Trabajadores sin cobertura: los titubeos de Díaz dejan España a años luz de la UE

"Estas cifras son excepcionales, tremendas, pero la propia Comisión Europea está poniendo el modelo español de ERTE como ejemplo a seguir, porque evitan la destrucción de empleos". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interpretó así, en el día en que le tocó presentar el peor dato mensual de empleo de la historia, el anuncio realizado un día antes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de un fondo europeo de 100.000 millones de euros para financiar fórmulas como los ERTE, que priorizan las suspensiones de contrato, antes que la liquidación definitiva de los puestos de trabajo.

El intento de la ministra por ejemplificar en los ERTE la diligente gestión gubernamental para evitar "que nadie quede atrás", el mantra que ha escogido el Gobierno para su argumentario de crisis, no termina sin embargo de sustentarse en los datos que ofrece su propio Ministerio. Díaz reveló este jueves sin ir más lejos que hasta ese mismo día el Servicio Público de Empleo había reconocido la prestación dispuesta por el Ejecutivo en su primer paquete de medidas económicas a 620.000 afectados por expedientes de ajustes temporales de empleo, una cifra elevada sin duda, pero que según los datos que manejan los agentes sociales y los expertos apenas da cobertura a entre una tercera y una cuarta parte de todos los trabajadores afectados (entre 1,5 y 2 millones según las cifras que se manejan en esos ámbitos).

Ese ratio de cobertura no deja al modelo español especialmente bien parado de la comparación con los desarrollados en los principales países de Europa. Un informe publicado este jueves por Funcas revelaba que Francia, por ejemplo, ya ha garantizado cobertura a todos sus trabajadores afectados por ERTE mientras que en Alemania la cobertura se acerca ya al 50% de los afectados. 

La propia ministra Díaz reconoció en su comparecencia que el Gobierno estaba teniendo dificultades para dar trámite a los ERTE presentados en una tercera parte del territorio nacional por la supuesta falta de colaboración de algunos gobiernos autonómicos, entre los que situó sin citarlos de forma explícita -citó los que sí colaboraban- a Andalucía, Canarias, Extremadura, Región de Murcia y Galicia. Varios de los gobiernos autonómicos señalados manifestaron a lo largo del día su estupor ante la acusación gubernamental...

Dos semanas perdidas

La presunta falta de colaboración institucional de algunos gobiernos autonómicos no es sin embargo el único factor que explica la tardanza en dar trámite a los ERTE presentados por las empresas y, por consiguiente, la demora en reconocer la prestación prometida a los trabajadores afectados. El Ministerio de Trabajo tuvo que renunciar al garantista pero farragoso sistema de control previo por parte de la Autoridad Laboral de los ERTE presentados por las empresas tras constatar la imposibilidad de los servicios regionales de empleo y la del propio Servicio Público Estatal para gestionar la avalancha de expedientes solicitados tras la declaración del 'estado de alarma'.

Durante las dos semanas que siguieron a la regulación inicial de los ERTE por fuerza mayor, miles de expedientes de regulación quedaron embalsados y resultaron finalmente aprobados por silencio administrativo una vez transcurridos los cinco días preceptivos en los que la Autoridad Laboral debía pronunciarse. Ése no fue el único problema. Cada comunidad autónoma reguló un proceso y plazos de resolución diferentes de aprobación de los ERTE y remisión de la información al SEPE, para el reconocimiento de la prestación a los trabajadores afectados, y el proceso de reconocimiento de oficio del que hablaba el Real Decreto no funcionó más que a duras penas por la falta de información sobre los beneficiarios.

Fuentes del ámbito de la gestoría administrativa se quejaban en esos días de que era prácticamente imposible cerrar un expediente de ERTE ante el bloqueo existente en los servicios públicos de empleo. El fiasco del modelo inicial, no sólo a la hora de mantener un cierto control sobre los ERTE presentados sino a la hora de agilizar la percepción de la prestación de cobertura para los afectados, empujó al Gobierno a modificar su propia regulación en el Real Decreto del 31 de marzo y a transigir finalmente hacia un modelo más ágil de control a posteriori.

El nuevo esquema ha agilizado también el reconocimiento de las prestaciones tras desactivar el sistema de reconocimiento de oficio y establecer uno más factible en el que las empresas proporcionan a los servicios públicos toda la información necesaria sobre el trabajador para que la autoridad laboral no tenga más labor que activar la prestación al beneficiario. No ha sido hasta la activación de este sistema cuando la cobertura ideada por el Gobierno se ha hecho realmente efectiva, o al menos de una forma generalizada.

La prueba se encuentra una vez más en los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, que apenas reflejaban al cierre de marzo un repunte de unas 150.000 personas en el registro de demandantes de empleo ocupados en el que se supone que se encuadran los afectados por ERTE. Una cifra muy alejada del número real de trabajadores 'parados' por la suspensión total o parcial de la actividad de sus empresas.