira de decreto en las pensiones y tensa la cuerda con los empresarios

La segunda pata de la reforma de las pensiones se tramitará por la vía rápida, como Real Decreto-ley, para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, esto es, en la fecha en la que España se comprometió a tenerla lista con Bruselas en el marco de su Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. La constatación -como avanzó este jueves el ministro José Luis Escrivá- de que la nueva ley va a pasar directamente del Consejo de Ministros al Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor una vez se publique, ha generado un notable malestar entre los empresarios. 

Las fuentes consultadas aseguran que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no les ha trasladado aún ninguna propuesta en firme o concreta en la Mesa de Diálogo Social, que no han mantenido ninguna reunión formal desde el pasado 12 de septiembre y que en el momento en que se aprueba un Decreto-ley sin una negociación como tal, el Ejecutivo se está saltando a los agentes sociales y al Pacto de Toledo. En aquel encuentro, fue el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, quien mantuvo un encuentro con representantes de sindicatos y patronal.

Una vez que el texto aparezca en el BOE, el Gobierno deberá llevarlo al Congreso para su aprobación o derogación un mes después. Habrá que ver si por entonces el Ejecutivo cuenta con los mismos apoyos que le permitieron sacar adelante la primera parte de la reforma de las pensiones. En diciembre del año pasado, con el apoyo de los socios de Unidas Podemos, del PNV y de ERC, salió adelante el texto que vuelve a ligar el alza de las pensiones al IPC y que derogó el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 para sustituirlo por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). 

Si recibe el visto bueno de la Cámara, la oposición podría decidir tramitarlo como proyecto de ley para tratar de incorporar los cambios que considere oportunos (vía enmiendas). Los empresarios inciden en que la trampa es que, nuevamente, los partidos tendrán que trabajar sobre una ley ya cerrada y aprobada, y dejan claro que nada garantiza que el Ejecutivo no vaya a dilatar los tiempos de tramitación 'sine die'. "Más de una reforma ha salido adelante por los pelos. Si empiezas por el final, te puedes encontrar con problemas", lamentan las fuentes consultadas.  

Desde el departamento que encabeza Escrivá hacen hincapié en que los plazos serían imposibles de cumplir si el texto se tramitase como un proyecto de ley (con dictamen no vinculante de los órganos consultivos y dando opción a los grupos a que incorporen cambios antes de su aprobación) y en que España tiene un compromiso adquirido con Bruselas del que dependen los fondos europeos. Inciden en que la negociación se ha enfocado de forma diferente, pero que no han dejado de mantener conversaciones bilaterales y algunas en conjunto con los sindicatos y empresarios. 

Más aún, aseguran que se puede aprobar un Decreto-ley con lo pactado con los agentes sociales y que recoja "todas las sensibilidades" aunque estén trabajando con discreción para evitar el ruido que suele enturbiar este tipo de negociaciones. Fuentes sindicales próximas a esas conversaciones aseguran que las partes ya eran conscientes de que la nueva ley sería tramitada muy probablemente por esta vía y apuntan que el Gobierno no tiene ya otra opción. Como proyecto de ley no podría publicarse en el BOE antes de final de año. "Es o un Real Decreto-ley o superar el plazo" que se ha comprometido con la Comisión Europea. Coinciden, además, en que la negociación se ha limitado hasta la fecha a "sondeos y contactos bilaterales".

La segunda pata de la reforma de las pensiones incluye la modificación del periodo de cálculo (para adaptarlo a las nuevas carreras laborales y donde se tendrán en cuenta también las lagunas de cotización) o el aumento de las bases de cotización máximas para que los salarios más altos aporten más al Sistema. Un incremento al que, en las próximas décadas, seguiría también y de forma paulatina el de la pensión máxima. Pero, además, Escrivá se plantea aplicar cambios en la jubilación parcial y en la activa, dos modalidades que pueden ayudar a aliviar la presión financiera que soporta actualmente la Seguridad Social y que irá a más las próximas décadas con la jubilación de la generación del 'baby boom'.