El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha publicado esta semana el listado de conclusiones que extrae tras haber llevado a cabo una revisión para determinar si la normativa española es conforme o no a la Carta Social Europea. Este órgano forma parte del Consejo de Europa y realiza este análisis de forma periódica a cada uno de los estados del continente que han suscrito el citado texto, aunque también puede atender reclamaciones presentadas por asociaciones o grupos de personas como son las presentadas por los sindicatos UGT y CCOO sobre la indemnización por despido improcedente o el control y el pago de las horas extraordinarias.
En el documento consultado por La Información señala 17 cumplimientos y hasta 19 incumplimientos. La mayoría de ellos tienen que ver con que el Gobierno no ha respondido al comité de forma satisfactoria sobre las cuestiones que este le había planteado y, por tanto, no ha actuado en consonancia con la Carta Social Europea. Este ha sido el caso de las preguntas referidas a la remuneración de los trabajadores jóvenes y los que están en prácticas -con relación laboral no como estudiantes- y en especial, en el caso de los menores de 18 años que están en empleos atípicos como es el trabajo parcial, temporal, por cuenta propia, en economía colaborativa o con los denominados 'contratos de cero horas'.
Para llevar a cabo el análisis, el Consejo de Europa solicita a los diferentes estados que le envíen un informe con una serie de puntos detallados. En esta ocasión se iban a estudiar una serie de condiciones dentro del capítulo "niños, familias y migrantes" dentro del marco temporal que iba desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021 y se dio hasta el 31 de diciembre de 2022 como plazo máximo para que los países enviaran dicho informe. España lo presentó con retraso, el 16 de enero de 2023 y dejó sin responder algunas de las cuestiones planteadas. Después, Save the Children, la Confederación Intersindical Galega (CIG), CCOO y UGT registraron sus comentarios en junio de 2023 y el Gobierno respondió a estas observaciones en septiembre.
"Debido a la falta de información, el Comité concluye que la situación de España no es conforme con el apartado 5 del artículo 7 de la Carta" se lee en las conclusiones, es decir, el punto por el que los estados se comprometen a "reconocer el derecho de los trabajadores jóvenes y de los aprendices a un salario equitativo o, en su caso, una retribución adecuada". El órgano del Consejo de Europa construye esta conclusión sobre dos afirmaciones: los salarios de los jóvenes trabajadores no son justos y los subsidios para aprendices (becarios) no son apropiados. Por ello, reclama a España que explique qué medidas ha adoptado para garantizar la aplicación de este derecho y, en concreto, las dirigidas a asegurar este pago justo en los empleos atípicos.
En el documento, el Comité recoge lo ya señalado en las conclusiones de 2019 y dice que pese a anotar cómo ha crecido el salario mínimo interprofesional (SMI) entre el año 2018 y el 2022, concluye que "no se había establecido que el salario mínimo en el sector privado y en el sector público pudiera garantizar un nivel de vida digno en el sentido del apartado 1 del artículo 4 de la Carta" y en consecuencia, "el salario de los trabajadores jóvenes tampoco se considera justo". Es decir, que no estaría asegurado que el salario proporcionase al trabajador y a su familia un nivel de vida "decoroso".
El Consejo de Europa también se detiene a analizar la remuneración que perciben los trabajadores en prácticas y pone en valor el cambio que conllevó la reforma laboral de 2021, por la que se estableció el SMI como el suelo mínimo para estos empleos. No obstante, el comité reprocha que el Gobierno no haya facilitado la información en términos netos y finalmente, considera que "las dietas de los aprendices siguen siendo insuficientes". Asimismo, recoge las notas presentadas por los diferentes sindicatos acerca de estos contratos de "formación en alternancia" o de "formación para la obtención de experiencia profesional" en las que explican que, en estos casos, el SMI se prorratea con base en el tiempo de trabajo efectivo, por lo que tampoco garantizaría un nivel de vida digno, en opinión de los representantes de CIG, COO y UGT.
